Por Alberto Amato
El país era un tembladeral en febrero de 1975. Juan Perón, el viejo líder, había muerto tal como debe haber soñado, en el ejercicio de la presidencia. Como herencia no había dejado, como decía, al pueblo, sino a su tercera esposa, María Estela Martínez, una mujer jaqueada por su incapacidad, por los jefes militares, por el poder económico que había vaciado los supermercados, por los desvaríos de una inflación desorbitada y por los gremios que intentaban correr en la tortuga de los salarios al jet de los precios.
Y por la guerrilla, que tenía en jaque al país. La peronista, Montoneros, había pasado a la clandestinidad enfrentada al gobierno que la había cobijado. La trotskista, el ERP, con su “Compañía Ramón Rosa Jiménez”, intentaba establecer en Tucumán un foco de guerrilla rural y una zona liberada, con bandera propia: un paisito dentro de la Argentina. La guerrilla, que empujaba al país al golpe, se enfrentaba a unas fuerzas armadas que ya habían decidido dar el golpe más sangriento de la historia. Era un cóctel letal.
La aceituna de ese cóctel la puso la propia Presidenta: en febrero de ese año, firmó un decreto secreto, el 261, que dio origen al “Operativo Independencia” en Tucumán. El decreto tenía una frase inicial que también era letal. Ordenaba al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones necesarias “para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”. Meses después, con la Presidenta de vacaciones, el titular del Senado, Ítalo Luder, extendió esa orden a todo el país. La palabra “aniquilar” dio la excusa para desatar el terrorismo de Estado, que ya planeaban los futuros dictadores de marzo del 76. No se trataba de aniquilar el accionar de, sino de aniquilar a. No era un entuerto semántico. Era decisión política.
El primer jefe del Operativo fue el general Acdel Vilas. Dijo que no iba a Tucumán a terminar con la guerrilla, sino a terminar con la subversión. Y que no pensaba detenerse ante las leyes. Lo hizo. Inauguró el que, al menos hasta hoy, es el primer centro clandestino de detención, “La Escuelita”, en Famaillá, por donde pasaron la mayor parte de los desaparecidos de la provincia. No fue el único sitio de detención ilegal de Tucumán. Vilas comandó la V Brigada de Infantería, envuelta en el Operativo, que dependía del Cuerpo de Ejército III, que en septiembre de ese año pasaría a manos del general Luciano Benjamín Menéndez. Vilas fue reemplazado en diciembre de 1975 por el general Antonio Bussi, cuando ya el ERP, que llegó a tener una radio en el monte, Radio Liberación, estaba diezmado tras numerosos combates en la provincia más chica del país.
Junto a los combates, Vilas y Bussi, sobre todo este último, implantaron el molde del terrorismo de Estado que después se extendería a todo el país, ya con los golpistas en el poder y la guerrilla anulada.
El 75% de los desaparecidos en Tucumán no son guerrilleros, sino trabajadores rurales de la caña y la industria azucarera, peones y obreros de la construcción, según reveló la Comisión Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario