domingo, 18 de marzo de 2012

MILES DE PERUANAS ESTERILIZADAS A LA FUERZA REVIVEN EL HORROR Y PIDEN JUSTICIA


El siniestro programa fue impulsado por Fujimori en los 90. Aún no hay culpables.
Micaela Flores recuerda como si lo acabara de vivir aquel día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cusco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y luego la operaron para dejarla estéril. “Me llevaron adentro jalándome entre dos. ‘Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito’”, le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. “Yo dije, ‘no señora, yo no puedo hacerme eso’... Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia”.Flores es una de unas 2.000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de “planificación familiar” emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996. El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible. Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para la realización de una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso hablar ante la prensa. Asegura que está “evaluando el expediente’’, un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos y sin ninguna asistencia especial. “¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de Salud, la Defensoría del Pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena que nos hagan estas cosas”, dice Flores con tristeza en Lima y antes del estreno del documental “La cicatriz de Paulina”, que aborda el tema de las esterilizaciones forzadas.Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres : tienen documentados 18 casos de mujeres muertas por infecciones tras la esterilización.Los expertos aseguran que este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuesto por un gobierno de que se tiene noticias . Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas de determinados sectores, casi siempre marginales.Alejandra Cárdenas, del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en los 70 en la India. “El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El Estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad”, explicó.Flores pertenece a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilización Forzada de Cusco, que desde hace 15 años vienen luchando para que se castigue a los responsables. El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener. Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no fue investigado por las esterilizaciones. Nadie imaginó el cariz que tomaría el programa.“Esto no fue una decisión espontánea de malos operadores de salud , que de pronto en diferentes zonas del país decidieron implementar este tipo de método anticonceptivo sino que fue algo dirigido y de conocimiento de las más altas autoridades”, afirmó Jeannette Llaja, que impulsa la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.En aquella época, la obstetra Pilar Arce llegó a trabajar a un establecimiento de salud en el interior del país y se sorprendió al saber que debía cumplir una meta de esterilizaciones. “Lo primero que me dijeron es ‘éstas son las metas y hay que cumplirlas. Yo no se cómo tú haces, pero las tienes que cumplir’”, recuerda. Para Llaja, las esterilizaciones forzadas venían cargadas de discriminación no solo porque el programa estuvo dirigido a mujeres sino que ellas eran de los sectores más bajos.A Serafina Illa (48) la esterilizzaron contra su voluntad en 1997 cuando terminó de parir a su séptimo hijo. Al darle el alta le dijeron: “Agradece al gobierno de Fujimori que les ha hecho (operar) para que no estén teniendo hijos como chancho, como conejo”.

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