La mujer subió los escalones gastados y entró al pabellón donde está internado Sergio. En las paredes había cuadros grises, con paisajes del interior del país y más atrás estaban las mesas de fórmica naranja en las que comen los internos. Algunos hombres temblaban en posición fetal, acostados sobre unos bancos oxidados, y otros oían radio en los rincones. El Hospital Borda, como siempre, parecía el escenario perfecto para morir de tristeza.
–Hoy vino a verme un médico –le dijo Sergio a la mujer que lo visitaba– y me avisó que me van a dormir para hacerme un mapeo cerebral. No entiendo qué es eso.
La mujer decidió averiguar. Se acercó a las psiquiatras que estaban a cargo del pabellón y les pidió detalles. En voz baja, las médicas le contaron la verdad:
–El paciente no mejora. Le vamos a practicar electroshock. Tenemos previstas ocho sesiones, empezando mañana. No se lo vamos decir a él. Le puede hacer mal saberlo.
A la mujer le corrió un escalofrío por la espalda. Era un jueves por la tarde y faltaban menos de 24 horas para que Sergio recibiera la primera dosis de máquina, como se llama en la jerga hospitalaria a la terapia electroconvulsiva.
Según su historia clínica, Sergio sufre de “melancolía con ideas de suicidio”. Pero no se trata de un paciente abandonado, de los muchos que se convierten en habitantes crónicos del hospicio y pierden todo lazo con el afuera. Además de tener una esposa, tanto Sergio como la mujer que lo visitaba ese día forman parte del MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Ese grupo impulsa un programa de inserción comunitaria, que ayuda a que los pacientes del Borda tengan donde ir cuando salen del hospital. Gracias a ellos, desde que había recibido el alta por primera vez, Sergio compartía una vivienda con otras familias y trabajaba en una cooperativa de construcción con la que esperaba levantar su propia casa. Pero tres meses atrás, tuvo una crisis y volvió al Borda. Ahora, sin saberlo, estaba a punto de ser sometido a una terapia eléctrica.
Galleta de la suerte. La mujer terminó de hablar con las psiquiatras y se abalanzó sobre el teléfono. No recuerda a cuantas organizaciones llamó, pero fueron muchas, y entre ellas figuraba el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). El viernes por la mañana, un abogado y una psicóloga del área de Salud Mental de ese organismo se presentaron en el hospital. Allí se enteraron de la novedad: la sesión se había suspendido, no por la cantidad de llamados de la tarde anterior, sino porque Sergio había comido un bizcochito de grasa. Es que si el paciente no está en ayunas, la consecuencias del tratamiento pueden ser aún peores.
Pero además del ayuno, para aplicar electroshock hay que tomar otros recaudos, muchos de ellos legales. La persona que está internada tiene abierto un proceso judicial de inhabilitación. Depende de un juez y de otros dos funcionarios: el curador público y el defensor de incapaces. Los tres deben estar al tanto de la situación, y el propio paciente tiene que ser informado de los riesgos y ventajas de ese tratamiento. Hasta el viernes, no estaban dadas ninguna de esas condiciones.
En el hospital, a los del Cels les mostraron un fax enviado al juez. Pero en el encabezado se notaba una falencia: estaba dirigido a un juzgado equivocado. “Fue un error administrativo”, se disculparon las personas a cargo, y juraron que ya se habían comunicado por teléfono con el juez correcto, y que éste les habría respondido que “se trataba de una cuestión médica, en la que la Justicia no tenía nada que resolver”. La nueva sesión de electroshock se había programado para el martes. Esta vez, alguien se encargaría de esconder las galletitas.
Cura cruel. El lunes, una curadora pública fue a visitar a Sergio, algo poco habitual en el Borda. Por su lado, el defensor de incapaces apeló la medida del juez y éste decidió enviar al hospital un perito del Cuerpo Médico Forense. El perito se entrevistó con Sergio y se encargó de contarle lo que le iban a hacer, pero sin explicarle los riesgos. En tanto, la primer sesión se reprogramó para el miércoles.
El martes se sumó un nuevo dato: una versión indicaba que en el Borda no habría condiciones para aplicar electroshock. Las máquinas son piezas de museo y, para realizar un tratamiento de ese tenor, los pacientes deben ser trasladados a otro lugar.
Con ese panorama, mientras Sergio comenzaba el ayuno para su debut con la electricidad, los del Cels decidieron presentar un hábeas corpus. “Lo presentamos –explicó el abogado Mariano Laufer– porque aplicar una técnica de electroshock sin que haya consentimiento del paciente, sin condiciones tecnológicas adecuadas, sin que haya un control judicial, puede implicar tortura o trato cruel, inhumano y degradante”. El pedido, que estaba basado en un reciente dictamen del relator oficial sobre la tortura de las Naciones Unidas, fue rechazado por la Justicia por aspectos formales. Pero el revuelo causado tuvo efecto. Al cierre de esta edición, la Defensoría de Incapaces, la Curaduría Pública y los profesionales médicos involucrados tuvieron una audiencia para tratar el tema.
En esa reunión se decidió suspender el electroshock en este caso. En cambio, Sergio va a recibir un tratamiento farmacológico que cuesta 650 pesos. Lo curioso es que, aunque el hospital depende del gobierno de la Ciudad, ese dinero va a ser aportado por la dirección General de Curadurías Públicas.
El viernes pasado, varios de los que siguieron el caso se preguntaban si en definitiva el electroshock se iba a aplicar por falta de recursos alternativos. “Es que la electricidad –reflexionó un psiquiatra consultado por Miradas al Sur– es un recurso barato. Y si revisamos un poco la historia de la psiquiatría, lo nuestro está muy ligado al castigo y la crueldad”.
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