El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni habla de todo. La condena a Garzón, reforma constitucional, minería, la tragedia de Once y su última obsesión: “La Pachamama y el humano”.
Por Franco Mizrahi
El ministro de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni es un hombre de mundo. Y sobran los argumentos para sostener la afirmación: no sólo es reconocido internacionalmente –hasta el periodista Víctor Hugo Morales lo definió como “el Messi de la Justicia”– y viaja para dar conferencias por diversos continentes sino que hasta se animó a publicar el libro La Pachamama y el humano, donde vuelca sus preocupaciones sobre el futuro del hombre en la Tierra. “En definitiva, me pregunto sobre el destino de la humanidad. ¿Qué somos: una manifestación superior o el cáncer del planeta?”, explicó Zaffaroni a Veintitrés, apenas horas después de aterrizar en el país tras un viaje de trabajo.–¿Pero cómo vinculó la Pachamama con una discusión teórica sobre el derecho?–En derecho penal, hay una discusión teórica sobre el bien jurídico. En realidad, es un tema central de la discusión de toda la vida. Uno de los puntos donde se pone en crisis el bien jurídico es el delito de maltratamiento de animales. Ahí se plantea si hay titulares de bien jurídico que no son seres humanos. Hace mucho que estaba juntando material para eso. Lo sorprendente es que, de pronto, las constituciones de Bolivia y Ecuador, invocando la tradición ancestral latinoamericana, agregaron a su letra que hay una relación de paridad con la naturaleza, que no somos los únicos titulares del bien jurídico. En tanto que, en el mundo central, también hay científicos que afirman que somos parte de la naturaleza. Fue esta coincidencia que se está produciendo en el mundo la que me impulsó a escribir el libro.–¿Los derechos de la naturaleza hoy son aplicables en la Argentina?–No sería inconstitucional plantearlo. Sería bueno que lo repensáramos en caso de reforma constitucional, no hablo en coyuntura. Porque esta coincidencia de cosmovisión central y periférica-colonizada nos está diciendo algo. La amenaza de supervivencia de la vida humana en el planeta es cierta.–¿El debate de la minería a cielo abierto entra en este esquema?–Esos conflictos tienen que tener un tratamiento especializado nacional. Quizá debamos crear un tribunal administrativo federal o un fuero especial. Hay que tomar conciencia de que estas cosas son el comienzo de un problema que seguirá a lo largo del siglo. Son conflictos que no se pueden resolver sin conocimiento técnico. Ni el ecologismo radical, que dice que todo contamina, ni el interés económico, que dice que no contamina nada, son buenos parámetros. Hay que ver hasta qué punto estamos violando la naturaleza y hasta qué punto vivimos de ella. De momento, estamos como podemos pero hay que pensar con cierta urgencia en un cuerpo especializado. Es la gran materia de este siglo, que puede ser el último si no nos cuidamos. El problema es serio. Además, el mismo deterioro del planeta genera conflictos políticos y bélicos.–¿Es necesaria una reforma constitucional para incorporar los nuevos temas del siglo XXI?–Si respondo, lo van a deformar por cualquier lado y me van a salir con lo de la re-reelección. Si podemos obviar lo coyuntural, cosa que sé que políticamente es difícil, creo que tenemos que sentarnos a repensar nuestra institucionalización. Sobre todo cuando no tenemos una crisis que nos obliga.–Como sucedió en 1994.–Esa reforma se quedó a mitad de camino en muchas cosas, creó problemas por dejar instituciones sin pergeñar bien. Tenemos una Constitución escrita y rígida y no es fácil hacer una reforma, se necesita un acuerdo político para ello. Fuera de toda premura y coyuntura, tendríamos que sentarnos a pensarla.–En estos meses, también presentó su libro La cuestión criminal. ¿Es una síntesis de su obra La palabra de los muertos, con un lenguaje más coloquial?–Sí. En realidad creo que el primer libro me salió mal porque quise hacer el segundo. La cuestión criminal está explicado más coloquialmente, usando un gancho irónico y tiene los dibujos de Rep. Allí sostengo que la academia se queda encerrada en los cubículos mientras el común de las personas tiene una vivencia de la cuestión criminal y de la violencia social que la obtiene de los medios de comunicación, una especie de criminología mediática que no tiene nada que ver con lo que pensamos de lo académico. Pero hay que tener cuidado porque esa vivencia de la gente se le impone al político, que hace las leyes. Y la realidad es otra. Para acceder a ella, intenté que los muertos hablaran y observé que el poder punitivo, cuando se descontrola, es el primer homicida. Produce más muertos que la guerra. Contra eso, lo que propongo es una criminología cautelar. Es decir, contengamos al poder punitivo.–Cambio radicalmente de tema, ¿cuál es su visión de la tragedia de Once?–No puedo abrir un juicio sobre eso porque, como todo lo que sucede en el país, puede llegar algún día a la Corte. Pero fue una tragedia incomprensible, una tragedia idiota. No puedo pensar que un tren no pare al llegar a la estación. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede suceder eso?–¿Considera que la tragedia puede oficiar de disparador para cambiar la estructura ferroviaria del país?–No lo sé. Pero en el país tenemos un desastre en estructura de transporte. Lo que se hizo en la década del ’90 fue suicida, resultado de eso es que hoy mandamos por carretera toda la carga y todo el transporte de pasajeros y estamos introduciendo cada vez más autos. Nos vamos a matar todos. Hoy tenemos que construir todo el sistema ferroviario, no sólo suburbano sino en el país. Tenemos que repensar eso. Implica una inversión fuerte, que hace a la infraestructura económica del país.–¿Estaría de acuerdo con una estatización de los servicios públicos del transporte?–No lo tengo claro. Lo que sí sé es que no se lo puede tratar con un criterio meramente economicista. El transporte tiene que tener subvenciones y participación estatal, de alguna forma. Hay cosas que no son rentables pero dan como ganancia el desarrollo de una región. Es elemental. Habría que ver qué es lo que más conviene.–¿Y cómo analiza la quita de los subsidios?–Más allá de las dificultades de carácter práctico o situaciones de injusticia que puedan plantearse y que tendrán que resolverse, no podemos estar subsidiando a quien tiene dinero para pagar el costo del servicio. No me pueden subsidiar la electricidad a mí. No estoy en la misma situación que el que está en la villa.–Le pregunto por un tema que no debiera llegar a la Corte: el reclamo por Malvinas.–Es un problema interno de los ingleses. Como toda Europa, Inglaterra está viviendo un momento de crisis y tenía que distraer la atención, por lo que inventaron que íbamos a hacer una guerra en Malvinas. Una cosa totalmente absurda. La única vía para reconquistar las islas es la diplomática, sabiendo que su aplicación eficaz depende, como todo el derecho internacional público, de circunstancias de política mundial. Hay que mantener los argumentos jurídicos, apelar a los organismos en que tenemos representación y algún día algo pasará.–Hablando de cuestiones mundiales. Baltasar Garzón fue uno de los jueces que juzgó a los genocidas argentinos cuando aquí regía la impunidad. ¿Qué opina de la reciente decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitarlo por 11 años?–Desde el punto de vista jurídico, aplicaron un tipo de prevaricato que a mi juicio es inconstitucional porque es un tipo difuso, si alguien me dice qué es una “sentencia injusta”, se lo agradezco. Segundo: el Tribunal Supremo juzga en instancia única un delito, no una remoción; imagínese lo que pasaría en la Argentina si juzgásemos en instancia única en materia penal a los jueces: cada vez que no nos gusta lo que hace un juez, lo condenamos. Aquí, las remociones las determina el Consejo de la Magistratura. Allá, en cambio, lo juzga el Supremo, un tribunal que no es imparcial porque es el mismo que decide si las sentencias de los jueces son conforme a derecho, y el derecho no es unívoco. Yo puedo hasta estar de acuerdo en que a Garzón se le fue la mano por disponer ciertas escuchas, pero qué hubiéramos hecho en la Argentina: hubiéramos nulificado, revocado la sentencia, hasta hubiéramos ordenado extraer del expediente las fojas y listo. Como máximo hubiésemos dispuesto un llamado de atención al juez. Esta sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta para que pueda pasarle a cualquier juez. Si yo fuera juez en España tendría mucho miedo.–¿Considera que esta decisión sirve para no revisar los crímenes del franquismo?–Es muy llamativo lo que sucedió. Puedo pensar que estuvo vinculado al franquismo aunque yo más bien me inclino por otra cosa: en toda corporación, y sobre todo si se ve la actitud corporativa del Supremo español, un tipo como Garzón molesta internamente, perturba el funcionamiento burocrático de la corporación. Una cosa es revocar una sentencia y otra condenar al juez como delincuente. Mire si tuviéramos ese poder nosotros. Una locura.
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