miércoles, 17 de julio de 2013

CARABINEROS REPRIMEN EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

En el contexto de un año electoral marcado por la movilización social, ciertos grupos de estudiantes decidieron, como una acción estratégica para visibilizar aún más sus demandas, llevar a cabo lo que en otros tiempos se habría denominado “agudizar las contradicciones”.
 
Por  Nicolás Rojas Scherer

Sin embargo, esta radicalización del movimiento estudiantil, que alcanzó su máximo histórico en 2011 pero que aún se mantiene, no se quedó sin respuesta oficial. Frente a la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile, el cuerpo de Carabineros decidió desalojar la sede por orden emanada desde el Poder Ejecutivo. En la acción, ocurrida el pasado jueves 13 de junio, fuerzas especiales irrumpieron en el interior de la histórica sede universitaria, dejando un saldo de 30 detenidos y una destrucción pocas veces vista en un allanamiento fuertemente criticado. Luego de estos hechos, la institución dirigida por el rector Víctor Pérez declaró que “la Universidad de Chile fue ultrajada en su autonomía y dignidad. Los Carabineros ingresaron a la Casa Central sin autorización de la autoridad, golpearon brutalmente a los estudiantes en su interior, y los patios y salones fueron inundados de gases lacrimógenos creando un clima de extrema violencia”. Asimismo, el rector declaró que “Carabineros no puede entrar a la Universidad de Chile a golpear impunemente a nuestros estudiantes”.
Sin embargo, la guerra mediática de declaraciones por parte del gobierno no se hizo esperar. Amplificada por los medios de comunicación afines a la derecha, la nueva ministra de Educación declaró que “los estudiantes fueron muy claros en que no hay medida que satisfaga sus necesidades para interrumpir las movilizaciones. Ellos sienten que si no se movilizan, no se hace lo que ellos quieren. No hay una medida que uno pudiera hacer más que reprimir este tipo de movilizaciones”. Y contestando al rector, el ministro del Interior Andrés Chadwick, primo del presidente, respondió que “Carabineros cumplió con su deber. Y yo espero que el rector de la Universidad de Chile no quiera que desde la casa central de la universidad se estén cometiendo delitos flagrantes por personas que han ocupado dicha casa de estudio, y que lanzaron bombas molotov”. Adicionalmente, el general Alejandro Olivares, jefe de zona de Carabineros, dijo que “se usó la fuerza necesaria. Nuestros bastones de servicio son para usarlos y la violencia de estos delincuentes y estudiantes que estaban en su interior nos obligaron a hacerlo de esta forma”. Frente a la represión del Estado, las tomas se convirtieron en campos de batalla.

 Estos hechos provocaron la rápida condena de Unicef, quien criticó la “violenta detención” de Pedro Aguilera, dirigente del Liceo Barros Borgoño, de 16 años de edad. El estudiante secundario fue arrestado inconsciente debido a la paliza propinada por las fuerzas especiales de la policía. El organismo internacional hizo saber al gobierno su rechazo al “uso de la violencia desproporcionada en contra de adolescentes protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo muestran las imágenes de diferentes medios de comunicación, donde aparece la agresión por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros” a diversos estudiantes detenidos. Cabe recordar que la noche del 25 de julio de 2011, después de la movilización de aquel día, fue asesinado por Carabineros el estudiante de 16 años Manuel Gutiérrez, quien caminaba por una pasarela junto a su hermano discapacitado y un amigo por la comuna capitalina de Macul. En el momento de los hechos, el hermano de Gutiérrez declaró que desde un “radio patrulla” (auto de vigilancia policial), el copiloto había efectuado disparos, declaraciones que fueron descartadas tanto por la institución policial como por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Posteriormente se supo que el suboficial Miguel Millacura había realizado “disparos al aire” con una subametralladora Uzi, la cual habría ocultado. Investigaciones posteriores de la fiscalía demostraron que otro carabinero habría realizado disparos con su arma también. Consecuencia de esta acción homicida (como fue calificada por el poder judicial) fueron dados de baja los cuatro policías involucrados en el caso, al igual que el general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana.
En consecuencia, el violento accionar de Carabineros ya se ha cobrado la vida de un estudiante y ha aplicado torturas y métodos de coerción a una cantidad indeterminada de ciudadanos. Aún más: el desalojo de la Sede Central de la Universidad de Chile es una pequeña muestra de cómo operan las fuerzas especiales de la policía frente al movimiento estudiantil. Sólo durante el mes de junio, Carabineros ha desalojado a la Universidad Arcis, dejando 50 detenidos; al Liceo femenino Carmela Carvajal, con 225 detenidos, y al Instituto Nacional, con un número indeterminado de detenidos, entre otros.

 Sin embargo, la represión calculada ordenada por el gobierno de Piñera y ejecutada por las “fuerzas del orden” no ha podido apagar el fuego que impulsa al movimiento estudiantil. Fue convocada una histórica marcha para el 26 de junio, donde se midieron fuerzas no sólo de estudiantes y carabineros (representando al gobierno, pues nunca hay un interlocutor civil) sino también trabajadores del cobre y del sector portuario.
Efectivamente, la Confederación de Trabajadores del Cobre, el sindicato Siteco y la Unión de Portuarios de Chile decidieron sumarse a la movilización bajo la consigna de “recuperar el cobre para la educación gratuita”. En una breve declaración, exclaman que “pararemos la producción de cobre, los portuarios paralizarán sus actividades y los estudiantes saldrán a las calles por cientos de miles en una jornada histórica de movilización efectiva por la Renacionalización del metal rojo para financiar la educación gratuita. Es un imperativo moral organizar, preparar y convocar a estas movilizaciones nacionales. La intransigencia del gobierno no va más y las promesas de la concertación no alcanzan a ocultar sus verdaderos intereses: defender el lucro y el negocio de nuestros derechos sociales”. Declaran, además que “el cobre, el sueldo de Chile es la solución para las demandas del movimiento estudiantil y de los trabajadores. Es justamente también el punto de conflicto, la demanda que divide aguas y separa radicalmente a la clase política del pueblo chileno. Ni la alianza ni la Concertación tocarán el cobre por su propia voluntad. Seremos nosotros, miles de hombres y mujeres sencillas, quienes unidos y en movilización, tomaremos el destino de la patria en nuestras propias manos”.
Con la incorporación de sectores estratégicos del sistema productivo chileno, las acciones emprendidas por el movimiento social cobra nuevos bríos. Un nuevo retorno de la Concertación al Gobierno pondría a esta alianza de partidos frente a una oportunidad histórica para posicionar a Chile con los países alineados con los valores de los pueblos de la región, aquellos que derrocaron el proyecto del Alca en 2005 y no se ordenaron detrás de Bush Jr. en aquella ocasión.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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