El director general de Educación bonaerense Mario Oporto, habla de la difícil situación en su territorio. Con el 95 por ciento del presupuesto destinado a salarios, intenta mantener un delicado equilibrio en una provincia que tiene a 600 mil chicos fuera del sistema. El balance de éxitos y fracasos, lo que falta y los proyectos.
Por Luciana Malamud
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli se lanzó al ruedo de un día para otro y sin testear posibles apoyos: a fines de octubre y en Colombia, manifestó su interés por bajar la edad de imputabilidad que el Código Penal fija en 16 años. Mientras la idea –plasmada en un proyecto que dirigió Vilma Ibarra– se discute entre los actores políticos, las organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes, las que defienden los derechos de ese grupo etáreo y algunos gremios relacionados con la docencia, mostraron su oposición con una marcha que comenzó en la Ciudad de los Niños y terminó en la gobernación bonaerense, donde transmitieron su disconformidad a funcionarios del gobierno. Entre ellos, el director general de Educación, Mario Oporto, quien en conversación con Veintitrés evitó definir su posición en ese tema y señaló: “Tenemos que lograr que esos chicos vayan a la escuela. Cuando se habla de ley de protección integral de los derechos, se habla del derecho a la educación. Cuando un chico no va a la escuela o la deja, hay un fracaso en la protección de ese derecho. Para tener éxito hay que cumplir la ley de educación y lograr que los chicos vayan a la escuela hasta los 18 años. No sólo que lleguen, sino que permanezcan y egresen con aprendizajes”.
–¿Cómo se plantea lograrlo?
–Con condiciones sociales que lo faciliten. A medida que tenemos éxito en la inclusión, en la masificación de la educación, los problemas de la niñez y la adolescencia ingresan a la escuela. No hay drogas en la escuela ni violencia escolar, hay chicos que van a la escuela y además se drogan, o que son violentos y además van a la escuela. Las dificultades se agravan cuando dejan de ir a la escuela. Y además hay chicos que tienen conflicto con la ley, a los que la educación no debe abandonar. La población carcelaria disminuyó en edad y se concentró en los jóvenes pobres. No tengo dudas de que si los jóvenes marginados tienen educación dentro de la cárcel, es mucho más probable que no reincidan. Por eso tenemos el programa “Educación en contexto de encierro” y un contacto permanente con otras áreas. Articular es una de las mayores dificultades de la gestión de gobierno, pero hay que esforzarse en lograrlo porque se ahorran recursos y energía. El chico es uno solo y hay que ayudarlo de manera integral. Creo que las políticas deben ser universales. Hay que poner énfasis en las escuelas carenciadas.
–¿Se hace?
–Sí, pero siempre hay que hacer más.
–¿Qué falta?
–Igualdad de inicio, que todos los chicos vayan al jardín de infantes. Todavía tenemos que universalizar la escuela inicial, para eso hay que construir jardines, tener docentes y una política educativa. La decisión es, en estos cuatro años, poder crear unos 800 jardines y lograr que todos los niños estén escolarizados desde los tres años. La otra desigualdad se da en la oferta educativa. Debemos lograr que todos tengan la misma posibilidad, incluyendo la oferta artística, de idioma, de informática; ahí debemos cubrir cargos. En unos días se lanzará un programa para reducir la brecha digital con tres ejes: instalación de laboratorios de informática en todas las escuelas, conexión a Internet y capacitación docente.
–Hoy hay escuelas con salas de informática pero no docentes, con grandes bibliotecas que los chicos no pueden usar, o con enseñanza de inglés aunque todavía, en sexto grado, no comprenden lo que leen en castellano. ¿Cómo piensa saldar esas situaciones?
–Primero reconociendo la desigualdad y luego invirtiendo. La prioridad en la inversión es la infraestructura y este año se triplicó el presupuesto. El 28 de noviembre abrimos los pliegos de licitación para el arreglo de escuelas en el verano; ahí vamos a invertir 300 millones de pesos para ampliar y refaccionar los 8.900 edificios que tenemos; luego vendrá la etapa para construir nuevas escuelas. En segundo lugar, invertiremos en cargos dirigidos a que todas las escuelas tengan secretaria, que haya bibliotecarios, cargos que garanticen la obligatoriedad en la escuela inicial y secundaria, y gabinetes de orientación escolar. Respecto de los idiomas, hablamos del aprendizaje de tres lenguajes: nativo, secundario y tecnológico. Claro que si los chicos no manejan el lenguaje propio no pueden acceder a ningún otro; no se puede aceptar que egresen de sexto grado sin saber leer o escribir bien, es decir, comprender y expresarse. Los idiomas extranjeros no tienen fuerte tradición en la escuela pública y hay que poner énfasis en eso. A veces los docentes no incorporan tecnologías, por eso planteamos que deben salir de los institutos sabiendo manejar una computadora pero, sobre todo, teniendo una herramienta para acceder a otros saberes.
–¿Alcanza el presupuesto para cumplir los objetivos?
–El 95 por ciento del presupuesto se utiliza en salarios y la provincia está entre las últimas en cuanto al gasto por alumno, pero estoy satisfecho con la política del gobierno, que destina el 35 por ciento del presupuesto general al área educación, unos 15.000 millones de pesos. También en cuanto a política salarial, ya que este año aumentamos un 40 por ciento los sueldos. Pero hay que educar a 4,5 millones de chicos. Debemos pensar que el sistema educativo va a crecer en volumen, porque habrá más población, porque queremos bajar la deserción y que todos vayan a la escuela. Estoy planificando que haya más horas de clase, porque si estamos pensando en incluir una oferta artística, informática, de educación física, quedan reducidas las horas para lengua y matemática. Entonces tenemos que ver cómo se financia este crecimiento.
–También faltan nombramientos y cubrir cargos...
–El financiamiento empieza por administrar bien lo que se tiene. La provincia tiene tres fuentes de financiamiento: el dinero propio, los aportes nacionales, unos 900 millones de pesos básicamente para salarios e infraestructura, y los créditos del exterior. Faltan nombramientos, es verdad, vamos a ir saldando esa cuestión; este año cubrimos 7.500 cargos, entre los nuevos y los que se adeudaban, especialmente en secretarías, educación física y docentes de artística.
–¿Cuáles son las perspectivas para 2009/10?
–Hay que consolidar la escuela secundaria obligatoria y continuar con el crecimiento de la educación inicial. Hay que dar más solidez académica a las instituciones superiores. Seguramente será un año en que las políticas sociales todavía tengan un gran protagonismo. Queremos fortalecer las escuelas técnicas e insistir en la coparticipación de la ley de financiamiento. Tenemos que alertar al Consejo Federal del esfuerzo que está haciendo la provincia, que se entienda que esta provincia es pobre. Y está muy avanzado el nuevo diseño de escuela.
–¿Cómo será?
–Tendrá un ciclo básico obligatorio de seis años y un ciclo superior orientado, en donde se reconocen las nuevas prácticas juveniles y las nuevas tecnologías. La idea es que se adecue a un escenario de complejidad y de respuestas pensadas en ese contexto. Pero primero debemos discutirla con los partidos políticos para que en cuatro años, cuando cambie la gestión, no se vuelva a cambiar el modelo.
–¿Qué incentivos tienen los docentes para permanecer en la escuela?
–El atraso del salario era tan grande que todo progreso es poco, pero hay un avance en ese sentido, una parte estratégica de la política educativa. Pero es cierto que no todo tiene que ver con el reconocimiento económico sino también con el social. Y el incentivo es también la capacitación, que debe ser gratuita, a veces en horario escolar y otras no. Muchas veces se hizo hincapié en los recursos didácticos, pero es indispensable poner énfasis en las disciplinas. No se puede aplicar la metodología sobre contenidos que no se conocen. En 2009 vamos a destinar doce millones de pesos en la capacitación, especialmente en febrero. Y además, junto con los gremios, decidimos que la capacitación pública tenga mayor puntaje que la privada.
–¿Cómo piensa incluir a los 600 mil chicos que no trabajan ni estudian en la provincia?
–Participamos del programa nacional FINES para que aquellos que no dieron sus últimas materias puedan rendirlas, y este año tuvimos 120 mil inscriptos. Se están generando estrategias para que los jóvenes que no están escolarizados puedan hacer alguna práctica de cursada antes de ingresar a la escuela. Estamos creando los Centros de Escolarización, que van a funcionar en los barrios o en organizaciones sociales, en instituciones que llegan mucho más fácil a esos casos. Tenemos dos núcleos de desigualdad: el más duro, el conurbano, y las escuelas rurales, donde hay que invertir en transporte y en recursos humanos.
–¿Hay algún programa para madres y padres adolescentes?
–Hay uno que empezó a funcionar este año pero no es masivo. Hay experiencias interesantes de escuelas con guardería o un régimen de asistencias más flexible. Se generó la normativa para construir jardines maternales y ya hay veinte jardines listos para funcionar que beneficiarán a 8.530 madres, de las cuales 3.630 están embarazadas. Pero considero que este tema debe encararse desde otro lugar: con la ley de educación sexual para que los adolescentes tengan información que les permita atrasar su paternidad y maternidad, y que puedan cumplir un principio básico: elegir el número de hijos y cuándo tenerlos. Para eso hay que educarlos, porque ahí se da una transmisión intergeneracional de la pobreza; un abandono temprano de la escuela que lleva a la precariedad educativa y en consecuencia a la laboral, y se repite la historia. Estamos trabajando mucho en los jardines, porque allí las chicas que llevan a sus hijos vuelven a encontrarse con la escuela que abandonaron. Pero hay que garantizar con normativas y servicios que los adolescentes puedan ir a la escuela, y trabajar para que las chicas puedan elegir el momento de su embarazo.
–¿Qué opina del conflicto docente en la Capital? ¿Se trató el tema en la última reunión del Consejo Federal?
–No, el ministro de Educación de la ciudad no asistió. Creo que ese conflicto está vinculado a conflictos similares en otras provincias. Por eso considero que deben lograrse paritarias anuales, hay que pensar en políticas salariales bianuales o trianuales, fortalecer la paritaria nacional; apostar al diálogo permanente y no romper la mesa de consenso. Las provincias que no tienen paritarias están en desventaja, a nosotros nos ayudó a solucionar el conflicto este año. También es importante no esperar el conflicto, el diálogo debe ser permanente.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli se lanzó al ruedo de un día para otro y sin testear posibles apoyos: a fines de octubre y en Colombia, manifestó su interés por bajar la edad de imputabilidad que el Código Penal fija en 16 años. Mientras la idea –plasmada en un proyecto que dirigió Vilma Ibarra– se discute entre los actores políticos, las organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes, las que defienden los derechos de ese grupo etáreo y algunos gremios relacionados con la docencia, mostraron su oposición con una marcha que comenzó en la Ciudad de los Niños y terminó en la gobernación bonaerense, donde transmitieron su disconformidad a funcionarios del gobierno. Entre ellos, el director general de Educación, Mario Oporto, quien en conversación con Veintitrés evitó definir su posición en ese tema y señaló: “Tenemos que lograr que esos chicos vayan a la escuela. Cuando se habla de ley de protección integral de los derechos, se habla del derecho a la educación. Cuando un chico no va a la escuela o la deja, hay un fracaso en la protección de ese derecho. Para tener éxito hay que cumplir la ley de educación y lograr que los chicos vayan a la escuela hasta los 18 años. No sólo que lleguen, sino que permanezcan y egresen con aprendizajes”.
–¿Cómo se plantea lograrlo?
–Con condiciones sociales que lo faciliten. A medida que tenemos éxito en la inclusión, en la masificación de la educación, los problemas de la niñez y la adolescencia ingresan a la escuela. No hay drogas en la escuela ni violencia escolar, hay chicos que van a la escuela y además se drogan, o que son violentos y además van a la escuela. Las dificultades se agravan cuando dejan de ir a la escuela. Y además hay chicos que tienen conflicto con la ley, a los que la educación no debe abandonar. La población carcelaria disminuyó en edad y se concentró en los jóvenes pobres. No tengo dudas de que si los jóvenes marginados tienen educación dentro de la cárcel, es mucho más probable que no reincidan. Por eso tenemos el programa “Educación en contexto de encierro” y un contacto permanente con otras áreas. Articular es una de las mayores dificultades de la gestión de gobierno, pero hay que esforzarse en lograrlo porque se ahorran recursos y energía. El chico es uno solo y hay que ayudarlo de manera integral. Creo que las políticas deben ser universales. Hay que poner énfasis en las escuelas carenciadas.
–¿Se hace?
–Sí, pero siempre hay que hacer más.
–¿Qué falta?
–Igualdad de inicio, que todos los chicos vayan al jardín de infantes. Todavía tenemos que universalizar la escuela inicial, para eso hay que construir jardines, tener docentes y una política educativa. La decisión es, en estos cuatro años, poder crear unos 800 jardines y lograr que todos los niños estén escolarizados desde los tres años. La otra desigualdad se da en la oferta educativa. Debemos lograr que todos tengan la misma posibilidad, incluyendo la oferta artística, de idioma, de informática; ahí debemos cubrir cargos. En unos días se lanzará un programa para reducir la brecha digital con tres ejes: instalación de laboratorios de informática en todas las escuelas, conexión a Internet y capacitación docente.
–Hoy hay escuelas con salas de informática pero no docentes, con grandes bibliotecas que los chicos no pueden usar, o con enseñanza de inglés aunque todavía, en sexto grado, no comprenden lo que leen en castellano. ¿Cómo piensa saldar esas situaciones?
–Primero reconociendo la desigualdad y luego invirtiendo. La prioridad en la inversión es la infraestructura y este año se triplicó el presupuesto. El 28 de noviembre abrimos los pliegos de licitación para el arreglo de escuelas en el verano; ahí vamos a invertir 300 millones de pesos para ampliar y refaccionar los 8.900 edificios que tenemos; luego vendrá la etapa para construir nuevas escuelas. En segundo lugar, invertiremos en cargos dirigidos a que todas las escuelas tengan secretaria, que haya bibliotecarios, cargos que garanticen la obligatoriedad en la escuela inicial y secundaria, y gabinetes de orientación escolar. Respecto de los idiomas, hablamos del aprendizaje de tres lenguajes: nativo, secundario y tecnológico. Claro que si los chicos no manejan el lenguaje propio no pueden acceder a ningún otro; no se puede aceptar que egresen de sexto grado sin saber leer o escribir bien, es decir, comprender y expresarse. Los idiomas extranjeros no tienen fuerte tradición en la escuela pública y hay que poner énfasis en eso. A veces los docentes no incorporan tecnologías, por eso planteamos que deben salir de los institutos sabiendo manejar una computadora pero, sobre todo, teniendo una herramienta para acceder a otros saberes.
–¿Alcanza el presupuesto para cumplir los objetivos?
–El 95 por ciento del presupuesto se utiliza en salarios y la provincia está entre las últimas en cuanto al gasto por alumno, pero estoy satisfecho con la política del gobierno, que destina el 35 por ciento del presupuesto general al área educación, unos 15.000 millones de pesos. También en cuanto a política salarial, ya que este año aumentamos un 40 por ciento los sueldos. Pero hay que educar a 4,5 millones de chicos. Debemos pensar que el sistema educativo va a crecer en volumen, porque habrá más población, porque queremos bajar la deserción y que todos vayan a la escuela. Estoy planificando que haya más horas de clase, porque si estamos pensando en incluir una oferta artística, informática, de educación física, quedan reducidas las horas para lengua y matemática. Entonces tenemos que ver cómo se financia este crecimiento.
–También faltan nombramientos y cubrir cargos...
–El financiamiento empieza por administrar bien lo que se tiene. La provincia tiene tres fuentes de financiamiento: el dinero propio, los aportes nacionales, unos 900 millones de pesos básicamente para salarios e infraestructura, y los créditos del exterior. Faltan nombramientos, es verdad, vamos a ir saldando esa cuestión; este año cubrimos 7.500 cargos, entre los nuevos y los que se adeudaban, especialmente en secretarías, educación física y docentes de artística.
–¿Cuáles son las perspectivas para 2009/10?
–Hay que consolidar la escuela secundaria obligatoria y continuar con el crecimiento de la educación inicial. Hay que dar más solidez académica a las instituciones superiores. Seguramente será un año en que las políticas sociales todavía tengan un gran protagonismo. Queremos fortalecer las escuelas técnicas e insistir en la coparticipación de la ley de financiamiento. Tenemos que alertar al Consejo Federal del esfuerzo que está haciendo la provincia, que se entienda que esta provincia es pobre. Y está muy avanzado el nuevo diseño de escuela.
–¿Cómo será?
–Tendrá un ciclo básico obligatorio de seis años y un ciclo superior orientado, en donde se reconocen las nuevas prácticas juveniles y las nuevas tecnologías. La idea es que se adecue a un escenario de complejidad y de respuestas pensadas en ese contexto. Pero primero debemos discutirla con los partidos políticos para que en cuatro años, cuando cambie la gestión, no se vuelva a cambiar el modelo.
–¿Qué incentivos tienen los docentes para permanecer en la escuela?
–El atraso del salario era tan grande que todo progreso es poco, pero hay un avance en ese sentido, una parte estratégica de la política educativa. Pero es cierto que no todo tiene que ver con el reconocimiento económico sino también con el social. Y el incentivo es también la capacitación, que debe ser gratuita, a veces en horario escolar y otras no. Muchas veces se hizo hincapié en los recursos didácticos, pero es indispensable poner énfasis en las disciplinas. No se puede aplicar la metodología sobre contenidos que no se conocen. En 2009 vamos a destinar doce millones de pesos en la capacitación, especialmente en febrero. Y además, junto con los gremios, decidimos que la capacitación pública tenga mayor puntaje que la privada.
–¿Cómo piensa incluir a los 600 mil chicos que no trabajan ni estudian en la provincia?
–Participamos del programa nacional FINES para que aquellos que no dieron sus últimas materias puedan rendirlas, y este año tuvimos 120 mil inscriptos. Se están generando estrategias para que los jóvenes que no están escolarizados puedan hacer alguna práctica de cursada antes de ingresar a la escuela. Estamos creando los Centros de Escolarización, que van a funcionar en los barrios o en organizaciones sociales, en instituciones que llegan mucho más fácil a esos casos. Tenemos dos núcleos de desigualdad: el más duro, el conurbano, y las escuelas rurales, donde hay que invertir en transporte y en recursos humanos.
–¿Hay algún programa para madres y padres adolescentes?
–Hay uno que empezó a funcionar este año pero no es masivo. Hay experiencias interesantes de escuelas con guardería o un régimen de asistencias más flexible. Se generó la normativa para construir jardines maternales y ya hay veinte jardines listos para funcionar que beneficiarán a 8.530 madres, de las cuales 3.630 están embarazadas. Pero considero que este tema debe encararse desde otro lugar: con la ley de educación sexual para que los adolescentes tengan información que les permita atrasar su paternidad y maternidad, y que puedan cumplir un principio básico: elegir el número de hijos y cuándo tenerlos. Para eso hay que educarlos, porque ahí se da una transmisión intergeneracional de la pobreza; un abandono temprano de la escuela que lleva a la precariedad educativa y en consecuencia a la laboral, y se repite la historia. Estamos trabajando mucho en los jardines, porque allí las chicas que llevan a sus hijos vuelven a encontrarse con la escuela que abandonaron. Pero hay que garantizar con normativas y servicios que los adolescentes puedan ir a la escuela, y trabajar para que las chicas puedan elegir el momento de su embarazo.
–¿Qué opina del conflicto docente en la Capital? ¿Se trató el tema en la última reunión del Consejo Federal?
–No, el ministro de Educación de la ciudad no asistió. Creo que ese conflicto está vinculado a conflictos similares en otras provincias. Por eso considero que deben lograrse paritarias anuales, hay que pensar en políticas salariales bianuales o trianuales, fortalecer la paritaria nacional; apostar al diálogo permanente y no romper la mesa de consenso. Las provincias que no tienen paritarias están en desventaja, a nosotros nos ayudó a solucionar el conflicto este año. También es importante no esperar el conflicto, el diálogo debe ser permanente.
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