jueves, 27 de mayo de 2010

LOS VIENTOS DEL PRO VOLARON LOS TECHOS


En Capital crecen las villas, los asentamientos y los desalojos. El déficit habitacional porteño afecta a medio millón de personas y sigue en ascenso, al igual que los desalojos. Sin embargo el gobierno porteño intentó recortar más de la mitad del gasto en vivienda y subejecuta lo poco que queda.


Por Eduardo Blaustein

La célebre foto y el spot con la piba villera en un basural. La reiteración del “tengo una propuesta” en el debate televisivo con sus competidores Daniel Filmus y Jorge Telerman. La incorporación generosa del sustantivo “inclusión” a su discurso de campaña. La promesa estratégica de ocuparse del sur de la ciudad. La de urbanizar las villas, la de barrer el paco. Y sobre todo la garantía de que iba a convertirse en un gran gestionador.

A casi un año y medio de asumir el cargo, no sólo que Mauricio Macri incumplió con los anuncios de campaña sino que se multiplicaron los desalojos, crecieron villas y asentamientos, se agravaron los problemas de habitabilidad en edificios construidos por el Estado 30 o 40 años atrás. Los 400 a 500 mil vecinos afectados por el déficit de vivienda superan largamente en número el total de habitantes de la ciudad de Santa Fe. Pese a eso, ya en el 2008 el presupuesto dedicado por el gobierno porteño a programas de radicación de villas fue de 112 millones de pesos contra los 145 del 2005. Mientras que en el 2009, sobre esa baja, el gobierno intentó aplicar otra reducción del 55,5%. Los datos forman parte de un análisis presupuestario realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

Es cierto que el problema de la vivienda en Capital es histórico, estructural y que debe ser abordado a escala metropolitana y nacional. Además de tiempo, para ser encarado necesita de una potencia y un nivel de audacia y escala que ningún gobierno se atrevió a aplicar. Se necesitan también recursos cuantiosos. Respecto de los recursos, Mauricio Macri ya se encargó de echar responsabilidades a la crisis global, la falta de financiamiento y de respaldo del gobierno nacional. Sin embargo, asumió durante el ciclo de reducción de la pobreza, del boom constructivo, con niveles altísimos de recaudación y manejando un presupuesto récord de 13 mil millones de dólares. Macri obtuvo además de la Legislatura superpoderes para poder agilizar, precisamente, el manejo de fondos destinados a obra pública.

El problema de su gestión no es de penuria fiscal, no es inercia, no es Estado bobo, sí perverso. Macri no hace la plancha –ejercicio que se le reprochaba a Ibarra– sino que lleva adelante una política regresiva. Es lo que aparece demostrado en el trabajo de Acij, elaborado por Luciana Bercovich y Nuria Becú, cuando se leen los datos de lo que pretendió ser una reducción del 55,5% en parte del presupuesto destinado a políticas habitacionales, el 45% del cual pasó a la órbita de la Corporación del Sur, lo que implica entre otras problemas, que se verán más abajo, sincerar que apenas si existirán recursos por ejemplo para la inmensa Villa 31.


La lógica del recorte. El intento de cortar a la mitad el monto destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad fue rechazado por la oposición. Según explicó Facundo Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad, de los análisis comparativos hechos por la oposición se desprendía que para el 2009 el Ejecutivo “sólo destinaba al área de vivienda el 2,45% del total del presupuesto de la Ciudad, mientras que en años anteriores esa cifra superaba el 5%”. Tras broncas y discusiones, la oposición consiguió aumentar en casi 250 millones el presupuesto dedicado a vivienda.

Cuando en la web oficial del Gobierno de la Ciudad se buscan las obras “en ejecución” no se muestran cifras sino meras imágenes de planos y edificios. Cuando se va a “obras finalizadas”, sucede lo mismo. Mediante otro linkeo se informa que “el 5,8% de los hogares y el 6% de las personas habitan en una vivienda de tipo inconveniente; es decir, deficitaria o pieza en hotel o pensión”. Son cifras más que dudosas.

El 26 de abril pasado, tras las amenazas sufridas por el padre Pepe, cura villero, Macri desmintió esos mismos números oficiales en una entrevista que concedió a C5N: “En diez años de ladriprogresismo –declaró– nos fuimos de cien mil personas viviendo en condiciones deplorables a casi 400.000”. Esa cifra, no el proceso que describe, sí se acerca a la real. La explicación, dijo Macri, es “el descontrol”. Del efímero discurso de la inclusión Macri pasó en C5N al tradicional registro xenofóbico: “Primero: la Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como en su casa y se instala, pum, en el conurbano o en las villas de Capital”. Entre una apuesta discursiva y otra, un año atrás su gobierno exploró o improvisó, desde la pura comunicación (y la ideología), la posibilidad de convocar a una consulta para que fueran las clases medias y medio-altas las que cargaran con la responsabilidad de decidir una erradicación masiva de la villa 31.


Los números escondidos. El solo hecho de que las cifras del déficit habitacional en Buenos Aires sean motivo de controversia o huida revela un tipo de invisibilización que trasciende a la gestión Macri y a la política para imbricarse en un problema cultural. El tema no está en la agenda de (casi) nadie, aunque sí en la vida cotidiana de centenares de miles de olvidados. Un documento particularmente exhaustivo y reciente sobre el tema fue publicado a cuatro manos entre la Asesoría General Tutelar (AGT) y el Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Cels, empleando como insumo principal un trabajo de campo realizado por Karina Kalpschtrej. Allí se enumeran las estadísticas contradictorias aportadas por distintas fuentes:

-Según la página web del Instituto de la Vivienda de la Ciudad 96.974 personas habitan en villas. Si se tiene en cuenta a los vecinos de Núcleos Habitacionales Transitorios y asentamientos, suman 129.029.

-La Encuesta Anual de Hogares 2006 indica que sólo la población villera sería de 124.057 personas, el 4,1% de la población de la Ciudad.

-La Sindicatura General de la Ciudad elevó ese total a 170.397 para el año 2007.

-Pero dos organizaciones no gubernamentales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Derecho a la Vivienda y contra Desalojos (Cohre), afirman que “los datos provenientes de los medios de comunicación masivos dan cuenta de un fenómeno numéricamente mayor: 182.000 personas aproximadamente vivirían en villas de emergencia”.


A estos totales hay que sumar 12.102 personas viviendo en los viejos Núcleos Habitacionales Transitorios construidos durante el Onganiato, 178.520 habitantes que malviven en inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas y otros 28.885 en conjuntos urbanos edificados hace años también por el Estado nacional, en general a través del Fonavi, para paliar el problema del déficit habitacional (barrios históricamente degradados como Cardenal Samoré, Copello, Soldati, Luis Piedrabuena y otros).

En otro trabajo de largo aliento, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad estableció en 2006 la existencia de 24 asentamientos. Apenas un año después, la Sindicatura de la ciudad elevaba ese total a 62.

En algún momento fugaz en que los problemas de la Villa 31 de Retiro llegaron a los medios, Horacio Rodríguez Larreta se defendió diciendo que su gobierno construyó 1200 viviendas. Incluso ese número, irrisorio en la comparación con los datos estructurales, es objetado por la oposición porque se trata de obras iniciadas por gestiones anteriores. En abril, dos legisladores de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes y Facundo Di Filippo, denunciaron que “hay obras inactivas, que no se concluirán en los plazos previstos. Son obras licitadas e iniciadas hace cuatro y cinco años”. Ambos agregaron que Macri “no empezó la construcción de ninguna vivienda, pese a que durante la campaña electoral prometió hacer 5.000 por año”.

Lo mismo sostiene Luciana Bercovich, de Acij: “Salvo algunas obras pequeñas que se comenzaron por orden judicial, el resto son viviendas comenzadas en gestiones anteriores”. En la Villa 31 bis, añade, se inicio una red troncal de agua pero no se cumplió hasta ahora “con una orden judicial que ordena hacer las obras necesarias en cuatro manzanas que se encuentran en riesgo sanitario”.


“No hay plata”. En el blog del ex ministro de Educación Daniel Filmus puede leerse esto: “El presupuesto 2008 de la Ciudad de Buenos Aires es de 13.103 millones de pesos. De los 3014 millones para obras Macri debería haber gastado en los seis primeros meses de gestión el 50%, unos 1500 millones. El Gobierno de la Ciudad gastó sólo el 15,16%, el equivalente a 457 millones de pesos. En Emergencia Habitacional, Promoción Social y Hábitat, gastó el 2%”.

Para el economista y legislador porteño Martín Hourest, el déficit habitacional porteño no es de 400 mil viviendas sino de medio millón y afecta a más del 15% de la población. Hourest y Filmus coinciden con toda la oposición en el asunto de los problemas de subejecución de recursos del gran ejecutor Macri. El primero añade más precisiones. La primera, que la recaudación del gobierno durante el 2008 fue extraordinaria: “un 36% más en Ingresos Brutos; un 93,7% en ABL y alrededor del 41 en Patentes”. La segunda tiene que ver con el rediseño de áreas y políticas de gobierno. Macri intervino al Instituto de Vivienda de la Ciudad, traspasó sus facultades a la Corporación del Sur, pero a ésta, dice Hourest, “la han utilizado para hacer negocios inmobiliarios. Como no tiene mecanismo de control directo, se toman medidas pero no hay una revisión parlamentaria, nadie sabe qué está pasando allí. Y ahora, cada vez se le dan más facultades, tiene más terrenos, el fondo fiduciario y un nuevo régimen de contrataciones. Es como si fuese un Estado dentro del Estado”.

Sobre las opacidades de este rediseño institucional, la gente de Acij añade: “Nos encontramos con organismos competentes sin presupuesto y organismos o entidades sin competencias ni obligaciones legales pero con partidas asignadas”. Los legisladores de la oposición aún esperan frenar la modificación de funciones del IVC y las transferencias de competencias a la Corporación del Sur y a la Unidad de Gestión en Intervención Social (Ugis),

Además del crecimiento del déficit de vivienda, que la gestión Macri pretende combatir bajando a la mitad los recursos destinados a paliarla, en los últimos tiempos se multiplicaron los desalojos. Lo que se repite es ese viejo ciclo dramático en el que desalojados de hoteles, inquilinatos o asentamientos terminan sumándose a la población villera o a la que vive en la calle. En el 2006 la Justicia Nacional Civil vio ingresar 4.833 causas por falta de pago de alquiler, hipoteca o vencimiento de contrato (1.976 sentencias dictadas). A fines del 2007, 2.300 familias estaban en situación de ser desalojadas. Y para la primera mitad del 2008, ya eran 4.772 familias las que se vieron obligadas a solicitar un subsidio. Los datos forman parte del documento elaborado por el Cels y la Asesoría General Tutelar.

Un caso paradigmático de esos viajes a ninguna parte de las familias sin casa se dio tras el incendio de Villa Cartón, en el que murieron dos bebés. Desde el 17 de abril, luego de que fueran desalojados en dos días del centro de evacuados del Parque Roca, cientos de sintecho encaran una nueva transición, con subsidios transitorios, esparcidos transitoriamente en distintas villas.
Por ahora Macri tiene cómo defenderse: además de la invisibilización persistente, los medios están lejos de ensañarse con su gestión, su publicidad es aún más cuantiosa que aquella que tanto impugnó en tiempos de Aníbal Ibarra y no ha habido demasiado escándalo por el grupo de tareas que emplea a la hora de barrer con los indeseables de las calles, la Unidad de Control del Espacio Público. Sin embargo, se acerca un test interesante: si hoy la lupa está puesta en lo que pase con el kirchnerismo en la provincia, será interesante saber también qué sucede con el electorado en Capital.

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