Derechos humanos. Fue detenido el jefe de finanzas del equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano. La periodista alemana Gaby Weber, querellante en la causa, pide la apertura de los archivos del Vaticano.
Por Diego Vidal.
La decisión del juez Sebastián Ramos de procesar a Francisco Martín Zabalo, jefe de Finanzas del Equipo de Adopción del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), por su participación en la sustracción de identidad de una hija de los militantes montoneros detenidos-desaparecidos María Teresa Trotta y Roberto Castelli, vuelve a echar luz sobre la participación de organizaciones no gubernamentales (laicos vinculados a la Iglesia Católica, como en este caso) o empresarias, ya no en la sustentación de la dictadura militar sino también en la complicidad de la ejecución de los crímenes de lesa humanidad.
“Repudiar los actos de violencia contra la vida” consigna en su página web el Movimiento Familiar Cristiano de Argentina; sin embargo, no es ésta la primera vez que el nombre de la institución aparece vinculado al plan sistemático de robos de bebés que los militares en el poder llevaron a cabo entre 1976 y 1983. De hecho, la nieta recuperada María Belén Altamiranda Taranto, nacida en junio de 1977 durante el cautiverio de su madre Rosa Luján Taranto, fue entregada al MFC luego del parto de Rosa en el Hospital Militar de Campo de Mayo (si bien tenía maternidad, montaron otra ad hoc en 1976 en un departamento apartado para llevar las presas embarazadas) y dada por este en adopción tres meses después. Su mamá fue devuelta al Centro Clandestino de Detención El Vesubio tras dar a luz y, junto al papá de María Belén, Horacio Antonio Altamiranda, continúan desaparecidos.
En el expediente judicial Nº 9201/1999, caratulado “N.N Movimiento Familiar Cristiano y otros s/supresión de identidad”, la periodista alemana Gabriela Weber se ha presentado como querellante a raíz de las pruebas aportadas de una investigación realizada por ella sobre la complicidad de la firma alemana Mercedes Benz Argentina (MBA) en la represión ilegal. “MBA donó durante la dictadura aparatos de neonatología a Campo de Mayo” cuenta Weber desde Alemania a Miradas al Sur, “según la declaración jurada de su gerente de asuntos jurídicos, Rubén Pablo Cueva. La empresa contrató en el 1978 como jefe de seguridad a Rubén Lavallén, ex jefe de la comisaría de San Justo y apropiador de Paula Logares que fue recuperada por su abuela Elsa Pavón. Y hay otro caso que está investigado por la justicia argentina, el caso de la adopción de una beba NN por el gerente de venta de la Mercedes Benz, el caso Micaela B., con el Movimiento Familiar Cristiano”, añade.
La llamada complicidad civil con el gobierno de facto y el nivel de colaboración con el genocidio, se extiende y entrelaza a otras compañías multinacionales con el MFC. “Presenté pruebas contra el gerente de la Bayer, Lambert Courth. Él también adoptó un recién nacido con el Movimiento Familiar Cristiano –que está involucrada en la distribución de los menores de los campos de tortura. El apellido real de Tomás Courth todavía no se conoce. Pero el juez de la causa decidió pedir la colaboración de la justicia británica a través de un exhorto diplomático. Los Courth viven en Inglaterra e iban a ser interrogados por la adopción. Pero negaron toda la colaboración en la pesquisa y rechazaron un ADN”, cuenta la cronista de su casa en Berlín y confía cómo la “labor” de procurar hogar para los niños de esta agrupación cristiana no conocía fronteras, ni se limitaba a los hijos de desaparecidos apropiados en los centros de tortura y exterminio. “Me presenté también como litigante en la causa del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos, William Desreis. Él adoptó un chico con el MFC, no teniendo residencia legal en el país. No es un niño de una desaparecida sino del tráfico, como se llama este negocio en la República Argentina. En 1975 Desreis participó con todos los honores en un curso llamado Auxiliares de Estado Mayor en la guerra sucia argentina. El 22 de agosto 1980 recibió de manos del Comandante en Jefe del Ejército el título Oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino. Un mes después, le dieron el pibe en Tucumán. Pedí a la Justicia el secuestro de todos los documentos que este agregado militar mandó durante la dictadura al Departamento de Estado en Washington para esclarecer los hechos”.
Incluso, durante su averiguación de las actividades del Movimiento Familiar Cristiano consultó a Misereor, una suerte de Cáritas alemán con sedes repartidas por todo el mundo que apoya causas de derechos humanos, étnicos y hasta económicos (como su oposición a que el gobierno de Ángela Merkel firme Tratados de Libre Comercio con países de América latina, por considerar que pone en desventaja a esas naciones frente al poderío germánico). Misereor financió a MFC en 1977 (uno de los años más duros de la represión). Al intentar una explicación a tan contradictorio apoyo y pedir Weber le otorgaran copia de la solicitud de financiamiento, desde la central ubicada en la pequeña ciudad de Aachen en Renania del Norte-Westfalia le respondieron con la negativa rotunda a darle acceso al trámite de donación y sólo se limitaron a señalar que data de 1974. “No hablan de niños robados”, apunta, “sino de zwangsadoption (adopciones forzadas)”. “El mismo lenguaje que utiliza la derecha”, concluye Gabriela Weber.
No se detuvo en la recopilación de hechos y testimonios sobre la relación del MFC con los militares. En mayo del 2012, Weber presentó una carta al entonces Papa Benedicto XVI solicitándole el acceso a los archivos del Vaticano y el 6 de junio recibió de manos del Nuncio Apostólico en Alemania, Jean Claude Périsset, la indicación de que la Iglesia sólo había desclasificado sus registros hasta 1939. Esa respuesta la llevó a reunirse con el Cardenal Jorge Bergoglio, quien la recibió en septiembre del mismo año y se mostró “sorprendido con esa afirmación, con la que no concordaba”, asegura Weber. Ante la pregunta de si Bergoglio, además de sorprenderse, le dijo que iba a hacer algo concreto la periodista alemana respondió: “Sí, me dijo que no se podía tratar el tema como lo hizo Ratzinger. Además, hizo un largo discurso sobre trata y me conectó con Monseñor Pedro Candia (Obispo Castrense). Candia no hizo nada, sugiere que si la justicia le pide algo formalmente, responderá. Vista la “Carta al Pueblo de Dios” de noviembre 2012, después de mi charla con Bergoglio, de la 104° Asamblea Plenaria de los obispos argentinos...
“Es muy bueno, habla de que todos los cristianos tienen que colaborar en la búsqueda de esclarecer la identidad de los chicos”, se entusiasma la colega que incluyó estas citas en un oficio presentado hace unos días en el despacho del magistrado Ramos, en Comodoro Py, para que “se oficie a la Iglesia Católica para que informe y remita los registros de bautismos celebrados entre 1976 y 1983 en las capillas y/o Iglesias de las unidades militares especialmente de Esma, Campo de Mayo y Puerto Belgrano y exhorte por vía diplomática a la Santa Sede a fin de “que remitan archivos y documentación referidas a las denuncias, gestiones y documentación relacionada con el equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano entre los años 1976 y 1983. Además, informes, dictámenes, cartas, comunicaciones, memorandos, etc., de intercambio de información entre las autoridades militares y las autoridades del Vaticano. Las actividades realizadas por los Nuncios Apostólicos entre los años 1976 y 1983, y especialmente las gestiones y actividades realizadas por Monseñor Pío Laghi”.
El mencionado pronunciamiento del sínodo obispal que se llevó a cabo entre los días 4 y 9 de noviembre del año pasado, enuncia en su octavo punto que “nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf Jn 8,32). Por ello, nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo, alentamos a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la Justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes.” Posteriormente, en el número 9 y penúltimo aclaran que continúan “comprometidos y empeñados en promover la fraternidad y la amistad social en el pueblo argentino, para lograr caminar juntos en la búsqueda del bien común. La reconciliación no es ‘borrón y cuenta nueva’ y menos impunidad”.
De todos modos, Weber es pesimista con ese compromiso en los papeles eclesiásticos porque “hasta ahora, son palabras nomas”.
“Repudiar los actos de violencia contra la vida” consigna en su página web el Movimiento Familiar Cristiano de Argentina; sin embargo, no es ésta la primera vez que el nombre de la institución aparece vinculado al plan sistemático de robos de bebés que los militares en el poder llevaron a cabo entre 1976 y 1983. De hecho, la nieta recuperada María Belén Altamiranda Taranto, nacida en junio de 1977 durante el cautiverio de su madre Rosa Luján Taranto, fue entregada al MFC luego del parto de Rosa en el Hospital Militar de Campo de Mayo (si bien tenía maternidad, montaron otra ad hoc en 1976 en un departamento apartado para llevar las presas embarazadas) y dada por este en adopción tres meses después. Su mamá fue devuelta al Centro Clandestino de Detención El Vesubio tras dar a luz y, junto al papá de María Belén, Horacio Antonio Altamiranda, continúan desaparecidos.
En el expediente judicial Nº 9201/1999, caratulado “N.N Movimiento Familiar Cristiano y otros s/supresión de identidad”, la periodista alemana Gabriela Weber se ha presentado como querellante a raíz de las pruebas aportadas de una investigación realizada por ella sobre la complicidad de la firma alemana Mercedes Benz Argentina (MBA) en la represión ilegal. “MBA donó durante la dictadura aparatos de neonatología a Campo de Mayo” cuenta Weber desde Alemania a Miradas al Sur, “según la declaración jurada de su gerente de asuntos jurídicos, Rubén Pablo Cueva. La empresa contrató en el 1978 como jefe de seguridad a Rubén Lavallén, ex jefe de la comisaría de San Justo y apropiador de Paula Logares que fue recuperada por su abuela Elsa Pavón. Y hay otro caso que está investigado por la justicia argentina, el caso de la adopción de una beba NN por el gerente de venta de la Mercedes Benz, el caso Micaela B., con el Movimiento Familiar Cristiano”, añade.
La llamada complicidad civil con el gobierno de facto y el nivel de colaboración con el genocidio, se extiende y entrelaza a otras compañías multinacionales con el MFC. “Presenté pruebas contra el gerente de la Bayer, Lambert Courth. Él también adoptó un recién nacido con el Movimiento Familiar Cristiano –que está involucrada en la distribución de los menores de los campos de tortura. El apellido real de Tomás Courth todavía no se conoce. Pero el juez de la causa decidió pedir la colaboración de la justicia británica a través de un exhorto diplomático. Los Courth viven en Inglaterra e iban a ser interrogados por la adopción. Pero negaron toda la colaboración en la pesquisa y rechazaron un ADN”, cuenta la cronista de su casa en Berlín y confía cómo la “labor” de procurar hogar para los niños de esta agrupación cristiana no conocía fronteras, ni se limitaba a los hijos de desaparecidos apropiados en los centros de tortura y exterminio. “Me presenté también como litigante en la causa del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos, William Desreis. Él adoptó un chico con el MFC, no teniendo residencia legal en el país. No es un niño de una desaparecida sino del tráfico, como se llama este negocio en la República Argentina. En 1975 Desreis participó con todos los honores en un curso llamado Auxiliares de Estado Mayor en la guerra sucia argentina. El 22 de agosto 1980 recibió de manos del Comandante en Jefe del Ejército el título Oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino. Un mes después, le dieron el pibe en Tucumán. Pedí a la Justicia el secuestro de todos los documentos que este agregado militar mandó durante la dictadura al Departamento de Estado en Washington para esclarecer los hechos”.
Incluso, durante su averiguación de las actividades del Movimiento Familiar Cristiano consultó a Misereor, una suerte de Cáritas alemán con sedes repartidas por todo el mundo que apoya causas de derechos humanos, étnicos y hasta económicos (como su oposición a que el gobierno de Ángela Merkel firme Tratados de Libre Comercio con países de América latina, por considerar que pone en desventaja a esas naciones frente al poderío germánico). Misereor financió a MFC en 1977 (uno de los años más duros de la represión). Al intentar una explicación a tan contradictorio apoyo y pedir Weber le otorgaran copia de la solicitud de financiamiento, desde la central ubicada en la pequeña ciudad de Aachen en Renania del Norte-Westfalia le respondieron con la negativa rotunda a darle acceso al trámite de donación y sólo se limitaron a señalar que data de 1974. “No hablan de niños robados”, apunta, “sino de zwangsadoption (adopciones forzadas)”. “El mismo lenguaje que utiliza la derecha”, concluye Gabriela Weber.
No se detuvo en la recopilación de hechos y testimonios sobre la relación del MFC con los militares. En mayo del 2012, Weber presentó una carta al entonces Papa Benedicto XVI solicitándole el acceso a los archivos del Vaticano y el 6 de junio recibió de manos del Nuncio Apostólico en Alemania, Jean Claude Périsset, la indicación de que la Iglesia sólo había desclasificado sus registros hasta 1939. Esa respuesta la llevó a reunirse con el Cardenal Jorge Bergoglio, quien la recibió en septiembre del mismo año y se mostró “sorprendido con esa afirmación, con la que no concordaba”, asegura Weber. Ante la pregunta de si Bergoglio, además de sorprenderse, le dijo que iba a hacer algo concreto la periodista alemana respondió: “Sí, me dijo que no se podía tratar el tema como lo hizo Ratzinger. Además, hizo un largo discurso sobre trata y me conectó con Monseñor Pedro Candia (Obispo Castrense). Candia no hizo nada, sugiere que si la justicia le pide algo formalmente, responderá. Vista la “Carta al Pueblo de Dios” de noviembre 2012, después de mi charla con Bergoglio, de la 104° Asamblea Plenaria de los obispos argentinos...
“Es muy bueno, habla de que todos los cristianos tienen que colaborar en la búsqueda de esclarecer la identidad de los chicos”, se entusiasma la colega que incluyó estas citas en un oficio presentado hace unos días en el despacho del magistrado Ramos, en Comodoro Py, para que “se oficie a la Iglesia Católica para que informe y remita los registros de bautismos celebrados entre 1976 y 1983 en las capillas y/o Iglesias de las unidades militares especialmente de Esma, Campo de Mayo y Puerto Belgrano y exhorte por vía diplomática a la Santa Sede a fin de “que remitan archivos y documentación referidas a las denuncias, gestiones y documentación relacionada con el equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano entre los años 1976 y 1983. Además, informes, dictámenes, cartas, comunicaciones, memorandos, etc., de intercambio de información entre las autoridades militares y las autoridades del Vaticano. Las actividades realizadas por los Nuncios Apostólicos entre los años 1976 y 1983, y especialmente las gestiones y actividades realizadas por Monseñor Pío Laghi”.
El mencionado pronunciamiento del sínodo obispal que se llevó a cabo entre los días 4 y 9 de noviembre del año pasado, enuncia en su octavo punto que “nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf Jn 8,32). Por ello, nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo, alentamos a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la Justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes.” Posteriormente, en el número 9 y penúltimo aclaran que continúan “comprometidos y empeñados en promover la fraternidad y la amistad social en el pueblo argentino, para lograr caminar juntos en la búsqueda del bien común. La reconciliación no es ‘borrón y cuenta nueva’ y menos impunidad”.
De todos modos, Weber es pesimista con ese compromiso en los papeles eclesiásticos porque “hasta ahora, son palabras nomas”.
Fuente: Miradas al Sur.
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