Todo comenzó mientras resonaba fuerte el sonido de las cacerolas. No las de teflón del año pasado, sino las que habían estallado en diciembre del 2001. Como tantos otros, un grupo de vecinos se comenzó a reunir en Lacarra y Directorio, en Parque Avellaneda. Dieron sus primeros pasos como asamblea barrial y terminaron poniendo en jaque a importantes empresas que utilizan mano de obra esclava, como en estos días hacen con la firma Kosiuko. Una olla popular fue el primer fuego que encendieron. Recuperaron una antigua pizzería abandonada, llamada La Alameda, ubicada frente a la esquina donde se juntaban. De ahí tomaron el nombre. Luego de resistir desalojos, transformaron el edificio derruido en un centro comunitario. Empezaron a nuclear a familias bolivianas que acudían desesperadas con una historia recurrente: habían caído bajo las garras de talleres textiles clandestinos que producen para grandes marcas, con jornadas de hasta 20 horas diarias, en muchos casos sin poder salir nunca y durmiendo hacinados en el mismo lugar.
Liderados por el docente Gustavo Vera, los asambleístas comenzaron con una tarea de denuncia y organización. Además de un comedor comunitario y de talleres educativos, se propusieron acabar con el trabajo esclavo del que se aprovechan algunas empresas, al tiempo que armaban la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre para hacer su propia producción.
En el segundo piso de la sede de La Alameda una docena de personas trabaja, mientras suena una FM de la colectividad boliviana. “Estamos haciendo remeras para un encargo, pero también tenemos nuestra marca, Mundo Alameda”, cuenta orgullosa Mónica Frías a Veintitrés. Esta paceña de 40 años sufrió en carne propia la explotación más extrema. Sentada frente a una máquina overlock que La Alameda consiguió por el Plan Manos a la Obra, cuenta su historia. “Trabajaba junto a mi marido en un taller que producía para las marcas Lacar, Montagne y Rusty. La jornada comenzaba a las 7 de la mañana y terminábamos a la 1 de la mañana. Sacábamos 500 pesos por mes. Nos tenían bajo llave, encerrados. A mis niños no los dejaban ni salir al patio ni llevarlos al médico, hasta que el patrón nos rajó porque protestábamos y se quedó con nuestros documentos. Durante medio año trabajamos gratis para pagarle lo que había puesto para que viniéramos de Bolivia.”
Con el tiempo, Frías pudo conocer otra realidad. “En ese momento no teníamos posibilidad de saber, pero luego supe que las camperas por las que nos pagaban un peso cincuenta las vendían a 300 pesos. ¡Tanto tiempo trabajando sin saber la diferencia que le sacaban a cada prenda!”, recuerda Mónica todavía indignada.
Las cosas mejoraron para Frías y su familia. “Me acerqué con mis hijos a La Alameda por el comedor y terminé trabajando en el taller de costura. Esto es un cambio total, cobramos ocho pesos por hora y trabajamos ocho horas diarias cinco días a la semana; si hay mucho trabajo, medio día del sábado. Trabajamos como se debe trabajar y ganamos lo que debemos ganar. Y luchamos para que no haya más trabajo esclavo.”
Su compañera, Olga Cruz, es oriunda de Sucre, en donde llegó a ser dirigente de las empleadas domésticas. Cuando vino a la Argentina, le quedó la conciencia de la importancia de organizarse. Ella no sufrió la explotación en talleres clandestinos de costura, pero si como verdulera o trabajando en limpieza. Fue de las precursoras en el emprendimiento productivo de La Alameda y está orgullosa de la lucha. Cuenta que la policía los desalojó, que finalmente recuperaron el edificio y están a la espera de la expropiación definitiva. Mientras tanto, la sede fue reciclada a fines del año pasado, cobrando aún más vida. En palabras de Cruz, lo que los motiva es “hacer entender a los inmigrantes que tenemos los mismos derechos que cualquier argentino”.
Néstor Escudero, uno de los referentes de la asamblea, comenta que en estos días se encuentran abocados a denunciar “que la marca Kosiuko sigue utilizando trabajo esclavo (ver recuadro), así como la explotación que sufren niños en Mendoza en la producción de ajo y en todo el campo en general”.
Antes de entrar en La Alameda, Escudero era empleado de limpieza en una fábrica. Ahora trabaja de cortador en la cooperativa de la organización. “La industria textil, valga la paradoja, tiene mucha tela para cortar: el 70 por ciento de los trabajadores está en la informalidad. La explotación extrema es estructural. Grandes marcas como Soho, Cheeky y Awada, entre muchas otras, utilizan mano de obra que está en las peores condiciones”, explica, para luego agregar que fundaron la Unión de Trabajadores Costureros para pelear contra esta realidad.
Entre las 81 marcas denunciadas por La Alameda figuran, además de las ya mencionadas, otras firmas conocidas: Graciela Naum, PortSaid, Coco Rayado, Akiabara, Normandie, Claudia Larreta, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Kill, Yagmour, Ona Saez, Duffour, Chocolate, 47 Street, Bensimon y Le Coq Sportif.
La Alameda se ha transformado en una suerte de fiscalía del pueblo, comentan sus militantes. A raíz de la actividad de denuncia que realizan desde hace unos años contra las marcas de ropa que explotan inmigrantes, les fueron llegando más historias sobre personas reducidas a condiciones de servidumbre en otras ramas de la economía. De esta manera establecieron una fuerte alianza con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, una organización que nuclea a cartoneros.
“Cuando en marzo de 2006 se incendió un taller clandestino en Caballito y murieron seis personas, muchos empezaron a ver que teníamos razón”, recuerda Escudero, y se lamenta porque los sobrevivientes y familiares de las víctimas no recibieron ninguna indemnización. “En un origen, nos concentramos en el rubro textil, pero nos dimos cuenta de que hay mecanismos similares que se usan en la trata de personas para la explotación sexual.” Eso devino en una nueva oleada de escraches contra cabarets donde chicas menores estaban presas de las redes de la trata. En esos centros de oferta de prostitución, según denunciaron los vecinos, operan también narcos. “Estos lugares se encuentran en las inmediaciones del Departamento Central de la Policía Federal. Existe connivencia entre los proxenetas y la policía”, afirma Escudero, quien detalla que se articularon con madres que buscan rescatar a sus hijas de las redes de trata.
Para afinar la puntería en la actividad de denuncia, la asamblea decidió formar la Fundación Alameda, a la cual se sumaron especialistas en derecho, como el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, e inclusive ex funcionarios municipales de los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. “Combinamos herramientas jurídicas, gremiales y periodísticas para darles más sustento a nuestras denuncias”, relata Escudero. El equipo, que es intermitente y que está formado también por costureros rescatados de los talleres clandestinos, realiza una tarea de investigación que incluye la utilización de cámaras ocultas.
Las múltiples acusaciones realizadas por La Alameda en la Justicia y en los medios trajeron sus consecuencias. “Hemos sufrido varios ataques por parte de los dueños de los talleres clandestinos. En una oportunidad aprovecharon que estábamos escrachando whiskerías donde hay menores y quisieron quemar el centro comunitario, mientras los policías de la comisaría 40, a los que denunciamos por cohecho, liberaban la zona.” Sin embargo, los ataques no los paralizan: “Al miedo le oponemos la participación. La queja debe ser activa. Existen dos sistemas: el de la ley, que respetamos los ciudadanos, y el de la trampa, la servidumbre y el fraude, que es en el que se manejan los dueños de las empresas que basan sus ganancias en el trabajo esclavo. No es exagerado hablar de esclavitud, reducen a la gente a la servidumbre con formas de otra época y eso es una fuente de ingresos para muchos capitalistas. Nosotros queremos golpear al segundo sistema”, declama Escudero.
Al calor de la pelea entre las patronales del campo y el gobierno nacional a raíz de las retenciones móviles, La Alameda abrió un nuevo frente: “Ninguno de los dos sectores que se enfrentan se hace cargo de la explotación infantil que hay en el campo. El año pasado un grupo de vecinos de Pilar nos trajo toda la información sobre la explotación que sufren niños en las granjas avícolas, como en una que se llama Nuestra Huella, donde los chicos trabajaban sin ninguna protección, pisando guano descalzos, sufriendo enfermedades porque preparaban los venenos, con cuadros alérgicos graves. Tomamos el caso y lo hicimos público. A raíz de esto, se logró que blanquearan a los adultos y que dejen de trabajar los chicos”, cuenta Escudero.
En esa línea, se contactaron con los trabajadores ajeros de Mendoza. “Los dueños de empresas como Campo Grande hacen trabajar a todo el grupo familiar en condiciones pésimas, generalmente se aprovechan de los inmigrantes.” Una situación similar, agrega Escudero, se produce en fincas que producen fruta en la provincia de Buenos Aires.
“En la discusión entre el campo y el Gobierno no se puede obviar el tema del trabajo infantil”, reclama el asambleísta, algo que por ahora parece estar fuera de la agenda en las polémicas sobre la política agraria estatal.
El camino que tienen por delante en La Alameda no es sencillo. Eligieron comenzar por el eslabón más débil, el de los más explotados, los trabajadores esclavizados. A casi doscientos años de que la Asamblea de 1813 aboliera la esclavitud, la tarea que les espera es titánica. El mismo Estado admite que el 40 por ciento de los asalariados no están regularizados y no parece haber en ninguna de las fuerzas políticas con posibilidades de gobernar un proyecto serio para revertir la situación. Los integrantes de la asamblea saben que la informalidad es un caldo de cultivo para que patrones inescrupulosos se aprovechen de las necesidades de trabajadores y los esclavicen. Y prometen seguir con las denuncias y con su trabajo comunitario, en oposición a la voracidad de quienes quieren enriquecerse a costa de la sangre, sudor y lágrimas de sus empleados.
Más información http://laalameda.wordpress.com o http://www.mundoalameda.com.ar/
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