miércoles, 19 de mayo de 2010

ROBO PARA LA GORRA


Madres, trabajadores sociales y pibes chorros denuncian la explotación policial en la delincuencia infantil. Los casos de menores que pagaron por no pactar con la fuerza.


Por Carlos Romero y Tomás Eliaschev

En las primeras semanas de febrero último, la Villa 21-24, de Barracas, amaneció con el cadáver de un menor. Uno de los que, cada tanto, recuerda a sus habitantes cómo son las cosas en la tierra de nadie. O, mejor dicho, de los narcos y los gatillazos. El cuerpo tenía un orificio en la cabeza y había sido abandonado al pie del mástil de la escuela que está junto a la parroquia del padre José María “Pepe” Di Paola, el “cura villero” que fue amenazado por denunciar la venta de paco y otros negocios ilícitos que suceden a la vista de todos. En especial, de los punteros políticos, la Justicia y los uniformados.

Cinco días atrás, ese mismo chico había encabezado una bandita de pibes, de entre 13 y 16 años, que le robaban a todo aquel que se le cruzara en el camino. Los chicos se habían vuelto “inestables”, como se dice en la jerga. El paco los había llevado a cometer delitos que excedían la raya trazada por los administradores de la delincuencia infantil. El miércoles habían robado un auto de la embajada de Venezuela en la Argentina. Mientras los diplomáticos visitaban un comedor, los chicos, uno de ellos con un arma de fuego, se alzaron con el lujoso vehículo. En la comisaría 32 recibieron la denuncia con gestos de incomodidad. Al otro día, los mismos menores asaltaron al abogado Facundo Taboada, que salía de la parroquia del padre Pepe, donde brinda asesoramiento legal. Los pibes le pidieron las llaves de su coche Corsa. Taboada trató de explicarles la tarea que realizaba en la villa, pero no dejaban de apuntarle. El abogado entregó las llaves para evitar males mayores y luego hizo la denuncia en la comisaría. Ese día, pero más tarde, el hermano menor de uno de los asaltantes fue a la parroquia a pedir agua. “Sí, se zarparon –reconoció–. Son unos boludos.” El auto de Taboada apareció el otro lunes, a unas diez cuadras. Estaba intacto. Aún tenía el estéreo. Al día siguiente fue el turno del cadáver de uno de los chicos. A él y sus amigos los llamaban “la bandita del mástil”. Consultados por esta revista, en la comisaría 32 dijeron no recordar el episodio.

Kids. La última fiebre de reclamos por “mayor seguridad” previa al crimen de Daniel Capristo, en Valentín Alsina, fue el asesinato del ingeniero Rodolfo Barrenechea. Por el hecho, que aceleró el pedido de algunos sectores de baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, hay cinco menores imputados. Uno es el joven Brian, de quien sus maestras, familiares y vecinos dicen que es inocente, y que continúa detenido a pesar de que no existan pruebas concretas que lo involucren y se hayan cumplido los seis meses de prisión preventiva.

Otro de los detenidos, el “Chuna”, de 17 años, se mantuvo prófugo por cuatro meses. Los vecinos de la villa San Petesburgo, en La Matanza, juran que lo veían circular con total tranquilidad, auque se volvía invisible a los ojos de la Bonaerense. Los vecinos también aseguran que el Chuna visitaba con asiduidad la comisaría de San Alberto, con jurisdicción en esos barrios. Muchos pibes chorros suelen ir a dependencias policiales a dejar la “astilla”, esa parte del botín que les garantiza no ser detenidos. Al menos por un tiempo.

Otro de los involucrados en el caso Barrenechea, “Kitu”, de 18, estuvo prófugo hasta que tres vecinos de Morón lo detuvieron cuando trató de robar un auto. A la comisaría de Castelar, su madre había acudido con una mochila llena de objetos robados, entre ellas una joya Bulgari de diez mil dólares. La mamá del joven luego quedó detenida y acusada de ser parte de una asociación ilícita. Días más tarde, ante las cámaras de un programa de televisión, Kitu dijo que la policía lo había usado: “Me ponían una pistola en la cabeza si no les daba plata”.

Desde 2001 hasta 2005, el paco se volvió una fiebre: su consumo aumentó un 200 por ciento, según datos del polémico Sedronar. Desde entonces, a muchos chicos el trip de la pasta base se les termina de un balazo. En tanto, algunos practican una delincuencia guiada por la adicción y se vuelven presas fáciles del gatillo cuando se tornan “inestables”.

“El contacto entre la policía y los pibes no es directo. A los agentes no les gusta hablar con ellos porque están muy sacados. El vínculo está mediado por otros: un dealer o un alguien más grande, de 20 o 25 años, que tiene más experiencia y no está quemado”, ratifica un miembro de la Justicia porteña que conoce de cerca la realidad de las villas y la carne de cañón del delito juvenil. “A veces, la cosa empieza porque los chicos ya no tienen cómo pagarle al traficante, entonces este les encarga trabajos. Les da un arma, un auto. Lo que necesiten.” En una villa conseguir una pistola es simple. Abundan, con precios que dependen del arma y del uso que se le vaya a dar. Una pistola 9 mm, por caso, cuesta unos 200 pesos. “Pero a los chicos se las dan gratis”, agrega la fuente.

Parte del botín logrado, por ejemplo, tras el robo de un auto, se recolecta en las gorras. “En el caso de los coches, la bolsa a distribuir puede ir de los 800 a los 2.000 pesos”, explica un ex comisario de la Bonaerense. Entre el agente de calle y el reducidor, la repartija es de 50 y 50. A los chicos les toca una ínfima parte. “Hasta les pueden dar 20 o 30 pesos. Nada. Lo que a los pibes les importa es solucionar el problema de no tener paco”, agrega el informante, un abogado que conoce de cerca los pasillos de los asentamientos porteños.

En la Villa 21-24, por citar un caso, dos calles de tierra que corren paralelas a la calle Luna y que terminan en el Riachuelo son la zona liberada para la reducción de autos. Los mismos son llevados a ese desarmadero a cielo abierto, donde se los despieza antes de arrojarlos al agua. Para completar el circuito, a pocos metros, un pasillo conduce a uno de los tantos puntos donde se consiguen dosis de paco. Todo fríamente calculado.


Sub 16. Luciano Arruga está desaparecido desde el 31 de enero, cuando tenía 16 años. Su familia sospecha que “desapareció” en el destacamento de Lomas del Mirador, donde meses antes había estado detenido. Los efectivos solían hostigarlo, como al resto de los jóvenes pobres del barrio.



Una hipótesis que maneja la familia es que Arruga se resistió a participar de algún hecho delictivo. La fiscalía encontró rastros suyos en un patrullero y un joven dijo haberlo visto al borde de la muerte en la dependencia policial. “Ojo, podés terminar como Luciano”, escuchan los adolescentes del barrio 12 de Octubre.

Para el asesor tutelar de menores de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno, la policía tiene “al menos una actitud omisiva”, ya que “es evidente que hay muchos chicos con armas y no investigan quiénes las proveen”. Moreno, que como defensor de menores ha escuchado múltiples relatos sobre “corredores donde circula el paco, con protección para funcionar”, viene batallando para que el gobierno porteño atienda la problemática de la pasta base. “El Estado debe hacerse cargo de estos chicos antes de que cometan un ilícito, no sólo sancionarlos. Bajando la edad de imputabilidad no se soluciona nada”, marca.

En el debate por la disminución de la edad de imputabilidad, la policía juega sus propias cartas. Un funcionario de la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia explicó a Veintitrés que la fuerza tiene un marcado interés en que se apruebe alguno de los proyectos al respecto. “A la policía le interesa todo aquello que tenga consecuencias penales. Por ahora, los menores escapan a esto, pero una vez que pasen a formar parte de su clientela penal, van a poder aplicarles las mismas transas que a los mayores”, asegura, y opina que “la reforma penal que se impulsa es funcional” a los uniformados. Por otra parte, si como proponen varios proyectos, sólo algunos delitos serían imputables a partir de los 14 años, “la policía va a poder negociar con los chicos las existencia o no de delito, arreglando la escena o extorsionándolos como ya hace con los mayores”.

Para un voluntario que desde hace más de cinco años presta ayuda en una de las villas más duras de la Capital Federal, la 1.11.14, del Bajo Flores, “estos pibes, los más pendejos, hacen el trabajo más sucio. Los otros, los más grandes, son los que reclutan, en general, vía paco, y se vinculan con la cana”. Así como el fenómeno de la pasta base, el de la administración del delito juvenil es reciente. Hasta hace poco, para un policía de calle regentear el delito de chicos de 12 a 16 años era “chiquitaje”, explica un hombre la fuerza que trabaja en una comisaría de la zona sur. Está claro que se gana más apadrinando a una banda de piratas del asfalto que a un grupo de menores que en general se dedican a arrebatar celulares o robar motos y coches. Pero la crisis aprieta a todos por igual: desde que en la calle hay menos efectivo, todos los billetes son bien recibidos. Además, con los pibes la transacción es casi toda ganancia. “No es lo mismo que negociar con adultos, más si los pendejos están metidos en el paco”, resume este comisario de la Bonaerense.

En esta relación, así como los menores saben que la policía los puede moler a golpes, los uniformados también saben que para contener a los chicos tienen que hacer ciertas concesiones. Muchas veces esto se traduce en zonas liberadas. Sólo así se entiende que, por ejemplo, durante 48 horas la “bandita del mástil” haya podido robar sin que nadie se le interpusiera. Incluso después del episodio con el auto de la embajada de Venezuela.

Pero cada tanto los chicos se vuelven “inestables”, sacan los pies del plato y ya no se puede entrar en razón con ellos. Están en ese lugar donde los llevó el paco. Esa sustancia altamente adictiva cuya “persistencia en su consumo puede causar trastornos irreparables en la salud y, por dosis elevadas, la muerte”, como detalla el documento presentado por los curas villeros que les valió la amenaza de los narcos.

Isabel Vázquez, una de las fundadoras de la Red de Madres contra el Paco, todavía llora la muerte de su hijo Emmanuel, asesinado en febrero por un sicario de los transas de su barrio, Villa Lamadrid, en Lomas de Zamora. Ante el reclamo de aumentar las penas para los menores, Isabel se hace muchas preguntas. “Es fácil echarles la culpa a los pibes. Pero, ¿quiénes son los que llenaron de drogas y armas al país? ¿Quién se las da? ¿Quién libera zonas? ¿Quién tiene la logística para saber quién tiene un auto o qué casa robar? Esto está muy bien preparado y por adultos. La policía, al menos, es cómplice.”


Informe: Leandro Filosof

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