"QUE TENGA JUSTICIA"

A diez años del hecho, en Tucumán se juzga a los trece acusados de integrar las redes que la esclavizaron. Los cambios que originó la lucha de Susana Trimarco, la madre. Las expectativas en el tribunal.

Trata: el juicio por Marita Verón.

Por Tomás Eliaschev

Fue una década de una búsqueda desesperada, encabezada por una mujer que se rebeló contra el destino. Movió cielo y tierra para encontrar a su hija, secuestrada por una red de trata. Y aunque Susana Trimarco todavía no pudo dar con María de los Ángeles Verón, Marita, su lucha generó cambios concretos en el tratamiento del tráfico más ruin imaginable: la compra y venta de personas. Y su hija se convirtió en un símbolo de la pelea. En estos años, Trimarco rescató a otras 129 chicas que estaban en condiciones de esclavitud, víctimas de proxenetas. Su impulso, la fuerza y la constancia que puso en su búsqueda y sus denuncias, originaron que en 2008 se aprobase la Ley de Trata, que se crearan organismos públicos específicos y que se prohibiera el Rubro 59, un clásico de los diarios de mayor tirada, donde los tratantes podían promocionar los “servicios” de aquellas mujeres que habían reducido a servidumbre. La lucha de esta madre, como las de tantas otras en nuestro país, ha marcado un hito. Con el comienzo del juicio oral contra 13 de los sospechosos, el tema vuelve al centro del debate público, porque pese a la gran proyección que alcanzó Trimarco y a los cambios que se produjeron a nivel oficial, el drama sigue vigente.“A ustedes que son hombres les pido que no vayan a los prostíbulos. Sin clientes no hay trata”, dijo Susana Trimarco al llegar al Palacio de Tribunales de Tucumán, el 8 de febrero, cuando se inició el juicio que lleva adelante la Sala 2 de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, conformada por Alberto César Piedrabuena (presidente), Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano. Al hablar ante los medios de comunicación, rodeada de quienes la acompañaron en una masiva marcha, la mujer dijo que sólo la muerte la frenará.“Ella tiene que aparecer y por eso voy a seguir trabajando hasta que suceda, porque sólo la muerte me va a detener en la búsqueda de mi hija. Hoy sólo pido que Dios ilumine la mente y los corazones de los jueces, para que Marita tenga justicia”, señaló la mujer que inspiró la novela de televisión Vidas robadas, una de las más vistas de 2008. Luego explicó que su hija “fue atrapada por esta red de trata de personas para la explotación sexual y la pista más firme está en La Rioja. La tuvieron privada de la libertad y luego la hicieron desparecer”, y destacó que “hay chicas que la vieron, durmieron y estuvieron con ella, por lo que sus testimonios en este juicio serán importantes”.La nieta de Trimarco, Micaela, escribió también un emotivo texto público para que los jueces la dejen entrar a la sala donde se desarrollarán las audiencias. “Tenía tres años cuando mi madre fue secuestrada; no recuerdo su despedida porque nadie sabía que no la volvería a ver”, manifiesta la chica, que hoy tiene 13 años. “He acompañado a mis abuelos en todas sus búsquedas y excavaciones; he escuchado los insultos y las palabras de aliento; he llorado en soledad o con mis abuelos al lado. En esta lucha mi abuelo falleció y creo que debo estar en su lugar y en lugar de mi madre en esa sala; ellos querrían que fuese así. Hemos pasado todos los infiernos, pero no tengo ni tenemos miedo. Puedo escuchar todas las cosas que se digan sobre mi madre o mi familia, y quiero estar presente con mi silencio o mi respeto; es una oportunidad que no sé si se repetirá, pero es quizá cuando la justicia se encuentre con la verdad, cuando más cerca estaré de haber encontrado a mi madre, y esa esperanza sólo la puedo encontrar en esa sala con ustedes”, escribió, siguiendo el valiente ejemplo de su abuela. Sin embargo, los jueces optaron por no dejarla ingresar.Se estima que las audiencias durarán cuatro meses: hay 155 testigos y trece imputados, que llegaron libres al juicio. Son siete hombres y seis mujeres: Humberto Juan Derobertis, Víctor Ángel Rivero, Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, José Fernando Gómez, José Gómez, Gonzalo Gómez, Carlos Luna; Daniela Natalia Milhein, María Jesús Rivero, Lidia Irma Medina, María Azucena Márquez, Mariana Natalia Bustos y Cintia Paola Gaitán.Uno de los imputados da testimonio por sí mismo de los vínculos del crimen organizado con la policía. Andrada era policía de La Rioja y trabajaba de custodio en el burdel donde estuvo secuestrada Marita. A todos se los acusa de “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción de la prostitución”, pero no se los juzga en virtud de la ley 26.364 de Trata de Personas, Prevención y asistencia a sus víctimas, porque fue sancionada en 2008.La reconstrucción de los hechos que hace la querella indica que el 3 de abril de 2002, Marita –que tenía 23 años en ese entonces– salió de su casa, en San Miguel de Tucumán, rumbo a la maternidad de esa ciudad: una vecina le había conseguido un turno para realizarse una ecografía. En ese lapso, fue secuestrada: le pegaron y la subieron a un auto con vidrios polarizados. Posteriormente, fue llevada a una orgía donde la obligaron a consumir drogas. Logró escapar o la soltaron. Varios testigos la vieron confundida, deambulando. Dieron aviso a la policía y un patrullero la llevó hasta la terminal de micros: terminó cautiva en distintos burdeles, hasta que su rastro se pierde. La investigación revela la existencia de una red de burdeles que funcionan, con complicidad policial, en las provincias de Santa Cruz, La Rioja y Tucumán.El abogado Carlos Varela Álvarez, uno de los cuatro letrados que representa a los familiares de Marita, en diálogo con Veintitrés afirmó que aspiran a “condenar a los imputados”, pero que “no alcanza para encontrarla, viva o no”. La búsqueda de Marita se cerró en diciembre de 2004. “Debemos seguir adelante, por eso queremos un segundo juicio, quedaron muchos sospechosos en el camino. Tenemos que seguir buscando. Los imputados son 13, pero deben ser investigadas otras personas. Algunos de los que integraron estas bandas no han sido llamados a declarar. Se trata de un secuestro, el delito no prescribe mientras el cuerpo no aparezca”, explicó el letrado, minutos antes de entrar a la misa en honor a Marita, que se realizó el día previo al inicio del juicio, en la iglesia Señora de la Merced, en la capital tucumana.–¿Qué expectativa tienen ante este juicio que comienza?–Que condenen a las personas imputadas, son responsables. Son dos bandas. Una de Tucumán, el grupo de Rubén Ale, con sus dos mujeres. Y la otra, la de La Rioja, de los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez. Esos dos grupos son responsables de secuestrar a Marita y de habérsela intercambiado, de Tucumán a La Rioja y viceversa.–¿Hubo complicidad política?–Las redes de trata funcionan con cobertura policial, judicial y política. Los gobiernos hicieron poco, en ese entonces estaban Julio Miranda en Tucumán y Ángel Maza en la Rioja. Hay numerosos testimonios de encubrimiento policial y judicial. Cuando había órdenes de allanamiento, se les avisaba a los sospechosos y el allanamiento fracasaba. Los secuestradores tuvieron cobertura política. La banda tucumana está vinculada al club San Martín de Tucumán. Mucha gente sabe quién es Ale.Al comentar los vínculos de tratantes con distintos niveles del Estado y empresariales, Varela Álvarez remarcó que “en los últimos años, en el aspecto institucional, hubo modificaciones: ahora hay una Ley de Trata, una Oficina Nacional de Rescate, el Programa para las Víctimas y una unidad fiscal en todo el país. Y se eliminó el Rubro 59. Susana logró el rescate de cientos de victimas, pero la trata sigue, son mafias que tienen un alto grado de organización”.–¿Considera que esto puede modificarse?–En la dictadura, muchos decían que no sabían que había centros clandestinos de detención. Ahora nadie puede decir que no sabe que las redes de trata secuestran y matan personas. La legislación por sí sola no va a terminar con eso, se necesita fuerza jurídica y política. Y que las víctimas sean escuchadas.

La chancha

Rubén Ale, “la Chancha”, es un personaje clave en el juicio por el secuestro de Marita Verón. Dos ex mujeres suyas están imputadas: María Jesús Rivero y Daniela Milhein. La primera sería la dueña de la remisería Cinco Estrellas, en uno de cuyos coches viajó Marita el día de su desaparición. La segunda habría sido la encargada de venderla y de tenerla cautiva. El hombre tiene su historial: fue gerenciador y presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán. Tuvo que renunciar en 2011, no porque el club descendió a la B, sino porque se dio a la fuga luego de haber sido acusado de robar medio millón de pesos en granos de soja de una finca de esa provincia, y de venderlos en el mercado negro. Poco después se entregó, pero adujo una cardiopatía, hipertensión y diabetes, y negoció quedar internado en la Clínica Modelo, donde cumple prisión preventiva. En los ’80 pasó cuatro años preso por tentativa de homicidio y fue detenido en numerosas oportunidades por ir armado, lesiones y amenazas. Se le adjudica una red de estaciones de servicio, casas de juego y prostíbulos, además de manejar la barra brava del club que llegó a presidir. Creó una remisería que llegó a tener, según trascendidos, 5.000 unidades. Y hasta hizo un sindicato de remiseros propio, que casi toma la jefatura policial provincial en el marco de una protesta por reivindicaciones económicas. Además, fue candidato a concejal por el menemismo en los ’90. Tuvo fluidos vínculos con el ex gobernador Miranda, de quien José Alperovich, actual mandatario, fue ministro de Economía. Miranda, como Ale, venía del fútbol: había sido presidente del club Atlético Tucumán.

Redes activas

Las recientes denuncias de Lorena Martins (foto, abajo) contra su padre, Raúl, demuestran que las redes de trata siguen activas y con complicidad policial. En ese caso, las víctimas quedaban sometidas en prostíbulos de zonas turísticas de Cancún y de Buenos Aires, donde contaban con protección de la Policía Federal. Lorena dio a conocer la situación de esclavitud en la que terminaban las mujeres que eran contratadas mediante engaños. Les decían que iban a trabajar como recepcionistas en México, pero les retenían los documentos con la excusa de que era la garantía de que pagarían la deuda contraída en el viaje. Las iban quebrando emocionalmente –incluyendo amenazas de muerte y golpizas–, hasta que finalmente eran sometidas a ejercer la prostitución.Mientras tanto, en Tucumán, el año comenzó con dos nuevos casos de mujeres que podrían haber caído bajo las redes de trata: Zulma Elizabeth Brizuela (foto, arriba), de 28 años, que despareció el 12 de enero, cuando volvía a su casa, en la localidad de Manuel García Fernández, departamento de Leales, y Beatriz del Valle Aguirre, de 36 años, quien falta desde el pasado 2 de enero, cuando desapareció mientras estaba lavando su casa, en la capital provincial.En el caso de Zulma, hay tres testigos que vieron cómo la subían a la fuerza a un remise, un automóvil marca Ford Falcon. Sin embargo, uno de los testigos cambió su declaración, aparentemente por temor a represalias. “Mi hermana no es de hacer estas cosas. Hicimos las primeras averiguaciones y comenzamos a repartir fotos de ella, porque no nos contestaba los mensajes de texto. Me encontré con el almacenero y me dijo que había visto todo. Se lo comunicamos a la policía y cuando lo llevaron a declarar, se desdijo”, relató Juan Brizuela a la prensa local. Los familiares sostienen que hay “agentes involucrados en el caso”, de lo cual deducen que “la policía presionó” al almacenero para que no declarara. Ante la ausencia de avances en la investigación, familiares y vecinos cortaron la ruta nacional 157. En el caso de Beatriz, los familiares también atribuyeron a las redes de trata su desaparición.