PRIVADOS HASTA DE LIBERTAD

La Defensoría General de la ciudad denunció que el 10 por ciento de los contraventores detenidos para identificación son menores. En su mayoría son chicos de bajos recursos, que se dedican a la venta ambulante o el cartoneo.

Por Eduardo Videla

En la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, con el aval de los fiscales contravencionales, detiene a niños, niñas y adolescentes para identificarlos a ellos o a sus padres, posibles imputados de una contravención. Desde septiembre del año pasado hasta el 31 de marzo último, fueron privados de su libertad durante algunas horas 39 menores de 18 años, que son inimputables para la ley. La denuncia fue realizada por el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, a partir de datos relevados por la flamante Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, que depende de la Defensoría.

Según Kestelboim, no son sólo los niños y adolescentes el blanco de la actuación policial. También los inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen documentación del Mercosur (bolivianos y peruanos, en su mayoría), que son privados de su libertad durante horas para su identificación, no por ser sospechosos de delitos sino por estar imputados por una contravención, como la venta ambulante o la oferta de sexo en la vía pública.

El centro de detención está ubicado en una denominada Oficina Central de Identificación, que funciona en el edificio que la Justicia porteña tiene en Combate de los Pozos 155, a media cuadra del Congreso. En su interior, además de calabozos, hay una sala de espera para los presuntos infractores detenidos, un recinto vidriado al que llaman “pecera”, destinada al personal de seguridad, y el llamado Centro de Espera de Niños, Niñas y Adolescentes Detenidos (sic), donde deben esperar los chicos que son privados de su libertad.

–¿Por qué hay niños detenidos si los menores de 18 años son inimputables en materia contravencional, según la ley? –preguntó este diario.

–Allí son llevados los niños que están con su padre o con su madre, acusados de ser contraventores y que no han sido identificados en la calle, porque no tienen documentos. Y también chicos que son acusados de contraventores y que no llevan documentación personal –explica Kestelboim.

–Entonces ¿no se priva de la libertad a chicos o jóvenes imputados de ser contraventores?

–Sí, aunque la policía sabe que los menores de 18 son inimputables, a veces los traen detenidos para acreditar su identidad. En general son chicos que trabajan como cartoneros, a los que sorprenden con una trincheta, que usan para cortar los cartones y les hacen un acta por portación de arma impropia. O a los que venden baratijas entre los autos los acusan de venta ambulante –aclara Magdalena Gainn, secretaria de la Defensoría.

“Los niños que son detenidos con su padre o su madre no pueden ser retirados por otro familiar, aunque cuente con autorización de su progenitor”, relata Gainn. Ella misma y su personal se encargan de atender a los niños durante su permanencia involuntaria, de organizar juegos y facilitarles materiales para hacer dibujos como el que ilustra esta página, realizado por una nena de seis años a cuya mamá la policía le secuestró la mercadería que vendía en la calle y la llevó detenida. “Policía malo”, identifica la nena a cada uno de los agentes de su ilustración. “Ce llebó nuestras cosas de mamá”, escribe en el papel que está pegado en la oficina de la Defensoría.

Para afrontar esas situaciones, Kestelboim aprobó una serie de Criterios Generales de Actuación para orientar el accionar de los defensores oficiales que de él dependen, “sin perjuicio de la autonomía con la que ellos cuentan”, aclara. En uno de ellos se establece que “en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los defensores públicos deberán solicitar la conclusión del proceso por inimputabilidad del menor”.

De acuerdo con la ley, las personas que son trasladadas para su identificación no pueden estar privadas de la libertad más de 10 horas. En ese lapso, el personal policial toma las huellas dactilares y las remite para constatar antecedentes. En ocasiones también se hace la constatación de domicilio del presunto infractor.

Antes de la existencia de la Oficina Central de Identificación, los indocumentados eran llevados a las comisarías. El año pasado, ante la evidencia de que cotidianamente eran trasladadas personas a esa oficina, y que muchos de ellos eran niños, la Defensoría creó la Oficina de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, con el objetivo de poner a disposición de los detenidos el servicio de defensa pública en caso de que lo necesiten.

Esta oficina se puso en marcha el 10 de septiembre último. “Hasta entonces, durante ocho años pasó lo mismo pero nunca se supo”, observó Kestelboim. Desde entonces, lleva estadísticas de las personas privadas de su libertad para su identificación: al 31 de marzo, suman 413 las detenciones. De ese total, casi un 10 por ciento fueron niños, niñas o adolescentes. La mayor parte de esas intervenciones se produjeron por presuntas infracciones al artículo 83 del Código Contravencional, que sanciona el “uso indebido del espacio público”, una figura que castiga la venta ambulante. De esos 39 niños que terminaron presos, seis se encontraban acompañando a sus padres y al ser éstos detenidos, quedaron privados de su libertad. Otros 33 quedaron acusados por ser presuntos contraventores: venta de portacelulares, limpiavidrios, cartoneros. pero la causa se archivó por ser inimputables

De acuerdo con las estadísticas de la Defensoría, una de cada cuatro detenciones se produjo por venta ambulante; el 20 por ciento por oferta de sexo en la vía pública y un 10 por ciento por utilizar armas no convencionales, entre ellas, el cutter de los cartoneros. Le siguen los encausados por ensuciar bienes: son las personas que suelen orinar en la calle, en muchos casos porque carecen de acceso a baños públicos. Esas contravenciones son aplicadas, por lo general a personas carentes de recursos, como vendedores ambulantes o de artesanías, limpiadores de vidrios, cuidacoches. “Son todos trabajadores precarios que requieren de la defensa pública para salvaguardar sus derechos y garantías”, dicen en la Defensoría.

Los números de la Defensoría revelan además que casi la mitad de las detenciones –un 48 por ciento– correspondieron a inmigrantes y “se produjeron independientemente de contar con documentación en regla, es decir, con residencia legal”. La mayoría de ellos fueron bolivianos y peruanos.