Dos suicidios en un centro de La Matanza reinstalaron el debate sobre la crítica situación de las instituciones. ¿Baja en la edad de imputabilidad o abandono? La denuncia de ATE.
Por Tomás Eliaschev
Una nueva oleada de exigencias de “mano dura” recorre el territorio de la provincia más poblada del país. El mismo gobernador bonaerense, Daniel Scioli, manifestó la posición de su administración de bajar la edad de imputabilidad para vigilar y castigar a los menores de 16 años que se vuelcan al delito. Hasta el momento la respuesta que el Estado brinda a estos adolescentes en conflicto con la ley es el encierro. Y según las declaraciones de los hombres del sciolismo, esta alternativa se está reforzando. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no contradice la pulsión represiva del gobierno que integra. Son las mismas autoridades las que reconocen que los institutos están fracasando en su misión de reinsertar a los chicos en la sociedad. El suicidio de dos jóvenes en el recientemente inaugurado Centro de Recepción de Menores de Virrey del Pino, en La Matanza, motivó el cierre del establecimiento por la ausencia de condiciones mínimas de salubridad, según admitieron los funcionarios. Veintitrés dialogó con los delegados del centro de Lomas de Zamora, donde 112 chicos se encuentran encerrados. Los dirigentes gremiales denunciaron la grave situación por la que pasa el sector. En la provincia de Buenos Aires hay 8.628 menores internados: 7.068 por motivos asistenciales y 1.560 por causas penales, de acuerdo con un estudio de Unicef y del Centro de Estudios Legales y Sociales. Funcionan 32 institutos asistenciales y 27 penales.
Los asistentes de minoridad Fernando Fernández, de 31 años, y Marcelo Brizuela, de 36, son los representantes de una asamblea de trabajadores que pelea para mejorar las condiciones de “laburo”, pero que se plantea también un abordaje que permita recuperar a los chicos encerrados. Organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Sur), vienen sosteniendo una larga lucha. En un principio, sufrieron la persecución de las autoridades, pero con paciencia lograron estabilizarse como representantes gremiales. Muchas de las situaciones que los funcionarios recién ahora admiten fueron denunciadas por los dirigentes desde que comenzaron con su labor sindical, hace ya cinco años.
Fernández –profesor de letras– y Brizuela –estudiante de historia– tienen una postura definida sobre el sistema en el que trabajan. “Es una bestialidad. Todo el mecanismo que implementan es para oprimir al trabajador. La consecuencia es que el trabajador termina oprimiendo a los jóvenes”, explican. Por eso, se plantean “un nuevo paradigma que recupere a los pibes”.
Los trabajadores tienen una serie de reclamos pendientes. En numerosas oportunidades los han hecho notar mediante petitorios, paros, movilizaciones y cortes de calles. “Hay que girar la perspectiva del tratamiento, que se parta desde la cultura, la educación y el trabajo. La inversión tiene que servir para eso. La educación tiene que ser sistemática, de calidad, que ayude a los pibes a la reinserción. Actualmente, el chico sale y vuelve al barrio, a la misma situación en la que estaba antes”, se lamenta Fernández.
Su compañero agrega más pedidos: “Demandamos nombramientos. Hace falta una decisión política de shock para que no falte personal profesional en los equipos técnicos. Tiene que haber una dupla de profesionales cada diez pibes, es la única forma de hacer un tratamiento continuado. Hoy hay un profesional cada cincuenta pibes. Necesitamos profesionales en salud mental, especialistas en adicciones. Hay pibes que vienen del paco y tienen que atravesar todo un período de abstinencia sin un tratamiento. Acá hay profesores de educación física haciendo requisas cuando tendrían que promover que los chicos hagan actividad física”.
Fernández completa el reclamo: “No sólo la cantidad de personal es insuficiente, sino que la carga horaria es excesiva por el trabajo que realizamos. Exigimos la reducción de la jornada laboral. Trabajamos en un régimen de 48 horas semanales. De ninguna manera en este tipo de trabajo, con situaciones especiales, con chicos que vienen con situaciones graves, podemos responder a una carga tan grande. Son tareas especiales. Otros administrativos del Estado trabajan treinta horas semanales”.
Otra de las exigencias pasa por la capacitación. “Cuando ingresamos a este empleo nuestra única capacitación fue: ‘Por las dudas, lo que los pibes te pidan decí que no’. Ese es el paradigma que exigimos que se modifique.”
Para los delegados, que ganan un promedio de 2.500 pesos, “la mitad en negro”, hay una contradicción entre el discurso oficial y la práctica. “Hablan de la promoción de los derechos humanos, de la construcción de la ciudadanía, pero en la práctica hay una vulneración permanente de los derechos de los pibes y de los trabajadores. Scioli y Arroyo reconocen por los medios que no tienen suficiente personal. Ahora asignan más plata a los institutos. Cuando tienen una crisis aumentan las partidas para horas extraordinarias, para pagar cargos fantasmas, verdaderos negocios adentro de los institutos”, se indigna Fernández.
No caben dudas de que trabajar en un instituto de menores no es una tarea sencilla. Muchos empleados sufren las consecuencias de pasar largas horas en un lugar tan complicado. “Reclamamos una asistencia psicológica para quienes trabajamos en esta bestialidad de sistema. En su gestión anterior Cristina Tabalaro (recientemente nombrada como subsecretaria de Minoridad) prometió que íbamos a tener asistencia psicológica. Se lo seguimos reclamando. Cada uno se arregla por sus propios medios. Nos mandan a IOMA, donde, igualmente, tenés que pagar”, se queja Brizuela.
Los delegados apuestan al diálogo con los menores encerrados. Según explican, hacen todo lo posible para desterrar los códigos “tumberos” y por eliminar la autoagresión a la cual muchos se someten. Proponen, en cambio, que los chicos adquieran “identidad de clase”. “La lucha de los trabajadores es una referencia para los pibes –subraya Brizuela–. No hacemos paternalismo. Nosotros les decimos que cuando salgan pueden exigirle al Estado, que les negó un montón de cosas desde la cuna, un trabajo digno. Al ver cómo nosotros nos organizábamos, comenzaron ellos también a hacer asambleas y a elevar notas pidiendo cosas, como pintura para pintar los módulos. Con el diálogo, logramos convencerlos de que no les conviene hacer motines, su familia sufre y ellos se perjudican.”
Las tareas que desarrollan en el instituto son múltiples. “Sin convicción y sin proponerse modificar la realidad no se puede hacer este laburo”, se despide Fernández. Esperan que su granito de arena ayude a que toda una generación no se pierda.
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