Por Martha arriola
Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires
El gobernador Daniel Scioli acaba de convocar a un “debate profundo” sobre la edad de imputabilidad de los niños/as y adolescentes, propiciando el consenso alrededor de un proyecto para que “los legisladores vean cuál es el más propicio”. La Subsecretaría de Niñez y Adolescencia no puede ni debe quedar al margen de este debate puesto que es el área específica del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que, como autoridad de aplicación de las leyes que rigen el actual Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, es el órgano administrador que trabaja para lograr el cumplimiento de la actual normativa. No ya en el viejo rol que el sistema de patronato le encomendara, sino en un rol gestor y articulador de las políticas públicas que tienen como eje de intervención el “interés superior del niño”.
Este desafío implica la obligación de comunicar a la ciudadanía en su conjunto los avances, dificultades y requerimientos que el proceso implica. A casi 11 meses de asumir como equipo técnico político esta responsabilidad, es imperioso generar una transformación profunda. Después de años de lucha de muchos referentes y organizaciones especializadas en niñez y adolescencia, se terminó con la vieja normativa. Pero no con la profundidad necesaria, ya que la estructura estatal que pueda dar cumplimiento a tal empresa es deficitaria.
Es preciso avanzar con mayor celeridad en la puesta en marcha de todos los dispositivos que las leyes 13.298 y 13.634 obligan. La primera es la de promoción y protección integral de los derechos del niño, mientras que la segunda es la del sistema de responsabilidad penal juvenil.
Recursos y rescate. Además, es preciso asignar rápidamente recursos y personal necesario para contar con equipos interdisciplinarios en cada Servicio Zonal y Local de Niñez y Adolescencia, que son los encargados de abordar a esta población en la búsqueda de restitución de derechos vulnerados. Como señaló el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, “hay que generar un plan Marshall para rescatar a los pibes que están hechos bolsa”.
Se requiere celeridad en la tramitación de los programas para esta empresa, entre ellos el Programa de Integración Comunitaria (PIC) destinado a niños/as y adolescentes de entre 12 y 20 años, en particular a aquellos que están en conflicto con la ley penal. Necesitamos conformar los dispositivos que el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil requiere. Buenos Aires es la única provincia que cuenta con esta normativa, aún sin estar sancionada la legislación nacional de fondo.
Es este sistema al que debemos apostar, porque se acaba de poner en marcha y aún no cuenta con los recursos necesarios para que opere en condiciones. Debemos mejorar con celeridad las condiciones en que se encuentran hoy los adolescente privados de libertad. No contamos con suficientes espacios de internación para adolescentes de 16 a 18 años ni con dispositivos socio-educativos suficientes para trabajar medidas alternativas a la privación de libertad.
Hemos avanzado, apenas, en la designación de personal para Centros de Referencia (organismos que elaboran las estrategias alternativas al encierro). Hoy no tenemos suficiente personal para trabajar en los centros cerrados. Faltan asistentes de minoridad y faltan equipos especializados en cada institución. Faltan médicos que puedan trabajar las problemáticas de salud que generalmente presentan estos adolescentes.
Hora de transformar. Hemos elevado al ministro de Desarrollo Social una propuesta para jerarquizar el área de Niñez mediante la creación del Instituto Provincial de Niñez y Adolescencia como entidad autárquica. Entidad que no resigne su articulación con las demás áreas de desarrollo social, los municipios y la comunidad, sino que la profundice dándole más entidad para operar las transformaciones que la hora reclama.
Cabe mencionar el trabajo elaborado por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Desarrollo Social de la Nación (elaborado con especialistas de provincias, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de Unicef) llamado “Adolescentes en el sistema penal-Situación actual y propuestas de transformación”, y que fue presentado por la ministra de Desarrollo social de la Nación, Alicia Kirchner. Ese material constituye un diagnóstico serio de lo que estamos hablando y es una apuesta a la profundización de las políticas públicas que deben ser políticas de Estado.
Es bueno propiciar el debate sobre los temas que aún están pendientes de resolución. Pero es imprescindible poner en práctica los consensos alcanzados después de años y que hoy tienen rango constitucional en la Nación y en la provincia de Buenos Aires.
“Ya condenamos a los menores”
La postura de García Méndez sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Las declaraciones de Daniel Scioli encendieron la mecha. El gobernador bonaerense anunció esta semana que enviará al Congreso Nacional un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos. Lo hizo desde la ciudad colombiana de Medellín, donde fue a buscar nuevas recetas contra la “inseguridad” en su distrito tras el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en su casa de San Isidro. Una vez más, el debate está abierto. Y una voz representativa en el tema es la de Emilio García Méndez, diputado nacional por Solidaridad e Igualdad (SI) y especialista en niñez y adolescencia.
–¿Cuál es su opinión sobre la baja de edad de imputabilidad que propone Scioli?
En los países que menciona el gobernador Daniel Scioli lo que se ha producido es el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal juvenil. La Argentina es el único país de América latina que no tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil. Parece un chiste de mal gusto que a esta altura tengamos vigente un decreto de 1980, de la dictadura militar. Ése es el régimen penal de la minoridad que tiene la imputabilidad plena a partir de los 16 años y una política de criminilización de la pobreza por debajo de los 16, sin ningún tipo de debido proceso. Tanto es así que desde Fundación Sur, con el concurso de varios organismos de derechos humanos, muy particularmente del Cels, hemos enviado un hábeas corpus colectivo de los menores de 16 años en la Ciudad de Buenos Aires, que hemos ganado en la Cámara Penal de Casación y sobre el cual la Corte Suprema de Justicia inexplicablemente ha suspendido la ejecución desde el día 18 de marzo. Hasta la fecha, no tenemos ninguna noticia sobre los hábeas corpus.
Hay una confusión conceptual muy fuerte. Por ejemplo, hace unos días escuché las declaraciones del gobernador mendocino Celso Jaque: se refirió a la baja imputabilidad y lo declaró en cuanto medio de comunicación había en la provincia de Mendoza. Y cuando fue preguntado acerca de qué proyecto de ley suscribiría, dijo que el del diputado García Méndez. Yo jamás he hablado de la baja en la imputabilidad.
–¿Podría explicar en qué consiste una cosa y otra? Porque no es menor que el gobernador diga una cosa cuando en realidad lo que debería hacerse es otra cosa.
–Exactamente. Hay que desacralizar este concepto: bajar la edad de la imputabilidad. Bajar la edad de la imputabilidad de los menores significa tratar a los menores a partir del año o determinación que se lleve a cabo como si fueran adultos. En Argentina, yo me permito recordar que la imputabilidad no está en los 18 años sino que está en los 16 años. Tanto es así que somos el único país de América Latina en el que no sólo somos los más atrasados, sino también los más brutales. Somos el único país que hemos dado sentencia a reclusión perpetua a menores de edad. Hoy tenemos la imputabilidad a partir de los 16 años, y la imposibilidad de establecer un debido proceso por debajo de esa fecha. Pero la imposibilidad de un debido proceso no significa que a esos menores de 16 años no los priven de su libertad como es el caso del hábeas corpus que mencioné antes.
–¿Existe alguna solución legislativa para este conflicto?
–Si uno considera diputados y senadores, inclusive incluyendo al bloque oficialista, hoy a nivel parlamentario hay un consenso muy fuerte acerca de la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Donde se pueda establecer un debido proceso. Ser delincuente es una categoría jurídica precisa. Es decir, es delincuente no sólo el que cometió un delito sino también al que se lo sometió a un debido proceso. El régimen de responsabilidad penal juvenil es un sistema separado del de los adultos, pero sanciona los mismos delitos que cometan los menores de entre 14 y 18 años. Contempla diversas sanciones y no únicamente la privación de la libertad. Por ejemplo, el trabajo comunitario. También se establece un proceso distinto para quienes tengan entre 14 y 16, y de 16 a 18 años.
Soy autor de un proyecto de Ley de Responsabilidad Penal. Allí dispongo la privación de libertad para los delitos graves. En los términos que la plantea la Convención sobre la Privación de la Libertad: una medida excepcional y por el menor tiempo posible.
–¿Cuáles serían los tribunales encargados de procesar a los chicos entre 14 y 18 años?
–Los mismos tribunales que están en la provincia de Buenos Aires. La provincia ha puesto en vigencia una ley procesal penal juvenil que establece a los jueces penales de infancia y adolescencia. Estos son los jueces penales que son competentes y deberían ser competentes en el juzgamiento. Ahora, ¿cuál es el problema de las provincias? El problema es que tienen un chaleco de fuerza que es este decreto de la dictadura militar que es la ley de fondo.
–¿Cómo se resuelve este problema jurisdiccional?
–Hay que trabajar a nivel del Congreso Nacional para sustituir esta monstruosidad por un régimen penal juvenil. Justamente, el gobernador Scioli esta citando a Colombia, Uruguay, Ecuador. Es decir: en ninguno de estos países se ha producido la baja de imputabilidad. En estos países hay sistemas de responsabilidad penal juvenil que articulan severidad con justicia. Establecen la relación de libertad por períodos mucho más acotados que en el caso de un adulto e instituyen el debido proceso. Sobre todo, establecen medidas alternativas que son intensas, pero que no necesariamente deben llegar a la privación de la libertad para el caso de los delitos que no sean gravísimos, como es el caso de la prestación de servicios a la comunidad.
–¿Qué sucede actualmente cuando un chico comete un delito?
–Si tiene entre 16 y 18 años la ley dice que se lo debe someter a un tratamiento tutelar. Por lo general, si es un chico de clase media, no importa qué delito haya cometido: se lo entregan a los padres. Y se acabó la historia. Entonces: o se los entregan a los padres o, cuando cumplen 18, los juzgan como adultos. Con los menores de 16 no pueden hacer nada.
–¿Qué hacen entonces?
–Los tienen privados de libertad sin procesos y sin motivos. Argentina es el único país que de América latina que condena a menores a reclusión perpetua. En general, en todos los países hay un sistema de responsabilidad penal juvenil que va entre los 14 y los 18, o 12 y 18 años. Los chicos que cometen un delito grave, como un asesinato, se los juzga con un debido proceso. El menor de 18 y mayor de 12 o 14 no es penalmente imputable: significa que no responde de la misma manera que un adulto. No quiere decir que sea impune: se lo considera penalmente responsable.
En Brasil, por ejemplo, se establece la responsabilidad penal entre los 12 y los 18 años. La pena privativa de libertad máxima son tres años para los menores. Para modificar la inimputabilidad de los menores de edad tienen que reformar la Constitución brasileña.
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