Alina Ríos socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani. La especialista desarrolló una tesis sobre la policía creada por Mauricio Macri. Es el primer material académico que advierte que es una fuerza que no se puede pensar fuera del programa del Pro. Violencia institucional y la influencia de la Federal.
Por Tali Goldman
Alina Ríos es socióloga e investigadora en un programa de estudios de control social del Instituto Gino Germani. Recientemente, culminó su doctorado en Ciencias Sociales con una tesis sobre la Policía Metropolitana, que se convirtió de esta manera en el primer material de investigación de índole académica acerca de la fuerza policial que durante las últimas semanas se transformó en el eje de la polémica luego de su feroz accionar represivo en el Hospital Borda. Si bien la tesis se terminó de escribir antes de lo ocurrido en el neuropsiquiátrico, así como también antes de la represión en el Parque Centenario, el Parque Lezama y el Teatro San Martín, Ríos sostiene que estos hechos refuerzan su hipótesis: “La creación de la Metropolitana y su funcionamiento demuestran que, efectivamente, hay dispositivos que aseguran la conducción política de la fuerza. El Ministerio de Seguridad no es ajeno al funcionamiento y la policía no es una fuerza autonomizada”.
–¿Por qué se interesó en el estudio de la Policía Metropolitana?
–Desde lo académico siempre estuve ligada al funcionamiento del sistema penal. Empecé a interesarme en la conformación de la Guardia Urbana, que duró relativamente poco, y eso me dio el puntapié para pensar cómo se iba configurando cierta manera de problematizar la función policial en relación con la manera en que se plantea el problema del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atravesado por la autonomía.
–¿Qué fue lo primero con lo que se encontró?
–Empecé con el análisis de las campañas electorales de 2007 y me encontré con que la estrategia del macrismo estaba orientada a levantar el problema de la seguridad como problema del gobierno. Empieza a aparecer una idea de policía que no tiene que ver con lo que originalmente reivindicaba la ciudad de un “proyecto de alternativa diferente” sino que el Pro bregaba por una “policía de verdad que hace falta”. Y esta “policía de verdad” aparece como sinónimo de las fuerzas tradicionales, algo con lo que en teoría se quería romper. Entonces ahí me propuse analizar de qué manera se construía social y políticamente la función policial y cómo esto tiene que ver con la construcción del problema de la inseguridad. El macrismo viabiliza ciertos discursos que son comúnmente aceptados, con la noción de un “nosotros y un todos”, es decir, la premisa del Pro es que “todos tenemos derecho a andar tranquilos”; entonces a partir del problema de la seguridad todos los demás temas del gobierno, aun los de inclusión social, quedaban supeditados a la cuestión de la seguridad.
–En su tesis habla de dos preocupaciones que se plantean cuando se sanciona la ley de seguridad pública, la que da origen a la Policía Metropolitana.
–Sí. Una tiene que ver con tener los mecanismos que aseguren la conducción política de la fuerza y la otra con que la Policía Metropolitana no sea la policía de Macri, es decir, que haya instancias de conducción política pero que no quede subsumida a la conducción del gobierno de turno. Y a la conclusión que yo llego es que la policía no actúa autónomamente sino que tiene una dirección política a cargo del Ministerio de Seguridad; efectivamente es una policía supeditada al gobierno de turno, y en este caso el accionar de la Metropolitana no se puede pensar por fuera del programa del macrismo. Lo que hay que plantearse son nuevas formas de conducción política que no tengan que ver necesariamente con el Ejecutivo. Pueden ser instituciones que partan desde la Legislatura u otras instancias multiagenciales, que es muy diferente a cuando se pliega directamente el accionar de una política a un partido político.
–¿Considera negativo que la policía esté controlada políticamente?
–No. Pensemos esto: ¿qué es lo que se le cuestiona a la Policía Federal? Que es una fuerza autonomizada, en la que por su estructura la conducción política tiene poca injerencia y capacidad de acción, lo que la convierte en una fuerza con cierto grado de autonomía. Eso en la Metropolitana no existe. Es fuerte el vínculo con el Ministerio de Seguridad. Lo que hay que plantearse, justamente, es cómo pensar esa conducción política. Ahí reside el problema. Cuál es la política que nosotros queremos, cuál es la concepción de seguridad que tenemos y qué policía queremos.
–En ese sentido, ¿cuál cree que es la concepción del Pro en materia de seguridad?
–En el 2008 se presentó un plan de seguridad integral con cuatro ejes: control de inteligencia del espacio público, cuyo lema era “recuperar la ciudad para los vecinos”; prevención del delito: “promover la inclusión social contribuye a la seguridad de todos”; fortalecimiento de la justicia: “afianzar la justicia en beneficio de los vecinos” y, por último, Policía de la Ciudad de Buenos Aires: “policía de todos, nuestra policía”. En estos cuatro puntos, si nosotros analizamos las políticas llevadas a cabo, encontramos que se trata de una concepción de seguridad con un sesgo de marcada mano dura. No sólo en la represión policial, sino, por ejemplo, en el endurecimiento del código contravencional. Macri define el problema de la seguridad como un problema de delito callejero, y entonces se vuelve inevitable que la función policial se piense de otra manera que no sea eliminando al ladrón, que siempre está estigmatizado.
–En la tesis también hay varios ejemplos que demuestran que la Metropolitana está conformada por agentes de la Policía Federal y de otras fuerzas de seguridad.
–Exacto. Es interesante, porque en otros proyectos de creación de policía de la ciudad que venía gestándose desde el 2003, una de las cláusulas más importantes era que no se aceptaran efectivos de la Federal ni de otras fuerzas. En el proyecto del Pro de creación de la Policía Metropolitana hay un espíritu de cortar con estas fuerzas tradicionales. La trampa de la ley es que dice que los que quieran ingresar a la Metropolitana no pueden pertenecer a otras fuerzas, pero no dice que no pueden haber pertenecido. Y no sólo eso. Desde que se creó esa fuerza, la política de comunicación del Pro hizo un llamado específico para convocar a agentes de otras fuerzas de seguridad con la promesa de mejoras en los salarios, en las condiciones laborales y, en un principio, la afiliación a la obra social OSDE, algo que no posee ninguna persona que trabaja bajo la órbita de la ciudad. También hay medidas económicas beneficiosas para los retirados de otras fuerzas. Existe una resolución especial para los policías que les permite seguir cobrando el dinero por estar retirados, es decir, un policía metropolitano que es retirado cobra dos salarios.
–Cuando terminó la tesis no sólo la represión de la Metropolitana no había ocurrido, tampoco la del Parque Centenario, la del Parque Lezama ni la del Teatro San Martín…
–Es cierto, sólo llegué a la represión del Parque Indoamericano, en donde pude analizar el estrecho vínculo entre el programa de un gobierno articulado con la Justicia y con la policía. Esto se vio reflejado en la criminalización de la ocupación del terreno y la defensa de la intervención policial como legítima. Por lo tanto, el resto de las represiones refuerzan mi teoría. Porque no podemos pensar lo del Borda de manera aislada, como si la Metropolitana eventualmente se rebeló y no actuó bajo los cánones institucionales. Porque cuando yo escucho al ministro de Seguridad decir que la policía se defendió, y legitima con esto la intervención al tiempo que constata que la función esencial de la policía es el mantenimiento del “orden” y la defensa del “gobierno”, entonces claramente habla de una conducción política. Y ahí está el próximo desafío, cómo construir instancias de conducción política que no dependan de la concepción ideológica y política del gobierno de turno, en este caso, del Pro.
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Interpelación a Chaín, otra vez sin autocrítica
Finalmente se llevó a cabo la segunda interpelación a un ministro del Pro luego de los hechos protagonizados por la Policía Metropolitana en el taller recuperado del Hospital Borda. En este caso fue el turno de Daniel Chaín, ministro de Obras Públicas que estaba en la mira por ser el responsable de la demolición del taller y de la futura construcción del Centro Cívico. Recibido por la Comisión de Obras Públicas, el ministro –muy cercano a Mauricio Macri, cuyo vínculo empezó en Socma (la empresa familiar del jefe de gobierno)– admitió que la orden de demolición del taller la dio él y que, mediante una nota, le pidió al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, la intervención de la Policía Metropolitana para “garantizar los bienes y al personal de las empresas”. Es decir, no se hizo cargo de la represión en el predio, algo que Montenegro había sugerido dos semanas atrás, cuando fue su turno en la exposición. Pero, además, Chaín también argumentó que él no dio aviso al director del hospital de que se haría una obra, sino que esa responsabilidad también se la delegó a la ministra de Salud, Graciela Reybaud, mediante una llamada telefónica. Es decir, en ambos casos, el ministro de Obras Públicas les tiró la pelota a sus colegas. Sin embargo, como relató el legislador porteño Fabio Basteiro que fue golpeado en la represión, “ante cada pedido nuestro, Horacio Jiménez, el responsable de la fuerza en el hospital, nos decía que le iba a consultar a Chaín”, dejando entrever la responsabilidad que tuvo en la brutal represión. Por último, el ministro citó a Juan Pablo II alegando que está “en contra de todo tipo de violencia”, aunque no hizo ningún tipo de autocrítica del accionar policial. Algunos opositores quieren avanzar con el pedido de juicio político a Mauricio Macri, otro prefieren darse por vencidos alegando que no cuentan con el número suficiente para comenzar con la comisión investigadora.
Fuente: Revista Veintitrés.
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