UNA POLÉMICA FRENTE AL RIACHUELO

Los vecinos de la villa 26 deben ser trasladados por orden de la Corte Suprema. En 2003 se compraron los terrenos para construir las nuevas viviendas, pero las obras nunca empezaron. Un juez porteño frenó el desalojo.

Por Emilio Ruchansky

La intriga comenzó en abril, cuando a los vecinos de la villa 26, en Barracas, le llegaron las cédulas de desalojo de parte del gobierno porteño. Este lugar, junto a otros asentamientos a la vera del Riachuelo, debe ser desalojado y reubicado por indicación de la Corte Suprema de la Nación. “Pero no nos ofrecieron nada”, decía ayer Serafina Falagán, la señora a cargo del comedor Los Angeles, donde doscientos vecinos almuerzan y meriendan a diario. En 2003 se compraron los terrenos para trasladar a la gente, pero la obra nunca empezó. Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano porteño, aseguró que el Estado nacional no giró los fondos para la construcción. “Eso es una canallada, la obra le corresponde a la ciudad, que puede empezar y después pedir un reintegro al gobierno nacional”, dijo Alejandro Franco, apoderado de los vecinos de la villa 26.

El juez Roberto Gallardo, mediante amparos que firmó el martes pasado, impidió que se desaloje a alrededor de 1200 familias en esta villa, en la 21 y en Pompeya. Ni el juez ni los vecinos creen que la solución es seguir viviendo en las márgenes del Riachuelo. “Si el río estuviera limpio y si hicieran paredes para contenerlo, me quedaría, pero eso no va a pasar. Hace veinticinco años que estoy acá y después de tanto tiempo quiero superarme, tener una vivienda digna”, le comentó Elida a Página/12, que pelea contra la mugre y las enfermedades que dejan las subidas del Riachuelo en el pequeño patio que comparte, al igual que el comedor y la cocina, con otras familias que viven con ella.

El barrio está comunicado por una larga senda de cemento, muy limpia, para orgullo de los vecinos que ven cómo la basura, mayormente botellas de vidrio y plástico, flota en el río y forma islotes en algunos tramos. Todas las casas son de ladrillo, muchas tienen revoque y hasta jardines en la parte de adelante. Hay quioscos y almacenes y buena convivencia: la gente seca la ropa afuera, sobre el pasillo. El gran problema, además de la falta de cloacas y de la humedad que hunde el suelo, son las enfermedades. Serafina, la señora del comedor, las enumeró de memoria: “Bronquiolitis, asma, problemas en los huesos y en la piel”. La tos constante de un niño que anda por el pasillo confirma sus palabras.

En 1954, cuando Serafina llegó desde Santiago del Estero y se instaló en esta villa, ya no había peces en el río. “Pero se veían barcos grandes y había muchos muelles”, recordó la mujer, testigo de la involución del lugar. “En la época de la dictadura empezaron a aparecer cuerpos de gente que mataban los militares y tiraban al río. Los militares intentarnos desalojarnos, echaron a cinco familias, pero no pudieron sacarnos a todos”, agregó.

Con el retorno de la democracia, aclaró, una empresa sacó decenas de buques y barcazas abandonadas, pero la contaminación no se detuvo, empeoró debido a las empresas que ahora deberían ser erradicadas de la cuenca del Riachuelo, tal como indicó la Corte Suprema al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al de la provincia y al de la Nación. “Le repito que nadie se niega al traslado, sólo queremos garantías. Esos terrenos que nos prometieron están y tenemos versiones de que los quieren vender, por eso estamos tan preocupados”, contó la mujer.

Alejandro Franco, abogado de los vecinos y asesor del legislador porteño Eduardo Epszteyn, aseguró que entre todos los asentamientos, el caso de la villa 26 es un ejemplo de “la impunidad” macrista. “En 2007 hubo una licitación y se firmó un contrato con la empresa Raffo y Mazieres y la obra no empezó porque no se giraron los fondos. El comienzo de obra cuesta 200 mil pesos, el gobierno porteño puede pagar eso y después negociar la financiación con el Estado nacional a través del Plan Federal de Viviendas. Pero prefirieron no hacer nada”, dijo el abogado.

El amparo frenó los desalojos e intimó al gobierno porteño a activar la licitación en curso. El juez Gallardo ya había ordenado anteriormente que se conforme una comisión de seguimiento, a partir de la sanción de la ley 2057, que en 2006 declaró la emergencia ambiental en estas zonas y puso como límite cinco años para los traslados. “Yo estoy en esa comisión y puedo decir que no hay avances”, acusó Franco. En la villa 26, Serafina, o “Sera”, como la llaman los vecinos, contó que el gobierno porteño puso unas vallas de contención sobre el río para que la basura no llegue a La Boca: “La mugre se tapona y vuelve acá, después pasa a la villa 21 y a Pompeya y sigue flotando”.