Entrevista a Alberto Binder. Vicepresidente del INECIP.
Por Eduardo Anguita
La provincia de Buenos Aires es un lugar muy complejo respecto de la marcha y las acciones de la Policía Bonaerense. En ese sentido: ¿qué opina de la creación de la policía judicial y de las policías municipales?–No sólo en la provincia de Buenos Aires, sino que en todo el país hay que realizar una profunda modernización de todo el sistema de investigación de los delitos. Estamos, en general, trabajando con métodos policiales y del ministerio público de la Justicia que tienen un gran atraso respecto de las nuevas formas de criminalidad. No hay que ser muy experto para darse cuenta que la ineficacia es un resultado inevitable. Y, en ese sentido, cuesta tomar medidas de este tipo. Yo creo que la conciencia existe, pero es como que todavía no existe la audacia suficiente para dar estos pasos. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es como el pulmón de inseguridad del país –en términos objetivos y también subjetivos, ya que todo allí se televisa mucho más– se ha intentado pero no se han podido hacer. Por dos razones. Primero, por una especie de imperio de la rutina que hace que esto no se pueda llevar adelante con facilidad. Segundo, porque en el fondo, atrás de todos los problemas de criminalidad, hay profundos negocios, complicidades con los mercados, mucho dinero que circula con lo cual la ineficacia de las investigaciones, la ineficacia policial, sigue siendo todavía un gran negocio para muchos.–Pareciera que se crea una policía judicial para ponerle por lo menos algún cepo a los negocios que tiene la Bonaerense. Pero junto con la Bonaerense hay también fiscales, de modo tal que esta policía judicial a medias también legitima un lugar muy oscuro de la institucionalidad provincial.–Por supuesto. Además no se trata de crear capas de instituciones que van llegando al mismo lugar. El nombre de policía judicial dice cosas, pero hay que ver cómo está organizada, el método de trabajo, la construcción que tiene, las estrategias. No es tan simple. En la provincia de Buenos Aires se intentó crear hace diez años, junto con las reformas de la Justicia, algún tipo de policía judicial que luego fue absorbida por el sistema con instructores judiciales que en el fondo siguen haciendo lo mismo que se hacía antes. Es una pelea importante que hay que darla a todo el país. El mismo problema tiene la Federal y la mayoría de las policías provinciales. Esto recién se está planteando con más fuerza y será una pelea de los próximos años. En temas de políticas de seguridad tenemos muchas deudas. Recién se está tomando control sobre policías, se están haciendo planeamientos y eso a pesar de que la población viene quejándose con razón y con mucha fuerza en los últimos años. Pero es que toca uno de los huecos negros del Estado y de la vida social y política. Hay muchos negocios que no son sólo de la policía. Pretender que acá los negocios son de la policía es, en última instancia, reducir el problema que es mucho más grande. Hay negocios que tienen que ver con la financiación de la política y hay una madeja ahí muy fuerte que, en última instancia, es un condicionamiento a la democracia.–¿Qué sería más conveniente ahora: pensar en que un Congreso que está bastante en sintonía con el Ejecutivo pudiera tratar una ley de seguridad, como en su momento se discutió una ley de defensa integral, o es mejor avanzar ocupando espacios y después hacer una ley? Da la impresión de que en estos años no se avanzó en ninguna de las dos direcciones.–Hay que avanzar en las dos direcciones. Por un lado, seguir, por ejemplo, apoyando y fortaleciendo la nueva estructura del ministerio de Seguridad, que implica un paso muy importante en términos de gobierno civil. Se trata de diseñar políticas y acciones concretas como prioridad, pero es cierto también que no vendría mal una reorganización completa de la ley de seguridad interior. Porque cuando se hizo, en realidad se estaba pensando más en el deslinde entre lo militar y la seguridad. Las leyes fueron buenas porque plantaron algo que, todavía, hoy en la Argentina se sostiene y es que el problema de seguridad no puede ser un problema militar, pese a los embates que tenemos para que esto se cambie y por suerte, hasta ahora, nuestra dirigencia política se mantiene bastante firme. Porque a nivel latinoamericano, regional, hay una muy fuerte presión para que se empujen a los ejércitos de nuevo a la seguridad interior. Eso sería una desgracia para muchos países. Para el nuestro también sería una gran desgracia. Entonces, las leyes cumplieron eso bien, pero se pensaron más bien en el deslinde aquel. Hoy en día falta pensar la ley de seguridad interior como un nuevo marco de condiciones mínimas, no sólo para las fuerzas federales, sino para las fuerzas provinciales. En ese sentido, hay bastante consenso en todas las fuerzas políticas de la necesidad de ponerle nuevas bases a la seguridad del país. Pero coincido totalmente: no puede ser que nos sentemos a pensar una ley y estemos tres años discutiendo. Porque, mientras tanto, no se están construyendo en concreto los nuevos mecanismos de conducción, gobierno, planeamiento, control y evaluación de las policías.–Hace un año, a raíz de la toma en el Parque Indoamericano, la Presidenta tomó una decisión muy fuerte y decidió sacar a Nilda Garré de Defensa y ponerla en Seguridad. Ya lleva un año al frente de ese ministerio que, como usted decía, tiene un rumbo. ¿Qué cosas, más allá de la decisión de Garré, saca usted como balance?–Lo positivo fue que el Gobierno cambió su política, una política que criticábamos en el sentido de dejar a las policías federales, a las fuerzas federales –policía y Gendarmería, básicamente– con un nivel de autonomía enorme. Esto no solamente es causante de ineficacia, inadmisible en términos políticos, sino que también degrada a las fuerzas de seguridad porque en vez de moverse hacia la profesionalización, que es algo que hoy día se necesita, terminan atrapadas en el diseño de políticas, en el mejor de los casos que no le competen. Así que eso fue un paso muy importante. Porque, insisto, cambió una política que venía llevando el Gobierno. De ahí en más comienza una trabajosa construcción de un ministerio de Seguridad que tiene que empezar prácticamente desde cero. Creo que se ha ido avanzando con avances y retrocesos, en un año más que nada electoral y esto también complicó, sobre todo, la atención que le presta la dirigencia política a estos temas. Así que no se avanzó tanto como uno querría. Para mí todavía hay un déficit muy grande en el hecho de no traspasar la policía a la Ciudad de Buenos Aires que permitiría, entonces, que el Ministerio de Seguridad asuma las competencias estrictamente federales de reorganización, de coordinación de los delitos más complejos y no quedar atrapado en los problemas del día a día de manejo de una policía. Así se ordenaría mejor todo el sistema para el futuro. Eso me parece que es un déficit muy grande. No se pudo hacer en gran medida, insisto, por los debates electorales y me parece que es un tema inexorable. Por otra parte, también hay que avanzar muy fuertemente en la reforma de la justicia federal. Es un tema pendiente de hace veinticinco años. El estado de nuestra justicia federal, el penal, es lamentable. Una justicia costosísima, lamentable en términos de eficacia, de corruptelas y de amiguismos. En los grandes temas esto se nota mucho. Así es la política en democracia: hay muchas cosas que se han hecho y otras tantas que no. Pero está planteado un escenario que es, en términos generales, mucho mejor que hace un año.
Entrevista realizada en el programa Hoy más que nunca,que se emite de lunes a viernes de 7 a 9 por Radio Nacional.
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