LA MIRADA DEL OBSERVADOR

Visita del relator especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU Ardía la tarde en el meollo de la Puna jujeña.

Por Exequiel Siddig

Un delantero maimará ya había tomado envión para patear el tiro libre, cuando los 22 jugadores oyeron el aleteo del helicóptero sobre sus cabezas. Esperaban al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que venía adentro. Mientras el aeroplano comenzaba a girar para el descenso, un debate tardó en zanjarse dentro de la cancha: ¿debían detener la jugada o que el invitado esperase? La anécdota sirve para reflejar la ambigüedad con que fue recibida la presencia de James Anaya en Argentina, el jurista norteamericano egresado de la Universidad de Harvard que ocupa ese cargo en Naciones Unidas desde mayo de 2008.Anaya visitó comunidades indígenas de la Patagonia y el Norte argentinos, además de autoridades nacionales y provinciales, y representantes de organismos de derechos humanos. Estuvo en el país entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre pasados, gozando de la política de “puertas abiertas” que Argentina mantiene con el organismo internacional, condición que no se replica en otros países: en Bolivia, por ejemplo, su visita está virtualmente considerada non grata y requiere de un aval especial. La presencia de Anaya reverdeció aquí un debate que cada vez se torna más complejo al interior del movimiento indígena, que de por sí es muy diverso y no cuenta por ahora con una representación federativa legitimada por los propios actores.Miradas al Sur conversó con activistas del movimiento indígena y funcionarios sobre los intereses y la ideología que representa el relator “independiente”; quiénes prepararon la agenda de su visita y cómo juegan en el tablero de la política nacional; cuáles son las concepciones de desarrollo indígena de los programas de financiamiento de las instituciones multilaterales de crédito; y cómo se estructura la política exterior norteamericana, desde Bush a Obama, respecto de los pueblos originarios de América latina. Antes, habrá que repasar algunas cuestiones.Cristinucurá. Con la visita de Anaya, la disyuntiva para las comunidades pasa por avanzar hacia el fortalecimiento y organización del movimiento indígena hacia el interior o buscar la salvaguarda en el sistema de agencias multilaterales. “Lo que veo que va a pasar ahora –dice Leufuman– es que va a empezar un tour de indígenas argentinos a cada conferencia de la ONU diciendo que estamos mal.” La política Verónica Azpiroz Cleñan, de la Red de Salud Mapuche, opina de manera similar. “Si bien nuestros pueblos caminan en la contradicción entre un modelo extractivo de producción capitalista y la validación jurídica de la propiedad comunitaria de la tierra, sabemos reconocer dónde nos corresponde ubicarnos a la hora de definir un posicionamiento político. Y sabemos también cada uno de los pendientes que tiene el Estado con nosotros”.Cleñan hace referencia de algún modo al clivaje que se produjo al interior del movimiento indígena cuando la Presidenta los convocó para que participaran del Bicentenario. El 20 de mayo de 2010 fue una fecha histórica, con 600 descendientes de pueblos originarios en Casa Rosada. Ese día, el PEN firmó tres decretos, entre los cuales estaba el 700, por el que se creaba una Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena. La Resolución 587/07 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ya había puesto en funcionamiento el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, en cumplimiento de la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras (2006). La dificultad que conllevó la reunión de toda la información pretende ser subsanada con la creación reciente del Registro Nacional de Tierras Rurales que unificará la información catastral de todo el territorio nacional y funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Pero lo cierto es que en 2010 las aguas de las comunidades se dividieron entre la Túpac Amaru, conducida por una Milagro Sala en pleno auge, y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Etnopo). Un tercer sector, muy dinámico y joven, se estructuró “contra los dirigentes de los ’90”. Lo conforman la Red de Salud Mapuche, el Equipo de Comunicadores Indígenas, la recientemente creada Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina (ver nota relacionada), la comunidad La Ruca, de Bariloche, y la comunidad bonaerense Epu Bafkeh de Los Toldos, entre otros.Una fuente que estuvo cerca del periplo del relator de la ONU compartió la incredulidad de éste porque las comunidades se dividían entre apoyar o no al gobierno actual. Al respecto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas aportó datos de un informe sobre el comportamiento electoral de los votantes indígenas argentinos. Contando los 46 departamentos de las 12 provincias con comunidades indígenas relevadas por el Inai, casi el 68% de cerca de 800 mil indígenas votó a favor de la actual presidenta. Por ejemplo, se estableció que de los 35.279 electores de las comunidades de San Pedro, Jujuy, la fórmula Cristina Fernández- Amado Boudou obtuvo el 79,92% de los votos. De los 60.352 votantes de las comunidades del departamento de José de San Martín, en Salta, la dupla del FPV fue votada por el 78,67% de los votos válidos. En la provincia de Río Negro, el 65,31% de los 67.057 ciudadanos indígenas de Bariloche apoyaron al mismo partido; lo mismo que las 29.472 personas descendientes de pueblos originarios en Guaraní, Misiones, cuyo 76,48% avaló al oficialismo. En poblaciones chicas que rondan los 10 mil habitantes, muchas veces CFK superó el 90%.El crecimiento político del movimiento indígena empieza a notarse. En las últimas elecciones, se impusieron un intendente kolla en El Aguilar, y otro guaraní en El Talar, ambas localidades pertenecientes a Jujuy. En Chaco, desde este mes gobierna en El Espinillo el primer intendente indígena de la historia provincial, que es qom. De repente, los últimos datos impresionan, salen a flote. El caudal electoral y el poder político potencial de las comunidades es insoslayable. Dependerá de su organización. En Argentina se cuentan 1200 comunidades descendientes de 32 pueblos originarios; son 600 mil familias que parcialmente hablan al menos seis idiomas diferentes del castellano.Muchos de ellos quedaron en ascuas con la visita de James Anaya, que, por caso, en vez de concurrir a la ciudad neuquina de Aluminé, donde se concentra la mayor cantidad de mapuches, fue a Paichil Antriao, una localidad situada en Villa La Angostura que sólo tiene cinco familias. Herejías. En general, la agenda del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la diseña un organismo vinculado con las comunidades y centralizado. Tal vez como todavía el Consejo de Participación Indígena no arrancó, el Relator buscó otros socios. Anaya estuvo en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta y Formosa. La Agenda con las autoridades provinciales la estableció el Inai. La agenda más caliente, aquella que definía a quién ver y a quién no, a qué lugares concurrir y a cuáles no, la organizó, al menos en la Patagonia, el Observatorio por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El Odhpi está vinculado a Verónica Huilipan y Jorge Nahuel. Huilipan es secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA de Pablo Micheli. Nahuel fue acusado en una causa que no prosperó por el fiscal Guillermo Marijuan en 2008. Se lo acusaba de malversar fondos del Programa de Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI) del Banco Mundial. Era un préstamo al país por cinco millones de dólares. Los DCI se aplicarán en 77 proyectos. Duró entre 2000 y 2006, cuando la Argentina decidió prescindir de ese préstamo. “No dejaba capacidad instalada, no servía”, comentó una fuente del Gobierno.En agosto pasado, Huilipan, Nahuel –de la comunidad urbana Newen Mapu– y otros pocos convocaron a un Gvbamtuwvn (“Espacio para Aconsejarse”), un Parlamento mapuche en Zapala para elegir nuevas autoridades de la Confederación. De las 57 comunidades de Puelmapu, el territorio mapuche en Argentina, sólo concurrió una parte ínfima. De los cuatro puntos cardinales dijeron que todavía estaban luchando contra las cenizas volcánicas, que lo pospusieran, que para fines de agosto no llegarían, según contó Fidel Kolipan, antiguo werken (mensajero) de la Confederación Mapuche Neuquina. El Parlamento se llevó a cabo con representantes de unas pocas comunidades. La elección fue acusada ante Personería Jurídica del Poder Ejecutivo de la provincia de estar “viciada de nulidad”. Hoy la CMN está dividida. La mayoría de las comunidades de las zonales Sur, Centro, Pewenche, Norte y Confluencia está pensando en crear otra organización política que los represente de un modo legítimo.Extrañado de que el secretario de ONU eligiera a la Odhpi para organizar su visita en Argentina, Miradas al Sur le preguntó en la conferencia de prensa que se hizo el 7 de diciembre en la sede del Pnud el porqué. “No sé de dónde viene la premisa de la pregunta. Hemos consultado con varios para concertar la agenda. Si usted nos hubiese contactado, lo hubiésemos consultado a usted”, respondió el funcionario. Sin embargo, Azpiroz Cleñan aportó una respuesta por mail fechada el 20 de octubre de este año con firma de Maia Campbell, asesora legal de Anaya, ante el pedido de una audiencia. “Estimada Verónica. Estoy escribiendo de parte del Relator Especial para agradecerle por su mensaje. Le pido por favor ponerse en contacto con Veronica Huilipan, copiada aquí, quién nos está apoyando con la organización de la visita a Argentina en el sur. No dude contactarme con cualquiera pregunta. Atentamente, Maia.”“Anaya, Nahuel y Huilipan son socios del antiguo negocio del Banco Mundial”, fustigó Verónica Azpiroz Cleñan. Según tres fuentes, James Anaya estuvo vinculado al Banco Mundial antes de asumir este cargo. Consultada por este medio, la oficina del banco en Buenos Aires lo desmintió. De cualquier modo, en el informe que este año Anaya presentó a la Secretaría General de la ONU sobre sus tres años de gestión, hay algunas pistas de sus prioridades. Anaya asumió en mayo de 2008. El 3 de junio ya era el orador principal en un seminario para el BM en Washington DC sobre “Promoción de los derechos y el desarrollo de los indígenas en América Latina y el Caribe”. Les fue a contar cómo el banco podía intervenir en apoyo de los indígenas en la región. También en el transcurso del año, Anaya aportó “observaciones” a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial.Al irse de Argentina, el observador dejó algunas consideraciones sobre lo que vio y oyó. Felicitó los avances normativos en defensa de los derechos indígenas en Argentina, pero remarcó los atrasos en el relevamiento catastral. Se mostró preocupado por los desalojos y pidió que la corporación jurídica se capacite en derecho indígena. Por la agenda que le arreglaron, fue a la comunidad de Paichil Antriao, en Neuquén, donde hace dos años cinco familias mapuches decidieron ocupar un lugar en el que vive hace diez el norteamericano William Fischer. Cuando el Relator entró a la propiedad, fue corrido por guardaespaldas de Fischer. Luego se reunió. Según cuentan fuentes neuquinas, se fue decepcionado con la visita. Tal vez debió haber ido a la comunidad Gelay-Ko, cerca de Zapala, donde pozos de gas no convencional están montándose a troche y moche, ya con la consecuente mortalidad de animales autóctonos. El funcionario internacional sostiene que una de sus mayores preocupaciones son las industrias extractivas.Podría haber ido a tantos lugares necesarios. Pero le prepararon otra agenda. “No entendí nada”, dijo una feunte que marcó de cerca al Relator, que no comprendía cómo ni por qué las comunidades indígenas de Argentina se debaten entre apoyar o no al gobierno nacional. Eso no es lo que se espera de indígenas que pretenderían caerles bien a los banqueros o a Hillary Clinton.