Buenos Aires es una de las ciudades con mayor explotación sexual de niños. Una ONG hará una denuncia penal contra el jefe de la Policía Federal por no aplicar la ley contra los prostíbulos.
Por Graciela Pérez
Argentina figura entre los países con mayor explotación sexual infantil, según se desprende de un informe difundido por las Naciones Unidas. En Latinoamérica, nuestro país comparte el lamentable podio junto a Brasil y Chile. Buenos Aires es una de las capitales con mayor movimiento de prostitución de menores en el continente. Mario Ganora, integrante de la Defensoría del Pueblo afirma que “en este contexto de decadencia, los clientes cada vez requieren mayores perversiones, y los chicos cercanos al ferrocarril del sur porteño son los más marginados y vulnerables para ingresar a estas redes”. En Buenos Aires, la estación de Constitución y Plaza Once, son los lugares donde mayor cantidad de chicos son ofrecidos sexualmente. A su vez, la Capital Federal es un lugar de tránsito hacia ciudades portuarias en el sur, o zonas de frontera. Los niños que ingresan a las redes viven en un infierno del que no pueden escapar. No tienen contacto con el mundo exterior y están en continua rotación, de ciudad en ciudad para escapar de posibles búsquedas y para que no se hagan amigos entre ellos y puedan complotar contra sus proxenetas. La Organización No Gubernamental, La Alameda, detectó por lo menos 95 prostíbulos en la Capital Federal y señalan la existencia de una estrecha vinculación policial con los proxenetas. Según la denuncia, los prostíbulos más alejados de la jefatura policial facturan casi $15.000 y los que están más próximos a esa dependencia ganan $90.000 por día. Una verdadera caja negra de recaudación. Gustavo Vera, integrante de La Alameda, sostiene que “la zona roja de Montserrat y Constitución pertenece a la Policía Federal, y es la boca de comercialización del narcotráfico a gran escala, con presencia de menores en situación de prostitución. Se infiere que hay un cartel montado en el propio Estado con responsabilidad, ya sea por incompetencia, del Control Comunal, la Justicia Contravencional y el gobierno de la Ciudad”. La ONG anunció que el próximo martes junto a varios diputados nacionales de diversas extracciones políticas harán una presentación judicial contra el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecas por no aplicar la ley contra 25 prostíbulos que explotan menores y comercializan drogas en los alrededores del Departamento Central de Policía.Varias son las denuncias ya hechas por la Defensoría del Pueblo ante el Juzgado Federal a cargo del juez Jorge Ballestero, sobre prostíbulos regenteados por proxenetas, donde se vende droga y se explota a menores. Sin embargo, las clausuras sobre estos lugares fueron levantadas. Durante junio, La Alameda grabó una cámara oculta en cinco prostíbulos que funcionan cerca de la jefatura policial. Esta filmación se encuentra como prueba, en el Juzgado Federal a cargo de Ballestero. Ganora explica que “a pesar de las grabaciones con cámaras ocultas, donde se advierte el consumo de drogas y la presencia de menores, Ballestero junto al juez Norberto Oyarbide levantaron las clausuras porque estos lugares cuentan con habilitaciones para funcionar como bares o cafés”. Desde el centro Hogar Descanso Miquelina, en el barrio de Flores, la monja Roxana Reyna trabaja con adolescentes en situación de calle y abuso. Reyna comenta que “las consecuencias de la explotación sexual infantil, tanto físicas como psicológicas, son devastadoras. Embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, maltrato, falta de autoestima, ansiedad, estrés, fobias, son algunas de las penurias que sufren”.Para Ganora, “el fenómeno se consolidó porque no hay voluntad de intervenir. El jefe policial no actúa, y por ello debería rendir cuentas ante un tribunal por su actitud, y el gobierno de la Ciudad no lleva los temas ante la Justicia porque consiente”. Vera y Ganora advierten que hay una corrupción vinculada al crimen organizado, que de continuar, harán de Buenos Aires una ciudad como Chicago en 1920 o La Habana de 1953. “Varias leyes nacionales e internacionales prohíben estos lugares. Pero si no se aplican y se permite que proliferen los prostíbulos naturalmente, no sólo van a explotar adultos, sino también menores”, remató Ganora.
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