lunes, 12 de marzo de 2012

UN BARCO CON CHICOS A LA DERIVA


La política social del macrismo. Casa Puerto, una institución de la Ciudad de Buenos Aires que alberga adolescentes con problemas de adicción a las drogas, está siendo vaciada.
Por Exequiel Siddig
Un psicólogo cobra 3.000 pesos: “No queremos dispositivos pobres para pibes pobres”. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin ART, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin (reconocimiento de) antigüedad laboral. Con $2.200 no está bueno Buenos Aires.” En Curapaligüe y avenida Directorio, así interpela a los vecinos uno de los tantos carteles pegados a las puertas de Casa Puerto. El hogar de niños y adolescentes con problemas de adicciones a las drogas ubicado en el barrio de Caballito está siendo ahogado por la propia administración gubernamental. Los contratados están sin cobrar desde enero último. Varios trabajadores citaron que puntualmente desde hace cinco años que los retardos en el pago son una fija. “Aunque seguimos poniendo el lomo como siempre, es difícil tener una intervención copada con los pibes si cargás con tal grado de malestar”, dice Gastón Siquier, psicólogo de la entidad. “Esta política degrada las tareas. Estamos laburando con pibes muy golpeados. Después es muy fácil salir a decir que son pibes chorros y a pedir mano dura.”A raíz de la devolución del subte porteño al Estado nacional, justamente esta semana Macri hizo gala de su clasismo y xenofobia. “Los pungas siguen haciéndose una fiesta en el subte.” Es difícil tener una mirada cristiana cuando uno es el robado, “pero del jefe de Gobierno se esperaría otro grado de responsabilidad política respecto de esos pungas. Muchas veces son los chicos que vienen a parar a este tipo de casas. No queremos más dispositivos pobres para pibes pobres”.En Casa Puerto trabajan 30 personas, cinco son psicólogos, que tienen un régimen laboral de 25 horas semanales más guardias pasivas rotativas. Al contrario del “dialoguismo” que publicita el Gobierno porteño sobre sí mismo, en 2012, por primera vez en cinco años, los trabajadores de Casa Puerto fueron recibidos por la jefa del Ministerio. Justamente en Carolina Stanley, que asumió reemplazando a Vidal, están cifradas las expectativas de una mejora en las condiciones de trabajo.“No estamos dispuestos a llevar adelante cualquier política pública”, cifró Siquier, que está desde la apertura de Casa Puerto, en marzo de 2007. “Nuestra ética profesional es muy anterior. No es lo mismo trabajar con pibes internados que en la prevención de los problemas de drogas. Además, hay una descoordinación de los demasiados espacios que tratan la temática de las adicciones, lo que favorece la anarquía y la ineficiencia de los tratamientos. En Casa Puerto, no tenemos vínculos con Prevención, y ellos tampoco tienen vínculos con los Centros Integrales de Atención Comunitaria, los Ciac.”Consultado por Miradas al Sur, Jorge Selser, médico y legislador porteño por Proyecto Sur, concluyó que la gestión de Macri se caracteriza “por el abandono de programas de promoción social y de salud pública. Lamentablemente no me extraña. El Programa de Atención Comunitaria que funcionaba en el Centro de Salud Mental y Acción Comunitaria Nº 1 fue trasladado al Hospital Tobar García. Esto generó más vulnerabilidad a la población asistida, cuanto menos porque fue rota la relación médico-paciente”.En Casa Puerto, consignan que la alta rotación por renuncia es uno de los numerosos problemas que acarrea lo que consideran como “fraude laboral” del Gobierno porteño. La política de desarrollo social de Macri de ese modo separa los derechos de los niños de los derechos de los trabajadores que los atienden. Entre diciembre de 2007 y mayo de 2011, durante la gestión de María Eugenia Vidal, renunciaron 1.300 trabajadores. En un ministerio que cuenta con alrededor de 5.000 trabajadores, eso constituye más del 25% en menos de tres años y medio. Si al principio de su gestión, el macrismo no pudo sacar a 2.400 empleados por considerarlos “ñoquis”, lo que lo llevó a negociar una tregua con el principal sindicato estatal porteño Sutecba, las nuevas formas de precarización laboral hicieron que el goteo fuese un torrente de renunciantes. “Para colmo, no hay altas por baja. Si se cae un contrato se tardan años en cubrir ese puesto”, dice Siquier.
Convenios inconvenientes.
A principios de 2011, algunos contratados fueron rubricados como planta permanente dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, no se los ubicó bajo el sistema de “carrera profesional” dentro de la burocracia estatal, lo que determina que no estén categorizados y el patrón que fija los honorarios está sujeto al arbitrio de quien designa el cargo. Mientras en Casa Puerto un psicólogo de planta permanente gana 4.400 pesos y uno contratado para realizar iguales funciones gana 3.000, un colega del Ministerio de Salud gana 6.000 pesos por ejercer tareas similares. Lo que exigen es que “se respete el principio constitucional: a igual tarea, igual salario”.El Estado porteño incurre en una manía que roza la legalidad y a la que echan mano tal vez todas las jurisdiccones del país. Para seguir en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, un delegado sindical asegura que “el 70% de quienes trabajan en la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones lo hacen en negro”.“La paradoja del macrismo en materia laboral –aporta Mariano Skliar, secretario general de la Junta Interna de Promoción Social de ATE, Asociación Trabajadores del Estado– es que por un lado dice que nos pasa a planta permanente (cuando en realidad es una conquista nuestra), pero por el otro profundiza e inventa nuevas formas de precarización laboral. Así se debilitan los propios programas de política pública, porque esta forma de contratación con sueldos tan bajos implica un grado de rotación muy alto. Entonces, vos tenés un niño alojado en un hogar que cuando hace referencia con un operador se va.”El macrismo ha establecido virtualmente un kiosco de la tercerización. “El Gobierno deposita el dinero a la ONG, que está encargada de pagar los sueldos. No sabemos si lo que recibe la institución es lo convenido para el trabajador. Hay gente trabajando por un convenio del Gobierno con la Universidad de Tres de Febrero que nunca pisaron la universidad”, dice Skliar.
Oenegeismo de billetera.
Durante el I Congreso Internacional de Políticas Públicas en Adicciones en noviembre de 2010, la entonces ministra Vidal confesó el último número de ONG que trabajaban con o para el Estado porteño. “Desde el ministerio –dijo Vidal– creamos la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones desde donde conformamos una red social e institucional de la cual forman parte el conjunto de los organismos del Gobierno y 205 instituciones privadas y organizaciones sociales y comunitarias de la Ciudad.”El macrismo se jacta de hacer intervenir a la sociedad civil en la política pública, pero la oposición lo acusa habitualmente de ser parte de una mascarada que vacía las políticas sociales. “Macri ha privatizado la salud mental a través de organizaciones sociales que muchas veces no son las más idóneas. Por ejemplo, hay ONG que están ligadas a instituciones religiosas que no están capacitadas”, sostiene el diputado Selser.¿Por qué el macrismo tercerizó la política a través de estas instituciones? “Por la ideología perversa de su política: ¿quién va a criticar a las ONG?”, responde Selser con otra pregunta. “Es lo que pasó con el comedor de Margarita Barrientos en Los Piletones. Pienso muy bien de Barrientos, pero una cosa es atender un comedor y otra es brindar atención a chicos con problemas de salud mental. Hay un abismo.”
Garrotes y curitas.
“El macrismo está apostando, en contra de la Convención de los Derechos del Niño –consagrada en la Constitución–, a la atención de la emergencia y no a las políticas de promoción, protección y prevención ni al fortalecimiento de la revinculación familiar”, asegura Skliar. Atiende el caso cuando ya es grave. “Son los desalojos del propio macrismo, sin brindar alternativa habitacional, los que echan a la gente a la calle y después van a atenderlas con una frazadita y un paquete de vainillas.”Se calcula que hay en la Ciudad 600 chicos y chicas alojados en las 39 ONG contratadas por la Dirección General de Niñez y en el único Hogar público, Nuestra Señora del Valle. “En la Comuna 8 de Villas Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo hay sólo tres operadores sociales para los tres barrios. Los compañeros hacen un trabajo extraordinario, pero es imposible dar abasto a la demanda. Recién cuando el pibe llega con adicción al paco hay alguna respuesta.”Skliar señala que el problema es el diseño de política social púiblica. “La institucionalización de los pibes funciona porque es un negocio. Hay una nomenclatura detestable. Cada pibe cotiza en un hogar cierta guita. Y un poco más si tiene problemas psiquiátricos. Y otro poco si es discapacitado. Y otro más si tiene HIV. Es perverso.”.

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