miércoles, 17 de julio de 2013

MILITARIZACION Y PERSECUCION CONTRA EL MOVIMIENTO MAPUCHE EN CHILE

El presidente Sebastián Piñera utiliza una ley de la dictadura pinochetista para perseguir al pueblo mapuche, quienes desmienten su vinculación con los incendios al sur del Bio-Bio.
 
Por  Nicolás Scherer
       
El viernes, Celestino Córdova Tránsito fue procesado por el juzgado de Garantías de Temuco como el único autor del incendio en la casa patronal que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger. Los cargos: “Incendio terrorista con resultado de muerte”, lo que implica una investigación de seis meses en que el machi –autoridad religiosa mapuche– imputado permanecerá bajo prisión preventiva. En las afueras del tribunal, un grupo de mapuches se manifestaban en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. Los abogados defensores adujeron graves irregularidades en la detención. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, además de sostener su postura de que los mapuches son apoyados por organizaciones terroristas del exterior reforzó la presencia militar en la zona. Pasado mañana, el Congreso tiene previsto debatir varias propuestas que pongan fin al conflicto. Voceros mapuches también rechazaron cualquier vinculación con la cadena de incendios y consideran que sus autores son “infiltrados de la derecha” que sólo buscan deslegitimar ante la sociedad el reclamo de los pueblos originarios de la región.
Entender lo que sucede al sur de la Frontera del Bio-Bio en la actualidad no es fácil. Algunos historiadores y antropólogos como Martín Correa, Sergio Grez y José Bengoa ponen el énfasis en los antecedentes históricos y culturales de un conflicto más antiguo que la mismísima República de Chile. Otros especialistas, como Lorena Fries, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfatizan aspectos relativos a los convenios firmados por el Estado con organismos internacionales y las violaciones a los DD.HH. cometidos por las fuerzas de seguridad, en aspectos relativos a los reiterados allanamientos, juicios con testigos encubiertos, aplicación de la ley antiterrorista y la muerte de mapuches por parte de elementos de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Un primer hito que marca la historia mapuche en Chile es el Parlamento de Quilín, que en 1643 fue ratificado por el Rey Felipe IV y que, en la práctica, otorgaba soberanía al pueblo mapuche al sur del río Bio-Bio. Éste es sólo un dato del devenir que configura una práctica estructural: los mapuches no fueron sometidos por los españoles tal como otras etnias originarias de América. Lo cual los convirtió en una nación independiente, con instituciones de gestión del poder propias. Esta situación propició una cierta alianza entre mapuches y españoles cuando se inició el proceso de independencia chilena en el siglo XIX, lo que llevó a los mapuches a negociar con las autoridades chilenas –ya independizados de España– nuevos tratados, como el Parlamento de Tapihue en 1825, que ratificó las fronteras ya constituidas y confirmó la autoridad mapuche al sur de Concepción. De esta forma, no sería sino hasta después de la Guerra del Pacífico (1879-1883) que el Estado chileno tomara posesión del Wallmapu (territorio de Arauco). Este proceso, (mal) conocido como la “Pacificación de la Araucanía” y que contó con la participación de tropas de veteranos combatientes del Perú, terminó por sojuzgar a un pueblo que, bajo sus propias prácticas, constituía un Estado independiente al sur del continente.
Algunas consecuencias de este proceso serán: cinco millones de hectáreas anexadas al Estado, reducción a menos del 5% de su territorio por medio de los terrenos adjudicados a mapuches, 2918 “Títulos de Merced” con un total de 510.386,67 hectáreas, radicando allí a 82.629 personas. Y lo más grave: la destrucción de la composición política autónoma del pueblo mapuche. Su “conversión” en chilenos implicó, en la práctica, la pérdida de su autoridad tradicional, pues al cacique ya no se lo reconocía como soberano, creando múltiples conflictos intrarreducciones y con los nuevos colonos. Toda esta situación, consecuencia de una guerra perdida y de la pérdida de un gigantesco territorio nunca conquistado, convirtió a la tenencia de la tierra como la principal causa de pobreza y, por ende, del conflicto.
 
Voces mapuches. En cuanto a la violación a los derechos humanos y ciudadanos más fundamentales por parte del Estado de Chile, la discusión deja de lado los datos históricos para centrarse en las esferas políticas y jurídicas. Bajo el pretexto de salvar insuficiencias legales o morales del ordenamiento jurídico, se ha invocado la ley antiterrorista. Esta ley le otorga al Estado una enorme desproporción punitiva pues se llevan a cabo acciones que violan las libertades y derechos más fundamentales, como el de la figura del “testigo protegido” (testigos con el rostro cubierto, que no pueden ser reconocidos por los acusados). La reforma a esta ley en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994, llamada “Leyes Cumplido”) introdujo ciertos principios hermenéuticos-democratizadores. Sin embargo, el problema es que bajo los gobiernos tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera se ha interpretado la ley antiterrorista bajo ciertos paradigmas totalitarios, que exacerban la acción punitiva del Estado (por ejemplo, por medio del delito de incendio) por sobre los derechos de las personas contra grupos considerados ambiguamente terroristas. Y si bien hay un relativo consenso que las acciones de fuerza y la violencia no son justificables en un marco democrático, lo que se cuestiona es el uso de la ley antiterrorista para actos que pueden ser procesados por la justicia ordinaria, pues en muchos de los casos de acusación terrorista, no existe convicción de que la autoría sea de los mapuches acusados.
Además, la acción del Estado ha favorecido a un solo grupo particular: aquel que representa a los latifundistas, las empresas forestales y las hidroeléctricas. A esta unilateral situación hay que agregarle el hecho de la acción periodística, en que poderosos intereses empresariales tienen un control monopólico de las principales redes de comunicación del país y que se ligan al grupo particular amparado por el Estado por medio de ciertas industrias, por ejemplo la forestal.
El mapuche, políticamente hablando, se reconoce como mapuche primero y chileno después. Entendiendo esto es donde surgiría la apuesta de ciertos sectores del oficialista Alianza por Chile, como el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, de generar un orden institucional multiculturalista, basado en modelos como Canadá o Nueva Zelanda. Sin embargo, este ordenamiento, que pretende armonizar capitalismo neoliberal “verde” con desarrollo, empleo y mejor gestión en las demandas mapuches, choca con la frontal realidad: empresas transnacionales y nacionales que no sólo no dan empleo al mapuche, sino que traen sus propias prácticas y reglas político-culturales en las que se pretende emplear como asalariados a quienes gobernaron y rigieron sus tierras y destinos hasta hace relativamente poco tiempo.
Por ello, organizaciones mapuches como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) buscan articular las luchas anticapitalistas y antiimperialistas dentro del Wallmapu con su propia pelea por la independencia. Chocan frontalmente con megaminerías, grandes empresas hidroeléctricas, forestales nacionales e internacionales y grandes terratenientes. Denuncian la constante participación de grupos terroristas de derecha paramilitares amparados por el Estado en la represión de sus comunidades. Otras organizaciones, como el Parlamento Autónomo Nueva Imperial, si bien no levantan las sospechas del paramilitarismo, sí acusan al gobierno, al Estado y a los sectores dominantes de la sociedad chilena de perseguir al mapuche, pues los objetivos del desarrollo industrial-forestal-minero se encontrarían en franco antagonismo con la cosmovisión y forma de vida mapuche.
La actualidad, marcada por la muerte del matrimonio Luchsinger a manos de desconocidos, marca con gran tensión el conflicto que se vive entre las organizaciones mapuches, el Estado, los monopolios y ciertos grupos paramilitares de derecha tales como el Comando Hernán Trizano. Si bien hay grupos moderados dentro del mismo pueblo mapuche, la actual fase de represión puede traer mayor radicalización. Las prácticas de violencia sistemática de todos los actores involucrados dentro de un conflicto centenario y la absoluta incapacidad para comprender como solucionar el conflicto por parte de las autoridades del Estado chileno auguran un futuro de mayor tensión político-social en el sur de Chile.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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