Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cierra más de 200 grados y se resiste a poner un micro para los alumnos de las villas 31 y 31 bis, cada vez otorga más fondos a los colegios pagos, ocultando los criterios y los montos de las operaciones.
Por Diego Long
En la ciudad de Buenos Aires, puntualmente, hay escuelas públicas con edificios en ruinas, sin servicios básicos como el gas o la luz, con docentes, alumnos e instituciones maltratados de más de una manera. Maestros mal pagos, sin nombramientos, perseguidos gremialmente o, ahora, sin el mando de la Junta de Calificación, por ejemplo. Alumnos que, a los problemas estructurales, les suman la falta de vacantes, la quita de las becas, la pauperización de las viandas, las listas negras que intentó llevar el PRO a la Policía, la negativa a la incorporación de la educación sexual, la falta de micros escolares, etc. Y las instituciones, que reciben sus partidas presupuestarias de cooperadora "a los premios", o deben lidiar con un servicio de mantenimiento tercerizado muy precario, o sufren el cierre de grados y cursos, como antes sufrieron el de los talleres.Pero, mientras ello pasa con las escuelas estatales de la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, excusado en la falta de presupuesto, la crisis internacional o la falta de empréstitos bancarios, la realidad de las insituciones privadas es otra.Así como el déficit económico ya supo mostrar su cualidad selectiva, cuando no podía cubrir costos de arreglos edilicios pero sí estaba dispuesto a financiar costosísimas cámaras de vigilancia en las escuelas públicas, la misma parcialidad puede verse en lo que a escuelas privadas respecta. Sin ir más lejos, el Presupuesto aprobado para este año otorga un aumento de más del 30 por ciento a las partidas destinadas a las escuelas privadas, mientras cierra 221 grados en la escuela estatal con el argumento de la eficiencia administrativa. El mismo gobierno que disminuyó los montos que entrega a las cooperadoras del área pública otorga subsidios millonarios a instituciones con fines de lucro que además cobran importantes cuotas a cada alumno. Mientras que en el último año el PRO otorgó a las empresas privadas que prestan servicios educativos casi 1.009 millones de pesos, en este período calcula ayudarlos con 1.333 millones.El presupuesto para Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación terminó ejecutando, en todo el 2011, 358 millones de pesos sobre un total de 560 millones. La subejecución de las partidas destinadas a obras de infraestructura escolar durante el período 2005-2009 suma más de 400 millones de pesos. Pero, sólo durante 2010 el Gobierno de la Ciudad no utilizó 270 millones de pesos que tenía asignados. El macrismo alcanzó a usar el año pasado un récord del 64 por ciento de lo que debía utilizar. Y piensa seguir así, o peor, porque en el actual presupuesto planea reducir la inversión en obras para las escuelas públicas a 275 millones de pesos, sin contar la subejecución."No hay ningún argumento para los subsidios, en ningún momento el Gobierno logró explicar por qué los aplica. No hay ninguna fórmula que aplique el criterio de justicia distributiva, o que analice lograr metas razonables" con esta política, dice Dalile Antúnez, coordinadora en materia educativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij). Si bien la especialista reconoce que la transferencia de dinero a la escuela privada viene aumentando desde hace mucho tiempo, "en esta etapa (desde que Macri asumió su primera gestión) vimos un salto importante".
A discreción sin discreción.
Antúnez cuenta que Acij presentó un recurso de amparo para acceder a información detallada sobre las matrículas de cada escuela, la cantidad de docentes, el arancel total que cobra cada una, el monto exacto que recibió, en fin, pero "la verdad –dice–, a pesar de que ganamos el juicio y estamos en etapa de cumplimiento de la sentencia, al día de hoy el Gobierno nunca nos entregó esa información. Nos impide acceder a información pública escencial para controlar la forma en que se está aplicando el sistema de subsidios".Al negar el derecho constitucional del acceso a la información pública y burlar al Congreso con sub y sobreejecuciones que completan el cuadro de las verdaderas intenciones políticas sobre las áreas ya perjudicadas en el Presupuesto o en resoluciones como la 15/12 (cierre de cursos), el macrismo demuestra estar lejos de la desidia que muchos pretenden, más bien parece que emprendió firmemente el camino de su legado ideológico, enemistado con lo público y afin a lo privado.Acij lo dice en las conclusiones de su informe Subsidios estatales a escuelas de gestión privada:en la ciudad de Buenos Aires:"La política de subsidios a establecimientos educativos de gestión privada es poco transparente, inequitativa e irrazonable, y no cumple en modo alguno con los criterios establecidos en la Ley de Educación Nacional y en la Constitución de la Ciudad, que fijan claramente que los aportes deben basarse en criterios objetivos de justicia social, tener en cuenta el arancel que se establezca, y deben dar prioridad a los/as alumnos/as de escuelas de menores recursos".Gustavo Lesbegueris, del Área de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, también confirma que desde allí participan de las "acciones en defensa de la educación pública, acompañando el reclamo de las comunidades educativas afectadas por la política macrista de ajuste a la educación". Lesbegueris cuestiona la medida de cierre de cursos e inició un expediente en el que ha recibido los reclamos de las comunidades escolares y los gremios docentes.
Subsidios para quien los necesite.
Una consigna muy fuerte de los maestros, padres y alumnos que el otro viernes marcharon a la Jefatura de Gabinete fue "Basta de subsidiar a la escuela privada". Si bien la educación paga no surgió ayer, el verdadero salto lo dio en la década de los ’90. Y Macri es uno de los mejores alumnos de esa política. Como dijo Stella Maldonado, secretaria General de Ctera, "en la ciudad de Buenos Aires se está viviendo en los ’90". Para el titular de UTE Capital, Eduardo López, la situación actual tiene que ver con la concepción que, asegura, tiene Macri: "La escuela estatal es para pobres, la escuela privada es para los vecinos. Él separa vecinos de pobres. La escuela estatal es de contención, la privada de formación. La escuela estatal, para Macri, es asistencialiso, mientras que la privada es educativa". Se trata de una concepción más o menos extendida, al menos entre los porteños. "No por casualidad lo votó el 60 por ciento", analiza Stella Maldonado. Pero aclara que esa idea de asociar a la educación privada con la calidad en detrimento del nivel de la escuela pública, es errónea, porque ya quedó demostrado, en el último examen de nivel que llevó a cabo el Ministerio de Educación de la Nación, que no hay diferencias significativas entre los alumnos de una y otra escuela.De todos modos, quien elige una institución privada es quien puede solventarla. Y las diferencias en los niveles educativos, si bien no se generan entre el colegio privado y la escuela pública, sí lo hacen entre distintos niveles socioeconómicos. Lo que explica perfectamente parte de las causas de las diferencias de niveles que pudieran existir entre alumnos de uno y otro ámbito. Justamente, es esa desigualdad de oportunidades la que desnivela el rendimiento en el campo educativo, esa misma desigualdad que el gobierno de Mauricio Macri profundiza, entre otras cosas, con la discrecionalidad de los subsidios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario