Un grupo policial copó un pueblo en busca de un prófugo y decretó un virtual Estado de Sitio por una semana. Además, el padre de un funcionario amenaza con echar a pobladores de Lago Puelo. El rol del abogado de Benetton.
Por Graciela Moreno
Desde hace cientos de años, la comunidad indígena sufre atropellos desde todos los niveles. Incansables luchadores, parecen habitantes invisibles en un país que pocas veces respeta sus derechos. Desalojados, invadidos, avasallados y acallados, no logran casi hacerse oír en los grandes medios. En los últimos meses, la población mapuche de la provincia de Chubut vivió varios episodios donde sus derechos fueron vulnerados. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales, más conocido como GEOP, invadieron el pequeño pueblo de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel, en busca de un prófugo y amedrentaron a sus pobladores durante una semana. El saldo: dos muertes, abusos de toda clase y un chico de 16 años hemipléjico.
Pero no es sólo un episodio aislado. La comunidad Cayun, que vive desde hace años en la zona de Lago Puelo, es acosada judicialmente por un abogado y empresario forestal, padre de Pablo Korn, ministro coordinador de gabinete del gobernador Mario Das Neves. Les pide que se retiren para explotar forestalmente la zona. Mientras que en Esquel, Ricardo Gerosa Lewis, el abogado del empresario italiano Luciano Benetton, habría desalojado en forma violenta a miembros de una cooperativa mapuche que tomaron una casa abandonada. Pero la comunidad indígena chubutense sabe resistir. Ya conoció el avance del clan Benetton desde la década del ’90 y hasta el desembarco de Marcelo Tinelli en el 2007, con sus ambiciosos planes para realizar un megacomplejo turístico, suspendido gracias al reclamo de los habitantes del lugar.
La trágica historia ocurrida en la pequeña comunidad rural de Corcovado, de no más de 2.000 habitantes, comenzó el 8 de marzo con la búsqueda de un prófugo. “‘Indios de mierda, ¿dónde está Cristian Bustos? ¡Los vamos a matar a todos!’, gritaban los hombres del GEOP, mientras apuntaban con sus armas largas en la cabeza de una niña de dos años”, recuerdan algunos testigos, que aún tienen mucho miedo de hablar. Sus relatos cuentan que mientras los obligaban a tirarse al suelo, policías encapuchados y fuertemente pertrechados no dejaban de amenazarlos de muerte y pegarles patadas. Una escena que rememora los años más duros de la dictadura y fue el comienzo de una cacería que aterró a los pobladores durante una semana.
Todo comenzó cuando Cristian Bustos, acusado de homicidio y prófugo de la Justicia, concurrió a las casa de su familia con la intención de entregarse. Mientras esperaba un defensor oficial, llegó la policía, se produjo un tiroteo en el que murieron uno de los hermanos del prófugo y un policía. A esto se suma un oficial herido y el hermano menor de Bustos, de 16 años, golpeado hasta quedar hemipléjico. Otro de los hermanos fue detenido con un disparo en la pierna y es acusado de haber matado al policía a balazos, aunque no le encontraron armas de fuego, pero sí un cuchillo en su mano. El prófugo volvió a escaparse. Desde ese momento un grupo de 30 miembros del GEOP se instaló en el pueblo durante siete días. Si bien allanaron casi 20 viviendas, apenas 12 familias hicieron la denuncia.
El defensor público Omar López tomó cartas en el asunto. “Durante una semana, el GEOP ingresó a varios domicilios con las caras encapuchadas, rompiendo puertas a patadas, apuntando con armas largas a los niños, golpeando a quien se pusiese enfrente, sin importar si eran chicos o ancianos. No mostraron jamás ni una orden de allanamiento”, relata a Veintitrés. No es fácil reconstruir lo ocurrido en este pequeño pueblo precordillerano donde sus habitantes están aterrorizados por temor a represalias.
“El miedo hace que muchos no quieran hablar. Fuimos al pueblo un mes después y sólo doce personas se animaron a declarar. Dicen que los policías del GEOP eran como una horda: llegaban con la camioneta y entraban a romper todo dentro de las casas. Por la radio local informaban que no se podía salir y que había toque de queda. Por las noches, los policías efectuaban disparos al aire”, agrega el defensor, que no duda en calificar los hechos como “terrorismo de Estado en un pueblito casi de frontera” y de subrayar que “la violencia fue inusitada”.
El jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, a cargo del grupo especial, señaló que “no consta que haya habido hechos de violencia”, aunque en diálogo con esta revista admitió que “se utilizó la fuerza necesaria para detener a un prófugo y para irrumpir en los domicilios. Fueron allanamientos hechos con orden judicial”. Ante la consulta sobre los gravísimos hechos denunciados al defensor, dijo: “No quiero polemizar con López. Prefiero no hablar, por ser parte”. Pero confirmó que actuaron 30 hombres a su mando, entre miembros de la policía y del cuerpo de elite.
Marta Belén Pinchulef, madre de Cristian Bustos, integrante de la comunidad mapuche, está desconsolada. De sus diez hijos, uno murió, el otro sigue prófugo, uno quedó en silla de ruedas y el cuarto está detenido acusado de homicidio. “Soy india, bien paisana gracias a Dios. Soy hija de aborígenes y demasiado nos han castigado. Pero no voy a dejar que me hagan esto, voy a tratar de salir adelante, lo único que pido es justicia. Nosotros no somos delincuentes, toda la vida hemos trabajado”, dice entre lágrimas.
Y cuenta lo que les tocó vivir en esa semana del terror: “Los chicos vivieron un momento muy feo, ahora necesitan psicóloga, muchos se hacen pis en la cama por el miedo. Durante siete días, todas las noches los policías tiraban tiros al aire. Cuando entraron a mi casa, a mi marido le descargaron dos pistolas en la cabeza sin dispararle. A una sobrina mía de 7 años le apuntaron también. Los chicos ven a un policía y se ponen mal, lloran. A una chica de 13 años y a mi concuñada las desnudaron, las agarraron de los pelos y las manosearon. Me mataron un hijo que era sordo de un oído y estaba desarmado. El otro quedó en silla de ruedas por la paliza que le dieron. Al que detuvieron tenía un cuchillo y lo acusan sin pruebas de matar a un policía. Es inocente”, dice mientras sus lágrimas casi ni le permiten expresarse.
Pero el terror también cruzó la frontera de Corcovado. Otro hombre, Luciano González, desapareció en esos días a 15 kilómetros de Corcovado, cuando había ido a visitar a su hermana. Su hermano Arturo teme que los responsables sean los efectivos del GEOP que estaban en la zona.
Varios kilómetros al norte, la comunidad mapuche afincada ancestralmente en la zona de Lago Puelo sufre el acoso judicial de un abogado y empresario forestal, Enrique Alejandro Korn, cuyo hijo Pablo es ministro coordinador de gabinete de Das Neves.
“Este hombre quiere desalojar a la comunidad Cayun, que vive en la margen cordillerana del Río Azul, en su desemboque en el Lago Puelo –explica el periodista Daniel Otal, de la FM Alas de El Bolsón–. Antes quiso hacer lo mismo con las familias Larenas y Quilodrán, antiguos habitantes del Paraje El Pedregoso. Fue abogado de Maderas Noroeste del Chubut S.A. y por argucias administrativas y judiciales se hizo beneficiario de un contrato que era supuestamente intransferible para explotar forestalmente la zona.” Hasta ahora, la movilización de organizaciones y comunidades mapuches, además de vecinos de la zona, impidió que se concreten los desalojos.
Pero el ataque a los mapuches no termina. En plena ciudad de Esquel, Moira Millán, fundadora del Frente de Lucha Mapuche y coordinadora de una cooperativa de trabajo de mujeres bautizada como Malen Weichafe, que significa “doncellas guerreras”, espera ser notificada en una causa por “usurpación” que le entabló Ricardo Gerosa Lewis, un poderoso abogado de la zona, que tiene en su cartera de clientes al empresario Luciano Benetton, entre otros.
Todo comenzó el 2 de marzo, cuando algunas mujeres mapuches ingresaron a una vivienda abandonada con la intención de recuperar el lugar para la cooperativa y convocaron a una conferencia de prensa para explicar sus intenciones. “Ricardo Gerosa Lewis se acercó violentamente con insultos y amenazas y sin mostrar ningún título de propiedad envió a sus matones a amenazarnos y a prender fuego dentro de la casa, con total impunidad”, cuenta Millán.
El abogado de los Benetton intenta dar otra versión: “Jamás mandé a incendiar nada, esos son inventos para amparar una conducta injustificable. Pero además el Código Civil me autoriza a repeler”, asegura Ricardo Gerosa Lewis. Y cuenta que “fui apenas me dijeron que me habían usurpado una de mis propiedades. Las denuncié por usurpación y ellas me denunciaron por amenazas. Fíjense bien lo que van a publicar, ya sé por dónde viene la mano”, advirtió el letrado a Veintitrés.
La resistencia del pueblo mapuche no se detiene.
Tampoco la impunidad.
Informe: Tomás Eliaschev
Desde hace cientos de años, la comunidad indígena sufre atropellos desde todos los niveles. Incansables luchadores, parecen habitantes invisibles en un país que pocas veces respeta sus derechos. Desalojados, invadidos, avasallados y acallados, no logran casi hacerse oír en los grandes medios. En los últimos meses, la población mapuche de la provincia de Chubut vivió varios episodios donde sus derechos fueron vulnerados. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales, más conocido como GEOP, invadieron el pequeño pueblo de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel, en busca de un prófugo y amedrentaron a sus pobladores durante una semana. El saldo: dos muertes, abusos de toda clase y un chico de 16 años hemipléjico.
Pero no es sólo un episodio aislado. La comunidad Cayun, que vive desde hace años en la zona de Lago Puelo, es acosada judicialmente por un abogado y empresario forestal, padre de Pablo Korn, ministro coordinador de gabinete del gobernador Mario Das Neves. Les pide que se retiren para explotar forestalmente la zona. Mientras que en Esquel, Ricardo Gerosa Lewis, el abogado del empresario italiano Luciano Benetton, habría desalojado en forma violenta a miembros de una cooperativa mapuche que tomaron una casa abandonada. Pero la comunidad indígena chubutense sabe resistir. Ya conoció el avance del clan Benetton desde la década del ’90 y hasta el desembarco de Marcelo Tinelli en el 2007, con sus ambiciosos planes para realizar un megacomplejo turístico, suspendido gracias al reclamo de los habitantes del lugar.
La trágica historia ocurrida en la pequeña comunidad rural de Corcovado, de no más de 2.000 habitantes, comenzó el 8 de marzo con la búsqueda de un prófugo. “‘Indios de mierda, ¿dónde está Cristian Bustos? ¡Los vamos a matar a todos!’, gritaban los hombres del GEOP, mientras apuntaban con sus armas largas en la cabeza de una niña de dos años”, recuerdan algunos testigos, que aún tienen mucho miedo de hablar. Sus relatos cuentan que mientras los obligaban a tirarse al suelo, policías encapuchados y fuertemente pertrechados no dejaban de amenazarlos de muerte y pegarles patadas. Una escena que rememora los años más duros de la dictadura y fue el comienzo de una cacería que aterró a los pobladores durante una semana.
Todo comenzó cuando Cristian Bustos, acusado de homicidio y prófugo de la Justicia, concurrió a las casa de su familia con la intención de entregarse. Mientras esperaba un defensor oficial, llegó la policía, se produjo un tiroteo en el que murieron uno de los hermanos del prófugo y un policía. A esto se suma un oficial herido y el hermano menor de Bustos, de 16 años, golpeado hasta quedar hemipléjico. Otro de los hermanos fue detenido con un disparo en la pierna y es acusado de haber matado al policía a balazos, aunque no le encontraron armas de fuego, pero sí un cuchillo en su mano. El prófugo volvió a escaparse. Desde ese momento un grupo de 30 miembros del GEOP se instaló en el pueblo durante siete días. Si bien allanaron casi 20 viviendas, apenas 12 familias hicieron la denuncia.
El defensor público Omar López tomó cartas en el asunto. “Durante una semana, el GEOP ingresó a varios domicilios con las caras encapuchadas, rompiendo puertas a patadas, apuntando con armas largas a los niños, golpeando a quien se pusiese enfrente, sin importar si eran chicos o ancianos. No mostraron jamás ni una orden de allanamiento”, relata a Veintitrés. No es fácil reconstruir lo ocurrido en este pequeño pueblo precordillerano donde sus habitantes están aterrorizados por temor a represalias.
“El miedo hace que muchos no quieran hablar. Fuimos al pueblo un mes después y sólo doce personas se animaron a declarar. Dicen que los policías del GEOP eran como una horda: llegaban con la camioneta y entraban a romper todo dentro de las casas. Por la radio local informaban que no se podía salir y que había toque de queda. Por las noches, los policías efectuaban disparos al aire”, agrega el defensor, que no duda en calificar los hechos como “terrorismo de Estado en un pueblito casi de frontera” y de subrayar que “la violencia fue inusitada”.
El jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, a cargo del grupo especial, señaló que “no consta que haya habido hechos de violencia”, aunque en diálogo con esta revista admitió que “se utilizó la fuerza necesaria para detener a un prófugo y para irrumpir en los domicilios. Fueron allanamientos hechos con orden judicial”. Ante la consulta sobre los gravísimos hechos denunciados al defensor, dijo: “No quiero polemizar con López. Prefiero no hablar, por ser parte”. Pero confirmó que actuaron 30 hombres a su mando, entre miembros de la policía y del cuerpo de elite.
Marta Belén Pinchulef, madre de Cristian Bustos, integrante de la comunidad mapuche, está desconsolada. De sus diez hijos, uno murió, el otro sigue prófugo, uno quedó en silla de ruedas y el cuarto está detenido acusado de homicidio. “Soy india, bien paisana gracias a Dios. Soy hija de aborígenes y demasiado nos han castigado. Pero no voy a dejar que me hagan esto, voy a tratar de salir adelante, lo único que pido es justicia. Nosotros no somos delincuentes, toda la vida hemos trabajado”, dice entre lágrimas.
Y cuenta lo que les tocó vivir en esa semana del terror: “Los chicos vivieron un momento muy feo, ahora necesitan psicóloga, muchos se hacen pis en la cama por el miedo. Durante siete días, todas las noches los policías tiraban tiros al aire. Cuando entraron a mi casa, a mi marido le descargaron dos pistolas en la cabeza sin dispararle. A una sobrina mía de 7 años le apuntaron también. Los chicos ven a un policía y se ponen mal, lloran. A una chica de 13 años y a mi concuñada las desnudaron, las agarraron de los pelos y las manosearon. Me mataron un hijo que era sordo de un oído y estaba desarmado. El otro quedó en silla de ruedas por la paliza que le dieron. Al que detuvieron tenía un cuchillo y lo acusan sin pruebas de matar a un policía. Es inocente”, dice mientras sus lágrimas casi ni le permiten expresarse.
Pero el terror también cruzó la frontera de Corcovado. Otro hombre, Luciano González, desapareció en esos días a 15 kilómetros de Corcovado, cuando había ido a visitar a su hermana. Su hermano Arturo teme que los responsables sean los efectivos del GEOP que estaban en la zona.
Varios kilómetros al norte, la comunidad mapuche afincada ancestralmente en la zona de Lago Puelo sufre el acoso judicial de un abogado y empresario forestal, Enrique Alejandro Korn, cuyo hijo Pablo es ministro coordinador de gabinete de Das Neves.
“Este hombre quiere desalojar a la comunidad Cayun, que vive en la margen cordillerana del Río Azul, en su desemboque en el Lago Puelo –explica el periodista Daniel Otal, de la FM Alas de El Bolsón–. Antes quiso hacer lo mismo con las familias Larenas y Quilodrán, antiguos habitantes del Paraje El Pedregoso. Fue abogado de Maderas Noroeste del Chubut S.A. y por argucias administrativas y judiciales se hizo beneficiario de un contrato que era supuestamente intransferible para explotar forestalmente la zona.” Hasta ahora, la movilización de organizaciones y comunidades mapuches, además de vecinos de la zona, impidió que se concreten los desalojos.
Pero el ataque a los mapuches no termina. En plena ciudad de Esquel, Moira Millán, fundadora del Frente de Lucha Mapuche y coordinadora de una cooperativa de trabajo de mujeres bautizada como Malen Weichafe, que significa “doncellas guerreras”, espera ser notificada en una causa por “usurpación” que le entabló Ricardo Gerosa Lewis, un poderoso abogado de la zona, que tiene en su cartera de clientes al empresario Luciano Benetton, entre otros.
Todo comenzó el 2 de marzo, cuando algunas mujeres mapuches ingresaron a una vivienda abandonada con la intención de recuperar el lugar para la cooperativa y convocaron a una conferencia de prensa para explicar sus intenciones. “Ricardo Gerosa Lewis se acercó violentamente con insultos y amenazas y sin mostrar ningún título de propiedad envió a sus matones a amenazarnos y a prender fuego dentro de la casa, con total impunidad”, cuenta Millán.
El abogado de los Benetton intenta dar otra versión: “Jamás mandé a incendiar nada, esos son inventos para amparar una conducta injustificable. Pero además el Código Civil me autoriza a repeler”, asegura Ricardo Gerosa Lewis. Y cuenta que “fui apenas me dijeron que me habían usurpado una de mis propiedades. Las denuncié por usurpación y ellas me denunciaron por amenazas. Fíjense bien lo que van a publicar, ya sé por dónde viene la mano”, advirtió el letrado a Veintitrés.
La resistencia del pueblo mapuche no se detiene.
Tampoco la impunidad.
Informe: Tomás Eliaschev
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