lunes, 21 de junio de 2010

QUE VA A SER DE TI LEJOS DE CASA

La mitad de los pibes encerrados en institutos están medicados psiquiátricamente y ocho de cada diez podrían convivir con sus familias, según un informe de la Asesoría Tutelar porteña.

El 81,4 por ciento de los niños y jóvenes institucionalizados en albergues dependientes de la Ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de vivir con su familia y, sin embargo, pasa sus días en el encierro. Ése es el dato más alarmante que dio a conocer el miércoles pasado el Ministerio Público Tutelar porteño, durante la presentación de un informe anual titulado Niñez, adolescencia y salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.


De acuerdo con este relevo –que fue expuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires– los chicos encerrados responden a un nivel socioeconómico muy específico: casi el 90 por ciento pertenece a la clase baja, de lo que se deduce que, según el modelo PRO, los llamados “hogares” –tal su eufemismo– no son otra cosa que un depósito de pibes pobres.


“El Estado local administra estas internaciones sin tener en cuenta que la ley nacional 26.061 ratifica que la separación de un menor del medio sociofamiliar no puede jamás deberse a la falta de recursos económicos –explica Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar: un organismo cuya función consiste en fiscalizar las gestiones tutelares dependientes, en este caso, del gobierno de Mauricio Macri–. La internación debe ser el último recurso.”


Vivir en el encierro tiene sus consecuencias. Además de la principal –relacionada con la imposibilidad de convivir con la familia– hay otras igualmente duras: el informe advierte que la mitad de los internos no tiene acceso a la salud (al 65 por ciento le cuesta obtener turnos hospitalarios, y el 44,4 por ciento sufre demoras en la llegada de los medicamentos); el 56 por ciento está medicado psiquiátricamente, aún cuando en muchos casos no sería necesario, y el 88 por ciento no tiene un abogado designado, aún cuando la Ley Nacional de Protección Integral menciona este ítem como obligatorio. A su vez, el 12 por ciento que sí tiene abogado suele recibir pocas –o nulas– visitas del mismo.


Para Soledad Acuña, subsecretaria de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad, estos datos son relativos y exigen ser desmentidos. Puntualmente, Acuña se refiere al motivo por el que los menores hoy están internados: según la voz oficial, si no están afuera se debe a que no se puede “externar” y devolver a la familia a un chico que no tiene una familia estructurada a la que volver. “Creo que ese punto de vista puede ser válido si consideramos ‘familia’ sólo a la familia de sangre –advierte Diana Maffía, diputada porteña por Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura–. Pero cuando se habla de un núcleo socioafectivo hablamos de alguien con quien no necesariamente tiene que haber un lazo sanguíneo directo: puede ser una tía, un primo, un vecino; hay que ver quiénes forman parte de la idea de ‘hogar’ de cada chico.”

Yo lo pido, ellos lo hacen. De los 99 espacios de alojamiento dependientes del Gobierno de la Ciudad, sólo 6 son del Estado. Los 93 restantes son, por el contrario, instituciones tercerizadas que, según denuncia el MPT, son principalmente financiadas por el Gobierno de la Ciudad y terminan en muchos casos decidiendo sobre el futuro de los chicos (una atribución que en esta nota es discutida y desmentida por otros actores sociales). Estas instituciones –de las cuales el 50 por ciento está ubicado, paradójicamente, fuera de la Ciudad– reciben un dinero mensual por interno: de acuerdo con datos de 2009 publicados por el informe, se paga 1.071 en un parador; 1.306,50 en un hogar maternal; 1.330 en un espacio convivencial; 2.025 en una comunidad terapéutica; 2.099 en un espacio de atención especializada; 4.717,50 por atención de necesidades especiales/discapacidad, y 5.988 por atención en salud mental.


Para hacer frente a estas cifras, la Dirección General de Niñez asigna un 42 por ciento de su presupuesto general al Programa de Atención de Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad Social, que consiste principalmente en políticas de internación de niños en instituciones de albergue. Entre tanto, sólo el 6 por ciento del presupuesto se invierte en el fortalecimiento de vínculos. Esta distribución del presupuesto deriva en casos absurdos. Laura Musa menciona el siguiente: un padre vivía con sus cinco hijos en una casilla. Fue desalojado. Al no tener un lugar alternativo de vivienda, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes derivó a los chicos a un albergue, separándolos de su padre. La decisión le costó al Estado 6.650 pesos mensuales, mientras que pagar un alquiler a la familia era bastante menos. “Puede verse que hay decisiones que no se dan por motivos económicos, sino ideológicos –advierte Maffía–. Por no hablar de la posibilidad de un negocio con los hogares. En el PRO dicen que no hacen negocio, pero a juzgar por la cantidad de dinero que hay en juego y la manera arbitraria de distribuirlo, cabe la sospecha de pensar que sí.” Esta hipótesis –al menos, el tramo que involucra a los hogares– molesta a Roberto Mariani, coordinador del hogar Matilde Vara. “A los hogares les pagan una beca y con ese dinero les piden que tengan psicólogo, médico, todos los saberes profesionales y que además hagan reformas en la casa que cuestan entre 30 y 40 lucas, aunque nunca les transfieren recursos suficientes para que hagan todo eso –enumera–. El macrismo espera que venga una señora que les diga qué hacer; tienen la filosofía de la caridad que tapa agujeros pero no políticas públicas de calidad. Hay una enorme diferencia entre delegar y desligarse. Y, aclaro, cuando se decide la externación de un chico, esa medida no se toma en solitario: se toma con un grupo multidisciplinario por arriba del que debe estar, como actor principal, el Estado.”

El fantasma del Patronato. Ninguna de las instituciones que albergan menores en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada según los criterios de la ley 2.881: una normativa que se sancionó y publicó en 2008 –post-Cromañón– y que daba a las instituciones un plazo de 18 meses para regularizar su situación en materia de condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad.


El detalle es que el 2 de junio se venció ese plazo y los lugares no sólo no fueron acondicionados, sino que piden una prórroga de 12 meses más. En el Ministerio Público Tutelar exigen al Gobierno porteño que rechace esta prórroga. Esta medida es discutida por los hogares. “El MPT incurre en una falta grave al cargar las tintas sobre los hogares y no sobre el gobierno de la Ciudad –advierte Mariani–. Las ong están en el medio de un conflicto de presiones, donde hoy les exigen lo que ellas difícilmente puedan cumplir. Son casi la única herramienta que este gobierno utiliza, en el sentido más perverso de esta palabra, desechando todo el resto de herramientas y estrategias de abordaje a una problemática por demás compleja. Es fácil caer en el discurso de ‘hagan reformas’ cuando no ponés un peso para que se lleven a cabo.”


La Ley 2.881 que impulsa las reformas es subsidiaria de la 26.061: una norma nacional que en 2005 reemplazó la antiquísima 10.903 de Patronato de Menores, que rigió desde 1919 hasta su derogación. Según ella, la intervención estatal debía estar focalizada en la separación de los niños de su medio familiar y la institucionalización como medida de protección. Con la sanción, en 2005, de la ley nacional 26.061 y la ley de la Ciudad 114, surgió un nuevo paradigma que consideraba la institucionalización como último recurso. Aunque, hasta el momento, parece seguir siendo el primero.

Ante las Naciones Unidas
Los días 2 y 3 de junio el Estado argentino rindió cuentas ante el Comité de Expertos en Derechos del Niño de las Naciones Unidas, instancia en la cual se encontró presente el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, representado por su coordinadora, Nora Pulido.


Anteriormente a esto, en el mes de febrero, el Colectivo había presentado ante este Comité su informe sobre la situación de la niñez en nuestro país a la luz del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunos de los temas tratados por ese informe eran (y siguen siendo): la inequidad social, los problemas en el acceso a los sistemas de salud y educación, el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la explotación sexual, los problemas de los niños y jóvenes indocumentados, los NNA adolescentes privados de libertad, las reclusiones a cadena perpetua a menores de edad, las muertes por gatillo fácil y los abusos policiales efectuados al amparo de los Códigos de Faltas inconstitucionales.


Además, se advertía sobre la lenta puesta en marcha de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que fue sancionada en octubre de 2005. La adecuación legislativa e institucional en las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires mantiene, según el informe, una demora preocupante.


No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada