Por Eleonora Gosman
Son por casos de desapariciones, que no quedan protegidos por leyes de amnistía.
Brasil parece dispuesto a avanzar en el juicio y castigo de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante los 21 años que duró la dictadura militar (1964-1985). En San Pablo y en Río de Janeiro, el Ministerio Público Federal decidió entablar procesos contra delitos de lesa humanidad como desapariciones y ocultamiento de cadáveres. La justicia brasileña ha preferido calificar esos actos criminales como “permanentes”. Hay una razón específica. Es que en Brasil existió la llamada Ley de Amnistía, promulgada en 1979, y que eximió de responsabilidades a los represores y torturadores que, eventualmente, pudieran ser encausados por delitos cometidos desde 1971 y hasta ese año. Para la desaparición y el asesinato con ausencia de cuerpo, deja de valer ese argumento legal. “Trabajamos con la idea, aceptada por la mayor parte de los países que atravesaron situaciones semejantes sobre que el delito de secuestro y ocultación de cuerpos es permanente, dado que en la medida en que no aparece el cadáver y no se aclara lo ocurrido, el delito no termina de consumarse y no puede por lo tanto beneficiarse de la amnistía por ser posterior a 1979”, explicó un fiscal de Río Grande del Sur.Con ese argumento legal, el Ministerio Público se apresta a conducir a los estrados judiciales a cualquier persona que haya cometido los delitos tipificados, tanto sean civiles como militares y agentes policiales. En Río de Janeiro, se creó la semana pasada el Grupo de Trabajo Justicia y Transición cuyo objetivo es investigar las violaciones de derechos humanos en ese estado y procesar a los autores. Los gobiernos democráticos brasileños intentaron sin mucha suerte quebrar la impunidad que protegió, con la Ley de Amnistía, a torturadores y asesinos uniformados. Eso contribuyó a que dentro de las fuerzas de seguridad y en la relación de éstas con la sociedad, todavía hoy se sientan impunes y actúen como si fueran un estamento separado y superior del resto de la ciudadanía, que en consecuencia les debe rendir pleitesía. Esas son, entre otras, las razones de peso que justifican un cambio radical en la investigación y el castigo de delitos contra la persona, como los crímenes ocurridos durante el régimen dictatorial. Eso involucra también una transformación de la propia justicia. Como admiten los fiscales del Ministerio Público Federal, el temor es a que estalle una polémica jurídica y, por consiguiente, las denuncias y el inicio de las causas no sean aceptadas por los jueces. Sin embargo, los fiscales cuentan con algunas señales de legitimación de la vía encontrada para encausar a los culpables. El Supremo Tribunal Federal dejó trascender que concuerda con la necesidad de dar a los delitos de lesa humanidad un tratamiento diferenciado . Un indicio es un caso de 2009, en que la Corte brasileña aceptó extraditar un militar uruguayo acusado de la desaparición de una decena de personas y el secuestro de un bebé. En esa ocasión fue desechada la defensa del ex coronel, que se basaba justamente en la prescripción de esos delitos.Otro elemento que ayudó a acelerar los pasos para procesar a los criminales de la dictadura, fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Brasil por no haber provisto justicia a las víctimas de violaciones de los derechos, que fueron torturadas y asesinadas en los años 70, en el combate a la Guerrilla de Araguaia, en el sur del estado de Pará. De acuerdo con el diario Estado de Sao Paulo , el grupo de procuradores paulistas comenzó ya a investigar los 156 casos de desaparición forzada ocurridos en este territorio provincial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario