A modo de saludo, aquel uniformado no le dedicó una frase rebosante de cordialidad: “¡Negro puto!”, fueron sus exactas palabras, y sopladas entre los dientes, mientras uno de sus compañeros le hacía probar los nudillos.
–¿Está cerrado el comedor al que vas que estás tan sucio?, lo verdugueaba un tercero.
M.R. caminaba sólo a las ocho y media de la noche del 11 de julio en La Plata. Frente a la sede provincial de Anses, en 3 y 48, cuando tres policías de la comisaría 1° se bajaron de la patrulla, lo esposaron y empezaron a golpearlo. El kiosco de enfrente estaba lleno, pero nadie intervino.
Le achacaban un robo pero no le encontraron nada. Llegó un segundo móvil que lo cargó rumbo a la seccional. La paliza continuó en el auto, dándole la cabeza contra el vidrio trasero, y en el calabozo: antes de requisarlo lo patearon en la nuca, le pisotearon las costillas, y le dieron la cabeza contra la pared de un horno de la comisaría. El escarmiento llevaba una advertencia como música de fondo: que se fuera “a molestar a otra jurisdicción”.
Amenazaron con plantarle un fierro. “Me decían ‘yo te encontré un revólver’”, contó el menor. Lo hicieron firmar “dos papeles largos” que no leyó. Después lo devolvieron a la celda donde estuvo engomado hasta la madrugada; entonces lo llevaron a un Instituto de Menores. Se bañó, comió algo, y se fue otra vez para el centro. Podía hacerlo: no había cometido ningún delito. M.R. tenía 14 años aquella noche helada de julio. Azotado por la policía, al único abrigo de un vino en caja con el que se quedó “escabiando un poco”, terminó esa jornada como todas las anteriores: acurrucado en el palier de algún edificio.
El episodio fue denunciado por el menor al día siguiente en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 6, a cargo de Marcelo Romero. En su testimonio, dio las descripciones físicas de los cuatro efectivos de la comisaría 1° que lo habían agredido, a quienes aseguró reconocer, dando incluso el nombre de uno de ellos y señalando “a un par que antes eran ‘los bicicleteros’ pero ahora andan en móviles”. Pero el fiscal Romero, siempre implacable cuando aplica la ley para dispersar cortes de calle, no avanzó un ápice en la pesquisa.
Víctimas peligrosas. El hostigamiento incesante –en forma de golpes, aprietes o amenazas– que muchos oficiales de calle les hacen sentir a los pibes pobres que paran en las esquinas de la provincia, es parte del desprecio habitual pero también puede ser la preparación del terreno para un fin más abyecto: reclutarlos como mano de obra para el delito, reteniendo una tajada generosa como una de las vías clandestinas de financiamiento.
“La repetición de apremios a menores –vía contravención o averiguación de identidad– y el paso por comisaría, posibilita que la policía comience a insinuarle a los pibes algunos trabajillos, so pena de castigos constantes. Estos trabajos van desde buchoneos, peajes, cánones por la liberación de la zona u otros más complejos: reclutamiento directo con marcación de casas. Muchas veces los pibes se zarpan, la policía les suelta la mano y como ya los tienen prontuariados, los mandan a detener de una manera muy sencilla: arman unos identikits y algunos informes policiales que dicen ‘no sería ajeno al hecho fulanito’, el juez ordena el allanamiento y encuentran cosas vinculadas con el delito”, explica una fuente judicial que integra el nuevo Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Varios casos resonantes en barrios residenciales responden a esa dinámica. El crimen del ingeniero Barrenechea es el leading case: movimientos rápidos y planificados, sin presencia policial a la vista y para colmo, un juego de llaves con las que abrieron una puerta de servicio. Después, lo conocido: los medios multiplican la tragedia disociándola casi siempre de sus causas sociales, inflaman discursivamente la mano dura preguntando las soluciones a los deudos doloridos, y la policía sale a buscar culpables con los prontuarios en la guantera, como el tiburón que huele sangre: en el caso del ingeniero, extraídos de un expediente que tramitaba en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro, donde se habían vinculado a bandas de menores de 12 ó 13 años que venían de otros partidos a robar con sospechosa tranquilidad, reclutados por un narcotraficante de apellido Agüero y apodo Tatula. En esas fichas estaban marcados Kitu –cuya relación con la fuerza quedó expuesta–, Jhonatan y el chivo expiatorio de la causa –según denuncia su abogada–: Brian.
Con matices, el modus operandi se repitió en el crimen de Santiago Urbani, en Tigre, y los familiares de Luciano Arruga denuncian a los cuatro vientos que la patrulla de calle de Lomas del Mirador le había ofrecido trabajar para ellos.
En enero de 2009, en Villa del Plata, un barrio de descanso de Ensenada, los indicios llegaron más lejos: la propia secretaria de gobierno del municipio denunció en la causa “IPP 2577-09” que investiga la UFI del Joven al jefe de la Distrital de La Plata, Roberto Castronuovo, por retirar los patrulleros antes de dos robos a quintas en la que los rehenes de uno de ellos fueron torturados. “Entendemos que es el responsable de que Ensenada se haya convertido en una zona liberada al delito”, dijo a la prensa local el concejal Martín Slobodián. Y se movilizaron junto a los vecinos para escarchar “a los jueces de menores que los liberan a la media hora”.
Así las cosas, el termómetro de la calle nunca se condice con los índices delictuales: según datos de la Procuración provincial, de los 337.977 delitos denunciados durante los primeros seis meses de 2009, sólo 13.728 (4 por ciento) fueron cometidos por menores. De esos 13.728 delitos –que incluyen los que han sido en grado de tentativa– sólo 141 son homicidios, lo que representa un 1,02% del total.
Las 26 en La Plata. El juez contencioso administrativo Luis Arias denunció esta modalidad judicial y la pasividad judicial. Stornelli, que intenta recuperar el poder de policía sobre los menores, perdido en 2008 cuando se creó el Fuero Penal Juvenil, lo denunció ante la Justicia. El segundo dato es comprobable. Sólo en el Departamento Judicial de La Plata, Miradas al Sur tuvo acceso a una lista de al menos 26 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en las que se denuncia hostigamiento policial a menores, se develan rastros claros de reclutamiento, pero nunca se investiga el trasfondo policial.
La causa de los vecinos de Villa del Plata, en la que el propio municipio denuncia la zona liberada, es una de ellas. El resto de las investigaciones naufragan en las UFIs de delitos complejos de La Plata, en la del Joven, en la N° 1, 2, 4 –a cargo de Fernando Cartasegna, quien tiene la mayoría–, 6, 7, 8 y 11.
En una de ellas, se acumularon tres causas por el violento ataque de un escuadrón parapolicial, con palos y capuchas, que atacó el año pasado a un grupo de 12 chicos con denuncias de robos; la prensa los estigmatizó con el mote de “La banda de la frazada”, porque dormían en a Plaza San Martín, frente a la casa del Gobernador. En los expedientes se identificó a una civil que era policía, se vinculó a empleados de una carnicería que unos días antes habrían sido asaltados por los pibes y se identificó a policías que lastimaron a los chicos, pero la fiscal Virginia Bravo no exhibió los legajos fotográficos a las víctimas. En otra, el propio Stornelli denuncia la connivencia por el testimonio de una maestra del conurbano que ve a un chico bajar de un patrullero antes de forzar el baúl de un auto.
En la jurisdicción La Plata, escenario que parece extensible al resto, ninguno de los fiscales de adultos investiga a fondo las denuncias de los menores o sus familiares sobre el rol de la policía en el delito. La mayoría de los fiscales juveniles, por su parte, encausan a los jóvenes escindiendo la cuestión más compleja, que es el contexto de carencias del cual los pibes salieron, en el que viven y tal vez no saldrán jamás. “La responsabilidad es del Ministerio Público por no aplicar una política seria respecto del tema. Es decir, que en vez de poner todos los recursos a investigar cada delito juvenil en forma parcializada, fragmentada, se busque también pensar en términos logísticos, estratégicos, en Unidades Fiscales Complejas que recabe la información, y vincule los hechos entre sí”, agrega la fuente judicial. Pero en la Procuración nadie atendió a este diario.
La militarización del espacio público, queda claro, no es la solución al problema. Tampoco el endurecimiento normativo, una cruzada advenediza del sciolismo con la baja en la edad de imputabilidad como mascarón de proa, que promoverá un mayor margen de acción y laxitud en los controles sobre la policía y puede derivar, paradójicamente, en la proliferación del robo para la corona.
Cada tanto, los adolescentes quieren salirse del negocio, pero la televisión ya los ha convertido en enemigos públicos. Para sus empleadores en la sombra, se vuelven obsoletos. En tal caso, la desvinculación es sencilla y sin telegrama: un tiro en la nuca en cualquier baldío. Mientras, las causas judiciales que podrían develar esta trama mafiosa duermen en los cajones de la justicia bonaerense que, cómplice o temerosa, parece no estar dispuesta a tirar del hilo.
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