lunes, 24 de mayo de 2010

LA EDAD DE LA INOCENCIA


El neoliberalismo creó un terremoto en la niñez pobre.


Por Edurdo Anguita



Cuando el gobernador Daniel Scioli salió a pedir la baja de imputabilidad para menores fue temerario: habló de hasta 12 años. Después lo enmendó su propio ministro de Justicia, Ricardo Casal, que dijo 14. Pasados los días, Scioli mejoró un poco el discurso y habló de bajar la edad dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, pero dejó la sensación de que no sabía que actualmente rige en la provincia de Buenos Aires una normativa con un fuero especial y con defensores oficiales para tratar los casos de delitos penales cometidos por menores de 18 años.

La nueva normativa establece que a partir de los 16 es imputable un chico que delinque, pero con la salvedad de que el tratamiento no puede ser el encierro en una prisión de adultos. Fija, para casos extremos, un máximo inicial de 180 días con privación de libertad y dispone de una cantidad de recursos para dar contención y tratamiento a los chicos o chicas que cometen delitos.

Toda esta introducción es importante y requeriría un tratamiento más exhaustivo. El tema lo merece porque la escena informativa en el tema menores y delincuencia está saturada de un discurso vacío: “Los pibes entran por una puerta y se van por la otra”. Esa frase hecha –maliciosa y mentirosa– parece suficiente como para dar por cerrado un tema complejo y que requiere políticas públicas a tono con las leyes internacionales y para ello hay que tener funcionarios competentes y que cuenten con presupuestos acordes.

Martha Arriola fue, hasta el fin de semana, la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Renunció y concedió una larga entrevista a La Nación. No parece ser una decisión feliz darle una nota al diario que más ataca al Gobierno.

Pero la pregunta de fondo es: ¿hay un convencimiento sobre los temas de niñez en riesgo que abarquen desde la prostitución infantil hasta el trabajo de los chicos, pasando por la existencia de cientos de miles de pibes que nunca vieron trabajar a sus padres?

La respuesta es no. Porque la decisión de instalar el debate de la imputabilidad por parte de Scioli fue de la mano de la muerte del ingeniero Ricardo Barrenechea en una causa donde todo está mal hecho. Tan mal hecho, que el fiscal del juzgado no dio curso al fuero de responsabilidad penal juvenil para detener a los –supuestos– responsables del crimen.

Además, los incriminados denunciaron torturas. Es decir, por graves defectos procesales es posible que la familia Barrenechea se entere de que los acusados no van a ser juzgados. Con un agregado alarmante: las autoridades bonaerenses informaron de “la fuga” de un joven imputado. Es altamente sospechoso que habiendo tantas irregularidades, este chico haya podido escapar. Algunos recuerdan “las fugas” inventadas en la época de la dictadura.

Niñez en Buenos Aires. La estructura con que contaba Arriola era tan pequeña que ayer reveló –en diálogo con Víctor Hugo Morales– que hasta una de sus directoras no cobraba el sueldo desde que la nombraron.

El desafío de esa funcionaria no era pequeño: sólo respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil tenía que poner en marcha una cantidad de mecanismos de contención –a través de convenios con fundaciones y ONG, como por cuenta del mismo estado provincial– que significaban acrecentar el Presupuesto de modo muy importante. Tratar a un adicto, dar una contención de redes sociales, encontrar mecanismos para que un pibe chorro vuelva a la escuela, requiere de mucha gente y de mucha plata.

La política de Estado está para asegurar que los recursos acompañen las leyes. Pero con la niñez, sin duda la normativa va por un lado y el dinero público va por otro. Parece mentira que no hayamos caído en la cuenta de que el neoliberalismo creó un terremoto en la niñez pobre y que las políticas están a cargo de ONG que, no siempre, reciben las partidas presupuestarias.

Con los cambios de paradigmas –menos represivos y más contenedores– se produjo una gran paradoja en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace dos años, en los institutos de menores, había 10.000 menores. Lo tremendo es que el 90% estaban por las llamadas causas asistenciales –pobreza, básicamente– y sólo el 10% tenía problemas penales.

La desjudicialización de la pobreza hizo que muchos de esos pibes fueran de nuevo a sus casas, a hogares sustitutos o de tránsito o a ONG que los acogieran para su reinserción social. Atención a lo siguiente: el costo por cada pibe en un instituto es tres veces mayor que el asignado –en promedio– para su reinclusión. Con una agravante: son muchos los empleados de esos institutos –cuasi carcelarios– que no quieren reconvertir sus obligaciones, en otras aptas para las nuevas normativas.

Entonces, la provincia de Buenos Aires gasta plata en funcionarios que –por burocracia, por intoxicación cultural, por mentalidad represiva o por lo que fuera– no actúan en la dura lucha por sacar a muchos pibes de los conflictos que tienen. Pero gasta poca plata o prefiere ningunear las estructuras que permitan hacer eficaz las nuevas normas.

Por suerte, Juan Carr y su Red Solidaria, que ganaron prestigio no sólo entre los pobres sino entre los sectores acomodados y tienen muy buena relación con jueces y obispos, salieron a rechazar la idea de bajar la edad de imputabilidad como un recurso magnífico.

Bonaerenses, a las cosas. Para lograr que un pibe enganchado en el robo vuelva a una vida normal, hacen falta una mística y una voluntad a toda prueba. En esto no cabe el resultadismo: el mismo Carlos Bilardo, padre del resultadismo, se había comprometido hace un año a llevar el deporte a las villas, a los más desprotegidos. Se fue a la Selección y no dejó nada. Eso sí: se va con la gloria.

Martha Arriola, que venía de años de sacrificio en los temas de seguridad comunitaria, y que trabajó un año en el cargo a destajo, se tiene que ir por la puerta de atrás.

Parece cosa de chicos. Y no lo es. Quizá por ello, lo más fácil sea echarle las culpas a los pibes. Como si nacieran de un repollo.

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