Por Laureano Barrera y Raúl Arcomano
Todos los años, el Comité provincial Contra la Tortura (CCT) denuncia –en minuciosos informes– el aumento escandaloso de las muertes violentas dentro de los penales bonaerenses. En 2009, murieron 117 personas. En 2010, fueron 133 presos los que perdieron la vida dentro de las penitenciarías: uno cada 65 horas. Desde enero hasta octubre de 2011 las muertes fueron 90, según los datos provisorios del CCT. Sin embargo, no hay antecedentes de lo que pasó la semana pasada por la mañana en la Unidad 46 de San Martín: cinco guardiacárceles mataron a golpes de puño y patadas a un interno, Patricio Barros Cisnero, a la vista de su novia embarazada de cuatro meses que estaba de visita. El motivo de la paliza mortal no fue un intento de motín ni una amenaza: Barros Cisnero se quejó porque no le daban un cuarto para que pudiera tener un encuentro íntimo con su novia.La reacción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no sorprendió a nadie: informó que la víctima se había suicidado golpeándose “la cabeza contra las rejas”. Cuando lo supo, el secretario de ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, se presentó en la cárcel y recogió testimonios. Después, una investigación precisa del fiscal Carlos Insaurralde terminó por desarmar la fábula oficial: además del relato de su novia, que vio cómo un grupo de penitenciarios le pegaba en el piso mientras el recluso largaba espuma por la boca –le habían tirado gas pimienta–, la autopsia reveló los golpes y el testimonio de otros tres detenidos los corroboraron. Fueron tan cortas las patas de la mentira, que el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Blas Casal, ex penitenciario, tomó una decisión inédita: separar a la cúpula de la unidad y a los cinco agentes que habrían participado del asesinato.Las cárceles del complejo penitenciario de San Martín –que comprende las unidades 46, 47 y 48– son en la actualidad las más feroces. “Hoy por hoy son las más paradigmáticas porque son las más denunciadas, pero ahí hay un problema más grave: en la jurisdicción hay denuncias de gatillo fácil, torturas y muertes por grandes negocios y narcotráfico. Pero otras, como Sierra Chica, por ejemplo, siguen siendo un holocausto”, dice a Miradas al Sur Azucena Racosta, coordinadora del colectivo La Cantora, que hace veinte años comenzó con un proyecto de comunicación con los internos y luego se fue diversificando. “En algunos penales lejanos, difíciles de llegar, sólo muy pocos organismos sabemos qué pasa”, dice Racosta. Y advierte sobre las mutaciones de esos páramos con la industria del encierro. “No sólo destruyen la vida de las personas detenidas, también destruyen la cultura de los pueblos rurales, porque pasan a tener una cultura tumbera porque allí viven los penitenciarios. Chicos que antes trabajaban en el campo, hoy, en vez de estar cuidando animales, están cuidando personas. Con la misma rudeza y la misma violencia”.El gobernador Daniel Scioli recibe un informe trimestral que lo informa sobre esta situación. Así lo establece la ley que regula el Banco de Torturas, creado en 2000 bajo la órbita de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires. El último informe, de diciembre de 2011, señala que se hicieron 223 denuncias por torturas o tratos crueles en cárceles y comisarías de la provincia. De ese total, 67 fueron a menores de edad, la mayoría torturados en seccionales policiales. En cuanto a las denuncias contra el SPB, las jurisdicciones más denunciadas durante el último trimestre son San Nicolás (23 denuncias), Mar del Plata (15), Morón (14), Trenque Lauquen (8) y Bahía Blanca (5). Las denuncias más graves recibidas por la Defensoría hablan de submarino seco (bolsa de náilon en la cabeza) y la “introducción de un cepillo en el ano”, ambos hechos ocurridos en Sierra Chica. Tortura con picana eléctrica en la Unidad 44, de Batán; un interno al que mantuvieron esposado por 24 horas en la guardia de la Unidad 11, de Baradero, porque se negó a trabajar juntando papeles por problemas en la cintura; y la tortura inflingida en la Unidad 7, de Azul, desnudando al interno y manteniéndolo varias horas en las celdas de aislamiento.Las estadísticas de la Defensoría de Casación brindan una radiografía histórica de la tortura: desde su creación hasta diciembre de 2011 se contabilizaron 7255 denuncias de torturas. Alrededor del 60 por ciento se registraron en comisarías, mientras que el 30 por ciento restante en cárceles. La tercera parte de esos posibles delitos no fue denunciado por las víctimas: son confiadas al oído a defensores o fiscales. Durante la década de funcionamiento del registro, los departamentos judiciales cuyas cárceles fueron más denunciadas son San Nicolás (540 denuncias), Morón (430), San Isidro (295) y Azul (258). Mario Coriolano es el defensor principal de esa área del Ministerio Público. No respondió las consultas de este diario.Roberto Cipriano García es el director del CCT que, desde 2005 a la fecha, confeccionó 15.500 expedientes por vulneración de derechos a detenidos. Los últimos datos del comité –a los que accedió Miradas al Sur– señalan que entre enero y octubre de 2011 se presentaron 1233 “acciones urgentes”, que incluyen hábeas corpus y pedidos de informes por hechos ocurridos en 50 cárceles, 17 comisarías y 10 institutos de menores de toda la provincia. Durante 2010 se iniciaron 2667 causas penales por delitos cometidos por agentes de fuerzas de seguridad. De ellas, 2089 fueron caratuladas como apremios ilegales, un delito con penas menores a seis años. Sólo nueve causas fueron catalogadas como torturas, con penas de 8 a 25 años. Tres de ellas, sin embargo, ya fueron archivadas. Una de las pocas causas por apremios que en noviembre de 2010 llegó a juicio fue suspendida: al oír los primeros dos testimonios, la jueza correccional consideró que el delito contra el preso Fabián Sampietro era torturas, y mandó la causa a un tribunal oral. Aún no hay fecha de juicio.Consultado por Miradas al Sur, García confirmó que en la provincia de Buenos Aires se siguen incrementando los casos de torturas. “Es una práctica sistemática en el SPB y también de la policía bonaerense. Existen patrones estructurales de violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esto además se fosiliza por la ineficacia de la Justicia para controlar y sancionar a los responsables y la insuficiencia de mecanismos de prevención”. Para García, no hay espacios de “no tortura”. “Con distintas modalidades y frecuencias –dice–, la tortura existe en cada lugar de detención.”¿De qué se habla cuando se dice torturas? Del submarino seco o húmedo. De picana eléctrica. De palazos con bastones de madera o goma maciza. De golpizas reiteradas: patadas, piñas, plaf plaf –cachetazos en los oídos con las manos abiertas, una práctica que puede producir sangrado de los oídos–. Las duchas o manguerazos de agua helada. Los pata pata, cuando a los detenidos les pegan en los tobillos o en las plantas de los pies, lo que les impide caminar durante días. El aislamiento como castigo y los traslados constantes. Después de torturado, el detenido suele ser alojado en una celda de castigo. Muchas veces los presos se curan solos. Si tiene suerte o está muy grave, accederá a la enfermería. “Médicos y enfermeros omiten cumplir con sus juramentos éticos y legales siendo funcionales a este patrón estructural de la tortura y la violencia penitenciaria”, agrega García. “La violencia es fundamental para someter a detenidos que soportan hambre, falta de medicamentos, robo de sus pertenencias y vejaciones de todo tipo. Y la represión es la única respuesta de los agentes frente a los conflictos”, explica. La totalidad de hechos violentos ocurridos durante el 2010 provocó lesiones en al menos 5.179 detenidos: pérdida de audición, de la vista, piernas y brazos quebrados, incapacidades de diverso tipo.Fallan el Estado provincial y la Justicia porque no suele haber condenas ni sanciones por los delitos de torturas y malos tratos. “Es una clara señal de encubrimiento institucional: no se reconoce que existan estos hechos, ni siquiera un caso donde un guardia haya golpeado o torturado a un detenido”, denuncia García. Y reclama decisión política para avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad. Para los militantes de La Cantora, la situación es aún más grave: “Hay una connivencia exasperante entre la Justicia y los penitenciarios. El SPB es una mafia con muchísimo poder. Y el gobierno bonaerense ha decidido no tocarlo.”.
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