Un puñado de hipermercados y una alta concentración en la producción de ciertos productos hacen que bienes de consumo esenciales lleguen a precios exorbitantes, que quien los saca de la tierra de modo independiente ni imagina.
Por Graciela Pérez
Durante mucho tiempo, los argentinos realizaron sus compras cotidianas en pequeños negocios de barrio: almacenes, carnicerías, fiambrerías, verdulerías. A partir de la década del ’80, con la llegada de los grandes supermercados de capitales extranjeros como Carrefour, Jumbo, Wal-Mart, el paisaje se alteró de manera sustancial. También los precios de las mercaderías.
En veinte años la distribución minorista, así como su incidencia sobre el sistema agroalimentario, cambió totalmente su perfil. Muchos negocios pequeños cerraron, imposibilitados de competir con las grandes cadenas de mercados; los productores se vieron obligados a vender sus artículos en peores condiciones, porque no podían rechazar un canal de comercialización que representa casi el 70% de los alimentos que se venden en el país.
El aumento de la facturación en varias cadenas de supermercados (cuyos montos llegaron a superar los de las principales empresas industriales de alimentos tradicionales) les permitió gozar de un poder de negociación sustancial y los habilitó para imponer a sus proveedores condiciones innumerables, que generaron un ahogo tanto a los procesadores como a los agricultores.
Contrariamente a lo que se pretendía, los precios no cayeron en la medida anunciada y, en realidad, aumentaron los márgenes entre los valores mayoristas y los minoristas, reflejo de la nueva estructura de poder. Muchos agricultores vieron caer sus ingresos de manera abrumadora, mientras que los consumidores pagaron alimentos cada vez más caros.
Para el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) “está claro que los aumentos en los precios se quedan en la cadena de intermediación”. Según un informe elaborado por ese centro, la diferencia entre el costo que paga el intermediario al productor y el precio que el consumidor paga en algunos productos alcanza hasta el 1.500%.
A manera de ejemplos, en mayo el kilo de cebollas valía 6 pesos pero el productor recibía tan sólo 0,95 centavos. Es decir, que camino al hipermercado aumentó un 530%. Esos porcentajes varían de acuerdo con el artículo: en la leche y la yerba, el margen llega al 270%, en aceites al 518 y en el kilo de lechuga o bananas al 1.500%.
Si se tiene en cuenta que el costo de la leche en mayo era de 1,96 pesos el litro y que Carrefour la vende a 6,68 pesos, Jumbo a 7,23, Coto a 6,85 y Wal-Mart a 7,12 pesos, la diferencia ronda el 270%.
La bolsita comercial de la manzana red tiene un costo de 0,80 centavos por cada kilogramo en origen, pero se vende en Carrefour a 12,90 pesos, a 9,99 en Jumbo y a 2,99 en Coto, cuya indulgencia deja la diferencia de punta a punta en sólo el 373%. Estos contrastes de precios –incluso entre los mismos hipermercados– evidencia la arbitrariedad de la ganancia.
Entre otros productos básicos, el azúcar genera una diferencia del 247% camino a los híper. El precio del kilo de la marca Dominó no supera los 3 pesos, pero en otras marcas como Leach, llega a los 7,39.
“Son varios los eslabones que se reparten los beneficios: desde las empresas que industrializan los alimentos hasta las cadenas de comercialización, pasando por las entidades financieras que facilitan el consumo, llegando al fisco que engorda nominalmente su recaudación”, denunciaron desde Isepci.
Las seis principales cadenas de supermercados (Carrefour, Coto, Jumbo, Wal Mart, Libertad, La Anónima) manejan el 89% de las ventas de los productos alimenticios. De acuerdo con el Indec, la compañía de capitales franceses Carrefour ostenta el 29% del mercado, le sigue el grupo chileno Cencosud (Jumbo) con el 21%; en tercer lugar figura Coto con el 20%; cuarto aparece la francesa Casino (supermercado Libertad) con el 7%, lo mismo que La Anónima, y sexta se ubica la estadounidense Wal Mart con el 5% de participación.
Como sostiene Noemí Brenta, doctora en economía e investigadora del Conicet, tan sólo dos empresas concentran casi el 70% de la producción de leche fluida; otras dos, el 84% de bebidas gaseosas; tres, la mitad de las pastas secas; dos, el 60% del aceite comestible; una, el 90% de la chapa laminada. También los agroquímicos muestran tasas de concentración del 60 al 80%. El listado podría continuar, dice Brenta. “Cuando la demanda de estos productos aumenta, estas empresas, con gran poder de mercado suben sus precios, aumenten o no sus costos. Esto no responde automáticamente a los aumentos de salarios que se negocian periódicamente, porque la incidencia salarial, sobre todo en industrias de capital intensivo, es mínima, y hasta la economía neoclásica enseña cómo los sectores concentrados se apropian del bienestar de los compradores, manteniendo precios altos y escasez”, aduce.
Dado que el rubro alimenticio, donde se observan estas subas tan significativas, es justamente al que más destinan sus ingresos las clases populares, el Gobierno decidió acordar con los hipermercados el congelamiento de los precios de 500 productos alimenticios y de aseo. Con la campaña Mirar para Cuidar el acuerdo entre la Presidenta y los supermercados busca evitar las subas injustificadas de precios y convoca a los vecinos a participar solidariamente en el control de su cumplimiento.
A su vez, muchos consumidores han salido a buscar directamente a los productores y muchos agricultores intentan procurar el contacto con sus consumidores por medio de ferias, arreglos con asambleas vecinales o al abrir sus propias explotaciones a la venta minorista.
Entre las experiencias recientes más significativas se destaca el encuentro de las asambleas y los productores platenses: un conjunto de asambleas se conectó con la Asociación de Pequeños Productores del Parque Pereyra Iraola y juntos desarrollaron una red de compra directa, en la cual cada asamblea se responsabiliza por organizar la logística, los precios se arreglan de antemano y el transporte también queda a cargo del conjunto.
También muchos ex obreros decidieron que la autosuficiencia de alimentos básicos forma parte de la autonomía que desean generar como organizaciones. Ejemplo de este último tipo de experiencia es la huerta orgánica del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en la provincia de Buenos Aires. “El Frente tiene un incipiente sector rural que es una serie de cooperativas o grupos de base de pequeños productores en las afueras y en el interior. Vinculamos la producción a las necesidades familiares”, afirmó Pablo Solano, integrante del MTD de Lanús.
Por los precios tan elevados de los hipermercados, muchos consumidores han optado por los supermercados chinos y otros negocios que subsisten en los barrios: esos almacenes que no dudan en sacar la libreta de anotaciones, como hace treinta años, si el cliente pide fiado.
En veinte años la distribución minorista, así como su incidencia sobre el sistema agroalimentario, cambió totalmente su perfil. Muchos negocios pequeños cerraron, imposibilitados de competir con las grandes cadenas de mercados; los productores se vieron obligados a vender sus artículos en peores condiciones, porque no podían rechazar un canal de comercialización que representa casi el 70% de los alimentos que se venden en el país.
El aumento de la facturación en varias cadenas de supermercados (cuyos montos llegaron a superar los de las principales empresas industriales de alimentos tradicionales) les permitió gozar de un poder de negociación sustancial y los habilitó para imponer a sus proveedores condiciones innumerables, que generaron un ahogo tanto a los procesadores como a los agricultores.
Contrariamente a lo que se pretendía, los precios no cayeron en la medida anunciada y, en realidad, aumentaron los márgenes entre los valores mayoristas y los minoristas, reflejo de la nueva estructura de poder. Muchos agricultores vieron caer sus ingresos de manera abrumadora, mientras que los consumidores pagaron alimentos cada vez más caros.
Para el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) “está claro que los aumentos en los precios se quedan en la cadena de intermediación”. Según un informe elaborado por ese centro, la diferencia entre el costo que paga el intermediario al productor y el precio que el consumidor paga en algunos productos alcanza hasta el 1.500%.
A manera de ejemplos, en mayo el kilo de cebollas valía 6 pesos pero el productor recibía tan sólo 0,95 centavos. Es decir, que camino al hipermercado aumentó un 530%. Esos porcentajes varían de acuerdo con el artículo: en la leche y la yerba, el margen llega al 270%, en aceites al 518 y en el kilo de lechuga o bananas al 1.500%.
Si se tiene en cuenta que el costo de la leche en mayo era de 1,96 pesos el litro y que Carrefour la vende a 6,68 pesos, Jumbo a 7,23, Coto a 6,85 y Wal-Mart a 7,12 pesos, la diferencia ronda el 270%.
La bolsita comercial de la manzana red tiene un costo de 0,80 centavos por cada kilogramo en origen, pero se vende en Carrefour a 12,90 pesos, a 9,99 en Jumbo y a 2,99 en Coto, cuya indulgencia deja la diferencia de punta a punta en sólo el 373%. Estos contrastes de precios –incluso entre los mismos hipermercados– evidencia la arbitrariedad de la ganancia.
Entre otros productos básicos, el azúcar genera una diferencia del 247% camino a los híper. El precio del kilo de la marca Dominó no supera los 3 pesos, pero en otras marcas como Leach, llega a los 7,39.
“Son varios los eslabones que se reparten los beneficios: desde las empresas que industrializan los alimentos hasta las cadenas de comercialización, pasando por las entidades financieras que facilitan el consumo, llegando al fisco que engorda nominalmente su recaudación”, denunciaron desde Isepci.
Las seis principales cadenas de supermercados (Carrefour, Coto, Jumbo, Wal Mart, Libertad, La Anónima) manejan el 89% de las ventas de los productos alimenticios. De acuerdo con el Indec, la compañía de capitales franceses Carrefour ostenta el 29% del mercado, le sigue el grupo chileno Cencosud (Jumbo) con el 21%; en tercer lugar figura Coto con el 20%; cuarto aparece la francesa Casino (supermercado Libertad) con el 7%, lo mismo que La Anónima, y sexta se ubica la estadounidense Wal Mart con el 5% de participación.
Como sostiene Noemí Brenta, doctora en economía e investigadora del Conicet, tan sólo dos empresas concentran casi el 70% de la producción de leche fluida; otras dos, el 84% de bebidas gaseosas; tres, la mitad de las pastas secas; dos, el 60% del aceite comestible; una, el 90% de la chapa laminada. También los agroquímicos muestran tasas de concentración del 60 al 80%. El listado podría continuar, dice Brenta. “Cuando la demanda de estos productos aumenta, estas empresas, con gran poder de mercado suben sus precios, aumenten o no sus costos. Esto no responde automáticamente a los aumentos de salarios que se negocian periódicamente, porque la incidencia salarial, sobre todo en industrias de capital intensivo, es mínima, y hasta la economía neoclásica enseña cómo los sectores concentrados se apropian del bienestar de los compradores, manteniendo precios altos y escasez”, aduce.
Dado que el rubro alimenticio, donde se observan estas subas tan significativas, es justamente al que más destinan sus ingresos las clases populares, el Gobierno decidió acordar con los hipermercados el congelamiento de los precios de 500 productos alimenticios y de aseo. Con la campaña Mirar para Cuidar el acuerdo entre la Presidenta y los supermercados busca evitar las subas injustificadas de precios y convoca a los vecinos a participar solidariamente en el control de su cumplimiento.
A su vez, muchos consumidores han salido a buscar directamente a los productores y muchos agricultores intentan procurar el contacto con sus consumidores por medio de ferias, arreglos con asambleas vecinales o al abrir sus propias explotaciones a la venta minorista.
Entre las experiencias recientes más significativas se destaca el encuentro de las asambleas y los productores platenses: un conjunto de asambleas se conectó con la Asociación de Pequeños Productores del Parque Pereyra Iraola y juntos desarrollaron una red de compra directa, en la cual cada asamblea se responsabiliza por organizar la logística, los precios se arreglan de antemano y el transporte también queda a cargo del conjunto.
También muchos ex obreros decidieron que la autosuficiencia de alimentos básicos forma parte de la autonomía que desean generar como organizaciones. Ejemplo de este último tipo de experiencia es la huerta orgánica del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en la provincia de Buenos Aires. “El Frente tiene un incipiente sector rural que es una serie de cooperativas o grupos de base de pequeños productores en las afueras y en el interior. Vinculamos la producción a las necesidades familiares”, afirmó Pablo Solano, integrante del MTD de Lanús.
Por los precios tan elevados de los hipermercados, muchos consumidores han optado por los supermercados chinos y otros negocios que subsisten en los barrios: esos almacenes que no dudan en sacar la libreta de anotaciones, como hace treinta años, si el cliente pide fiado.
Alternativas accesibles: el Central y Mercal
Para evitar el abuso en los márgenes de ganancia de los intermediarios, en el país se comenzó a generar hace unos años una red de mercados populares que intentan manejarse con precios accesibles y acrecentar los vínculos comunitarios, recuperar las tradiciones alimentarias y generar otros hábitos de consumo.
El Mercado Central de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, comenzó a funcionar en 1984 y ofrece precios muy por debajo de los que se pueden ver en las góndolas de los hipermercados. El kilo de asado se consigue a 20 pesos, el pollo a 12, el sachet de leche a 2,75 y los dos kilos de manzana red a 10, por citar algunos ejemplos. La idea de replicar mercados populares como éste se plasmó en el Mercado Argentino en Lomas de Zamora, de la mano del Movimiento Evita: grupos productores, cooperativas y agriculturas familiares junto al empresario de la carne Alberto Samid y las cooperativas Capir y Grupo del Sur ofrecen productos de primera calidad a costos razonables. También se analiza la posibilidad de llevar esta experiencia a Morón y a otras seis localidades de la provincia de Buenos Aires. Las ferias directas Para Todos, ubicadas en los barrios humildes de la CABA y el Conurbano, donde sus pobladores adquieren carne, pescado y lácteos a valores económicos, constituyen otro ejemplo de cómo enfrentarse a los formadores de precios.
La logística no es sencilla, pero la intención de posibilitar una mayor capacidad de compra en los sectores populares del país es vital, para evitar la marginación y pobreza. La experiencia que se desarrolló en Venezuela bajo el nombre Misión Mercal puede servir de ejemplo: los alimentos, subvencionados, llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios suelen reflejar un descuento de entre el 30 y el 45% de los observados en las otras cadenas de distribución. Sus objetivos principales son la soberanía alimentaria, el combate a la inflación, la recuperación de la tradición alimentaria nacional, la nutrición adecuada de los ciudadanos y la necesidad de crear hábitos y lógicas de consumo alternativas.
En 2010 el proyecto alcanzó a cubrir a 10 millones de consumidores. Comenzó con cinco puntos de venta y hoy maneja 17.000 locales. Mercal se amplió gracias a los llamados Mercalitos (establecimientos de tamaños más reducidos) que se encuentran en sectores más inaccesibles. También existe Megamercal, un mercado improvisado en la vía pública, donde se ofrecen simultáneamente otros servicios sociales tales como odontología y oftalmología.
El Mercado Central de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, comenzó a funcionar en 1984 y ofrece precios muy por debajo de los que se pueden ver en las góndolas de los hipermercados. El kilo de asado se consigue a 20 pesos, el pollo a 12, el sachet de leche a 2,75 y los dos kilos de manzana red a 10, por citar algunos ejemplos. La idea de replicar mercados populares como éste se plasmó en el Mercado Argentino en Lomas de Zamora, de la mano del Movimiento Evita: grupos productores, cooperativas y agriculturas familiares junto al empresario de la carne Alberto Samid y las cooperativas Capir y Grupo del Sur ofrecen productos de primera calidad a costos razonables. También se analiza la posibilidad de llevar esta experiencia a Morón y a otras seis localidades de la provincia de Buenos Aires. Las ferias directas Para Todos, ubicadas en los barrios humildes de la CABA y el Conurbano, donde sus pobladores adquieren carne, pescado y lácteos a valores económicos, constituyen otro ejemplo de cómo enfrentarse a los formadores de precios.
La logística no es sencilla, pero la intención de posibilitar una mayor capacidad de compra en los sectores populares del país es vital, para evitar la marginación y pobreza. La experiencia que se desarrolló en Venezuela bajo el nombre Misión Mercal puede servir de ejemplo: los alimentos, subvencionados, llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios suelen reflejar un descuento de entre el 30 y el 45% de los observados en las otras cadenas de distribución. Sus objetivos principales son la soberanía alimentaria, el combate a la inflación, la recuperación de la tradición alimentaria nacional, la nutrición adecuada de los ciudadanos y la necesidad de crear hábitos y lógicas de consumo alternativas.
En 2010 el proyecto alcanzó a cubrir a 10 millones de consumidores. Comenzó con cinco puntos de venta y hoy maneja 17.000 locales. Mercal se amplió gracias a los llamados Mercalitos (establecimientos de tamaños más reducidos) que se encuentran en sectores más inaccesibles. También existe Megamercal, un mercado improvisado en la vía pública, donde se ofrecen simultáneamente otros servicios sociales tales como odontología y oftalmología.
Fuente: Miradas al Sur.
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