Pocos días atrás el presidente español, Mariano Rajoy, decía sobre 2013: “Intentaré que no lleguemos a los seis millones de parados” (desocupados), aunque él conocía bien que la OCDE, el FMI y la UE pronosticaban incluso una cifra peor.
Por Roberto Montoya.
Pero el pasado día 8 llegó la sorpresa; no hacía falta ninguna bola de cristal para saber cuándo se alcanzaría tal cifra. Y es que en realidad los seis millones de desempleados ya se alcanzaron, e incluso superaron, ¡en noviembre pasado!
Fue Eurostat, la agencia oficial de estadísticas de la Unión Europea, quien dio a conocer ese día un informe de cuatro páginas sobre la evolución del empleo en la UE, en el que informaba que en noviembre de 2012 España tenía el 26,6% de la población activa desempleada. O lo que es lo mismo, 6,19 millones de personas, el 56,5% de ellas jóvenes de menos de 25 años.
La población activa es cada vez más baja. Según las últimas cifras de la Seguridad Social, no llega a los 17 millones de personas, sobre una población de 47 millones.
Durante 2012 se destruyeron 2.162 puestos de trabajo por día, 787.240 desempleados más en el año. Y es el quinto año de pérdida acelerada de puestos de trabajo.
Rajoy no ha querido hacer ningún comentario sobre el tema, seguramente esperará a ver si el próximo día 20 el Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta un dato sobre el empleo que le sea más favorable.
España sigue siendo el país con más desempleo de toda la UE, seguido por Grecia (26%), Portugal (16,3%) e Irlanda (14,6%).
En el otro extremo de la escala están Austria (4,5%); Luxemburgo (5,1%); Alemania (5,4%) y Holanda (5,6%). En el medio, países como Francia (10,5%); Polonia (10,6%) o Italia (11,1%).
El promedio de desempleo en los 27 países de la UE es del 11,8%, algo más de 26 millones de personas) y si se considera sólo a los 16 países de ella que componen la eurozona, el 10,7%, casi 19 millones de personas.
Analizando estos datos, Jean-Claude Jüncker, primer ministro de Luxemburgo y hasta ahora presidente del Eurogrupo –compuesto por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona– reconoció estos días ante el Parlamento Europeo: “Tenemos una tasa (de desempleo) superior al 11%, cuando prometimos a los europeos que la moneda única tendría como consecuencia que los desequilibrios sociales se ajustarían de forma positiva”.
Pero Juncker hizo estas declaraciones –¿o mea culpa?– sólo pocos días antes de dejar su cargo, el próximo día 21.
Y no es el primero. Ya son varios los líderes europeos con responsabilidades directas en la política económica de la UE que al ver la tragedia social que provocan las políticas de austeridad que ellos mismos impusieron a varios de los países miembros, se echan las manos a la cabeza y reclaman “sensibilidad social”.
Sin embargo, ninguno de ellos propone dar un giro brusco a la política actual, ofreciendo alternativas a sus recetas neoliberales. De hecho, la UE no ha dicho ni una palabra acerca del nuevo informe del FMI sobre Portugal, en el que reclama al gobierno del conservador Pedro Passos Coelho, que eche a 120.000 funcionarios públicos, que reduzca el salario de los restantes, que suba aún más la tarifa que ya se paga por las consultas en los hospitales públicos, que reduzca el importe de las pensiones y alargue la edad de jubilación.
Los precios suben en España, la conflictividad también. El desempleo y la crisis son, según estadísticas oficiales, la preocupación número uno de los ciudadanos españoles, y la segunda, la corrupción, que salpica desde hace años a varios partidos políticos, el primero de ellos el gubernamental Partido Popular, pero también a Unió –que junto con Convergencia gobierna en Cataluña– y en menor medida al PSOE, el principal partido de la oposición. Esa explosiva mezcla da como resultado un creciente malestar y escepticismo en la población.
A los recortes aplicados en este primer año de Gobierno Rajoy y al drástico aumento del IVA se han sumado a partir del 1º de enero aumentos generalizados en la gasolina (nafta), transporte, gas, electricidad y un larguísimo etcétera, que deteriora aún más el poder adquisitivo de la mayoría. Durante 2012 se dieron de baja dos millones de líneas telefónicas de celular y el consumo de alimentos baja mes a mes a causa de la caída de los ingresos en los hogares y el aumento del IVA.
El interés privatizador del PP. El espíritu privatizador de la sanidad pública , que ha provocado ya la renuncia de más de 322 directivos de centros de salud sólo en Madrid, ha puesto en evidencia el interés privatizador del PP. Juan José Güemes, el que fuera hasta hace poco el consejero de Sanidad de la Comunidad (gobernación) de Madrid, ha pasado a ser consejero de la empresa privada Unilabs, a la que él mismo adjudicó tiempo atrás la realización de los análisis para seis hospitales públicos. Unilabs forma parte del grupo Capio, que puja ahora por la gestión de los hospitales y centros de salud que serán privatizados próximamente, y cuyos accionistas tienen fuertes relaciones con el PP.
La poderosa comunidad autónoma de Madrid, en manos del PP, se deshace también de Telemadrid, la televisión autonómica, despidiendo a casi 900 trabajadores.
El desmantelamiento del Estado de bienestar y el desempleo provocan a su vez una parálisis económica y el cierre diario de negocios y empresas.
El abrupto pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó millones de nuevas viviendas sin vender y el cierre de miles de inmobiliarias; la venta de coches ha retrocedido a cifras de 1986.
Por su parte, la reestructuración de la banca nacionalizada exigida por la UE a España para poder recibir casi 40.000 millones de euros para salvarla de la quiebra, implica el cierre de más de 1.000 sucursales, el despido de miles de empleados y un duro recorte del salario del resto. Más de 15.000 empleados bancarios han salido a las calles para denunciar que se carga sobre ellos las consecuencias de la irresponsable gestión de sus directivos, mientras estos reciben suculentos sueldos e indemnizaciones.
Y los empresarios ven el futuro cada vez más negro. El último Indicador de Confianza Empresarial Armonizada, ICEA), del Instituto Nacional de Estadística, muestra que el 55,9% de ellos es pesimista sobre el futuro de su negocio, que el 38,3% no vislumbra cambios, mientras sólo el 5,8% es optimista.
Fuente: Tiempo Argentino.
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