EJERCITOS PRIVADOS EN ALQUILER

Unas 700 empresas operan en todo el país y emplean a alrededor de 150 mil personas. Así, la cifra de vigiladores duplica y hasta triplica a la de efectivos policiales. Los especialistas critican la falta de controles a las agencias y al uso de armas.

Por Raúl Arcomano

Quis custodiet ipsos custodes? Quién custodia a los custodios: la frase en latín del poeta romano Juvenal, escrita un siglo antes de Cristo, tiene hoy más actualidad que nunca. Las policías privadas son hoy en la Argentina un Leviatán de difícil control. El número de vigiladores privados creció de manera exponencial en los últimos años, al calor del aumento de determinados delitos y de la sensación de inseguridad. Hoy duplica y triplica la cantidad de policías: de unos 30 mil agentes privados que se contabilizaban a fines de los ’80, la cifra trepó a los 150 mil que se estiman en la actualidad. Varios interrogantes rodean a la actividad. La principal: cómo se regula y se controla a quienes nos controlan todos los días desde una garita, la entrada de un barrio cerrado, la puerta de una empresa o un organismo público o un local de un shopping. En muchos casos, se trata de personal armado que no ha tenido la capacitación adecuada: ya se contabilizan muchos casos de gatillo fácil protagonizados por custodios privados. Para los especialistas, la irrupción definitiva de estos ejércitos en alquiler es consecuencia del retiro del Estado –nacional, provincial y municipal– del tradicional monopolio estatal en la provisión de la seguridad pública.La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi), la más importante del sector, informa desde su sitio web que “el negocio de la seguridad privada crece mes a mes y sigue sumando volumen y millones a la Argentina”. El informe de la OEA La seguridad pública en las Américas indica que el mercado no se contrae ni en épocas de crisis y que crece a un ritmo de entre el 20 y el 25 por ciento anual. Unas 700 empresas argentinas comercializan servicios de vigilancia y protección, con una facturación estimada en 2010 de 3.200 millones de dólares. Desde Caesi se jactan: con una dotación estimada en 150 mil hombres, “la seguridad privada supera en comodidad el número de agentes que ostentan las policías Federal y Bonaerense”. Las dos policías más importantes del país juntan, ambas, unos cien mil efectivos.Este crecimiento exponencial se debe a varios factores. Primero, al blanqueo de la actividad. “El incremento del número de vigiladores que observamos en estadísticas se debe en parte a que las empresas de seguridad ahora están formalmente registradas en una proporción superior al 80 por ciento”, explica a Miradas al Sur Federico Lorenc Valcarce. Sociólogo, investigador del Conicet en el Instituto Gino Germani de la UBA y autor de La seguridad privada en Argentina, Lorenc Valcarce también destaca que la figura del custodio se ha visibilizado: “Desde fines de los ’90, los vigiladores empezaron a hacerse presentes en supermercados, sanatorios, universidades, y más tarde en farmacias, tiendas de ropa y restaurantes. Hoy también los vemos en edificios de clase media y media alta. No hay prácticamente ningún espacio que haya permanecido ajeno a este proceso de diseminación. La seguridad privada está presente en todos lados.”Para el prestigioso jurista argentino Roberto Bergalli este incremento es “absolutamente negativo”. Porque se traduce en la pérdida de unas de las actividades centrales que debe asegurar el Estado democrático de derecho: la seguridad de sus ciudadanos. “Esa seguridad no puede quedar a cargo y en las manos de intereses particulares, que son los que están detrás de las empresas que ofrecen una cierta seguridad. Organizaciones dedicadas a la prestación de un servicio que, debiendo ser público y gratuito, están, por el contrario, guiadas por fines lucrativos”, dice a Miradas al Sur desde España, donde reside. Bergalli, entonces, destaca la importancia de los controles: “El reconocimiento de las empresas privadas de seguridad solamente puede ser admisible siempre y cuando el Estado tenga sobre ellas una absoluta capacidad de supervisión permanente. Que suponga un conocimiento específico de sus actividades, identificación puntual de todos sus trabajadores, de sus antecedentes, de sus remuneraciones y, sobre todo, de las personas que puedan ser vigiladas, todo lo cual debería estar debidamente legislado.”

Los controles.

El Estado ha tenido siempre una fuerte presencia en el sector de la seguridad privada, indica Lorenc Valcarce. Y agrega: “El propio sector fue conformado por agentes estatales: oficiales retirados de las fuerzas armadas y de seguridad fueron, y siguen siendo, mayoritarios en el sector patronal de la seguridad privada (ver nota relacionada). Ese ‘círculo virtuoso’ del autocontrol fue parcialmente alterado en los ’90: la creciente visibilidad de la seguridad privada y algunos escándalos difundidos por la prensa llevaron a las autoridades políticas a buscar una solución al problema”. El sociólogo apunta que se dictaron leyes y se crearon organismos para regular al sector. “Aunque el control –aclara– fue pobre debido a la escasez de recursos financieros y humanos.”Martín Fernando Medina es politólogo, profesor universitario y magíster en Políticas Sociales. Escribió el libro Quién custodia a los custodios. Auge de las agencias de seguridad privada. Sostiene ante Miradas al Sur que “uno de los atributos más comprometidos con la aparición de las agencias de seguridad privada es el de la institucionalización de la autoridad, con la prerrogativa legítima de la violencia y la determinación de un orden institucional reconocido por todos los actores que tengan cuotas importantes de poder.” Dice que esa propiedad deja de ser exclusiva del Estado y pasa a ser compartida con otros grupos privados, y que priman así las reglas del libre juego de la oferta y la demanda. “Gracias al principio de soberanía interior, se establece que es el Estado el que debe mantener el orden y la seguridad dentro del territorio. Lo cumple gracias al trinomio: administración de justicia, sistema penitenciario y aparato policial. El policial goza del monopolio más concreto de la violencia física y de la coerción. La aparición de las policías privadas plantea una crítica al accionar de ese trinomio y genera una novedad en lo referente a los recursos de control social.”

Seguros en la torre.

El crecimiento del negocio responde también al aumento del delito y, principalmente, al de la sensación de inseguridad. Dice Lorenc Valcarce: “Los sectores de ingresos más altos se radican en barrios cerrados o en torres fortificadas, que incluyen rejas y alambrados, alarmas y cámaras de seguridad, vigiladores. Estos dispositivos son también contratados por edificios de clase media. Quienes no disponen de estos recursos pueden contratar formas más precarias de seguridad, como las ofrecidas por dudosas agencias con destartalados vehículos y vigiladores de apariencia policial en barrios del conurbano. Incluso para los sectores más pobres las rejas constituyen una forma de protección.”“Un paisaje urbano atestado de dispositivos de seguridad privada contribuye a la sensación de que se vive bajo amenaza y que sólo aquel que puede gozar privadamente de protección está seguro. Y ni siquiera tanto: la omnipresencia de dispositivos de seguridad es una forma de recordar a cada momento, sobre todo para sus poseedores, que se vive, supuestamente, amenazado y, por ende, que es imprescindible la protección en todo momento, al mismo tiempo que, en el fondo, se sabe que ningún dispositivo de seguridad es totalmente eficaz”, se lee en el libro Estado, democracia y seguridad ciudadana. El libro, editado por el Pnud, critica la falta de “políticas adecuadas de control”. Esa falta de regulación –señala el informe– deja librado al mercado de la seguridad privada a una lógica de “competencia por la inseguridad en la que las empresas pueden usar tácticas de mercado que involucren el boicot a las otras para ser contratadas, lucrando así con la real seguridad de la población”. El descontrol de la seguridad privada permite la proliferación masiva de agencias clandestinas.¿Al igual que las policías, las agencias de seguridad tienen participación en el delito?, preguntó este diario. Medina respondió: “La realidad lo demuestra día a día. Por varios factores: falta de control sobre los objetivos, el personal y la disponibilidad de armas de las empresas. En las últimas inspecciones a agencias se detectaron contravenciones relacionadas con: falta de habilitaciones para los custodios, objetivos a ser vigilados no declarados, ausencia de registros de armas, además de incontables casos de gatillo fácil. Otra de las falencias está centrada en los bajos salarios y la falta de capacitación para el personal, que no pasa de los 15 días para la selección y formación de los agentes.” Lorenc Valcarce recuerda: “Hace años, un funcionario del Renar me señaló la compleja relación que existía entre algunas agencias y las armas que tenían registradas, superiores a sus necesidades operacionales. Son hechos puntuales en los que la seguridad privada sirve como pantalla para actividades ilegales, aprovechando el lugar estratégico que ocupan en ciertos ámbitos.”En Latinoamérica también se consigue. “En Brasil o en México, por ejemplo, este fenómeno estaba anclado en las profundas desigualdades sociales entre ricos y pobres. En las últimas décadas, el fenómeno adquirió el mismo carácter multidimensional y complejo que observamos en Argentina: se observan procesos de institucionalización que se acompañan por el creciente control estatal, la profesionalización de los servicios y una creciente tendencia a la transnacionalización y la homogeneización”, aporta Lorenc Valcarce. En Brasil, agrega Medina, se creó una extensa y lucrativa industria, predominantemente clandestina, armada y gerenciada por civiles, policías y militares retirados o en actividad.“El poder punitivo institucionalizado informal –ejercido principalmente por los escuadrones de la muerte y grupos de exterminio– con participación en la represión política fue migrando hacia el campo de la protección de empresas y empresarios. En San Pablo se considera que la cantidad de guardias de seguridad privados es tres veces mayor que el tamaño de la fuerza policial del gobierno. Habría en la actualidad más de 570 mil agentes privados de seguridad en Brasil, lo cual lo coloca en el primer lugar entre los Estados sudamericanos, seguido por México con cerca de 450 mil y por Colombia con poco más de 190 mil”. De acuerdo con datos obtenidos del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, en toda la región latinoamericana habría unos cuatro millones de personas trabajando en la seguridad privada.“La gravedad de la situación se multiplica si se tiene en cuenta que una gran parte de los miembros de estas agencias tiene armas de fuego”, se alerta en el informe Estado, democracia y seguridad ciudadana. Poder de fuego en manos de trabajadores poco entrenados y con insuficiente control estatal. Una mezcla explosiva. Como muestra, un botón (nunca mejor aplicado). En noviembre pasado fue condenado un vigilador privado acusado de matar a Luis Bolaño, un joven discapacitado que vendía estampitas en el tren. El crimen había sucedido en 2009, en Malvinas Argentinas. Juan Pablo Rodríguez, de la empresa Clave SRL, lo fusiló de cinco tiros con su pistola Taurus calibre 32. La Correpi denunció que la familia de Bolaño fue amenazada antes del juicio por “esbirros” del intendente de Malvinas, Jesús Cariglino. Justamente en ese distrito brinda seguridad la empresa Clave. Rodríguez sólo fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión condicional. Volvió a su casa caminando. Libre.