lunes, 8 de abril de 2013

HERMANAS EN EL DOLOR

Encuentro entre dos madres de víctimas de la violencia policial. Kiki Lezcano fue ejecutado por federales. Luciano Arruga, desaparecido por bonaerenses. Sus madres reclaman justicia y abren sus casas para que la historia no se repita.
 
Por Tomás Eliaschev
 
En los barrios humildes existe una realidad de la que no se habla cuando se menciona la inseguridad. Es la utilización de adolescentes por parte de policías que los obligan a robar para ellos. Les dan el armamento necesario y exigen a cambio parte del botín. Si se resisten, les espera lo peor. Así le sucedió a Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, en La Matanza. Desde el 31 de enero de 2009, Arruga permanece desaparecido. Fue visto en el destacamento policial de la zona, y torturado. Su nombre se transformó en símbolo. Como el de Jonathan “Kiki” Lezcano, de la Villa 20 de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, que junto a Ezequiel Blanco fue ejecutado el 8 de julio del mismo año por policías de la Federal, para luego ser enterrados como NN en el cementerio, pese a que sus familias los buscaban.
Los casos de Arruga, que tenía 16 años, y de Lezcano, de 17, pudieron trascender gracias a la lucha incansable de familiares y amigos que se abrieron paso para acusar a los supuestos protectores de la ley de haber procedido de la manera más brutal. Y, sobre todo, por Mónica Alegre, mamá de Luciano, y Angélica Urquiza, de Kiki. Veintitrés entrevistó a estas dos madres que transformaron la pérdida de sus hijos en una lucha por mejorar las condiciones en las que crecen los jóvenes de los sectores populares, los más expuestos a la violencia institucional. Entre mates dulces, estas dos mujeres hermanadas en el dolor recordaron a sus hijos y contaron cómo hicieron para salir a pedir justicia, reclamo al que se sumaron decenas de chicos de colegios secundarios, que todas las semanas brindan clases de apoyo escolar y talleres artísticos, tanto en Lugano como en La Matanza.

El escenario de la charla es la casita que los chicos del apoyo escolar acaban de inaugurar junto a la vivienda de Angélica, en la Villa 20.

–¿Cómo se conocieron?

Angélica: –La conocí cuando las dos teníamos situaciones casi iguales. Estábamos en Tribunales, en Retiro. Ella, con el cartelito de Luciano Arruga, y yo con el de Kiki. Cuando me vio, se me acercó, me dio un abrazo y me dijo “yo también busco a mi negrito”. Lamentablemente, Lu todavía no apareció. Kiki apareció de una manera aterradora: como NN en la Chacarita. En esos meses que lo buscábamos a Kiki se generó esa confianza de decir “no estamos solas”. Nos unimos muchísimo. Quisiéramos encontrar también a Lu. Queremos encontrarle. Que Dios nos prepare para ese día, como yo decía con Kiki.

Mónica: –Esa vez que nos conocimos habíamos ido a marchar por dos chicas en la Villa 31 que fueron baleadas por un prefecto. Angélica me dijo que desconfiaba de la policía. Sentí un sacudón y un dolor muy grande, lo único que atiné fue a abrazarla, no podía hacer otra cosa, aunque el abrazo quedaba chico. ¿Qué le podía decir? Pero fue ella la que me dio fuerza: muchas veces me acuerdo de las palabras que dijo una de las primeras veces que habló: “Lo que no te mata, te fortalece”. Y me dijo: “Si vos te caés, ¿quién va a pedir justicia por Luciano?”. De ahí en más, es mi hermana de la vida, del dolor. Estamos juntas, comunicadas. Somos madres luchadoras que perdieron a sus hijos. No somos ejemplo de nada. Sólo queremos que esto no vuelva a pasar. Ahora, mientras hablamos, están torturando a un chico. Pareciera que es mentira que se terminó la dictadura.

–¿Cómo hicieron para romper el miedo, con todas las amenazas que sufrieron?

A.: –No me quedaba otra. A mí la policía, por las denuncias que hice, me pegó. Hasta me hicieron una causa. Y encima lo tenía que ver en el barrio al jefe de calle, Mario “Indio” Chávez, que es el que lo amenazó de muerte a mi hijo y estuvo presente el día que lo mataron. Pero si yo callaba y no era la voz de mi hijo, jamás nadie iba a pedir justicia. Y todo iba a quedar en la nada. Nos enteramos que lo habían matado en septiembre, tres meses después. Cuando finalmente fui a reconocer el cuerpo a la morgue judicial, no podía creerlo: me dijeron que ya lo habían enterrado. Y cuando apareció el video donde se ve cómo lo ejecutan, me sentí peor.

–¿Cómo apareció la idea de dar clases de apoyo escolar a los chicos del barrio?

A.: –Un grupo de chicos se acercó. Me dejaron una carta debajo de la puerta de mi casa. Era una carta muy linda que decía: “Señora Angélica, sabemos lo que pasó con su hijo, ¿en qué podemos ayudar?”. Ellos ya daban apoyo escolar, sin recibir nada a cambio. Tenían que alquilar un local. Ahí empezamos. Si estos chicos están acá sufriendo frío, yo tenía que tener fuerza. Ellos me ayudaron a darle más difusión al caso.

M.: –A mí me sirvió mucho, porque cayó un grupo de chicos magníficos. Cada vez que vienen a dar apoyo escolar, es un incentivo: hay ruido en mi casa, me hacen dibujos. Termino cansada, pero bien. Cuando sé que van a venir los espero, limpio la casa, busco los libros, junto los lápices. Tenemos muchos proyectos para hacer un centro cultural, enseñar a tocar instrumentos o macramé. Lo vamos a hacer, hay un grupo de pibes muy luchadores.

–¿Qué sucedió con el Destacamento de Lomas del Mirador, donde torturaron a Luciano?

M.: –Pudimos lograr que cierren el destacamento, con un circo muy grande que hizo el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que dio un discurso deplorable diciendo que sentía mucho, que no sabía lo que había pasado, que si pudiese devolverme a mi hijo lo haría. Nos dieron la llave pero nos la sacaron a los tres meses. Nosotros ahí queríamos hacer el centro cultural. Fue una burla muy grande del municipio. Nunca más dio la cara Espinoza.

–¿Por qué le dan tanta importancia a este trabajo cultural?

M.: –Estamos impulsando que los chicos del barrio conozcan sus derechos, que se forjen un futuro, que sepan leer y escribir, que agarren una carrera. A los policías corruptos no les conviene: somos un grano en la frente. Ellos tienen que ser inteligentes: nadie los tiene que bastardear, ni basurear. Lo que mis chicos y los de Angélica están haciendo es un escollo grandísimo para esos policías. Porque va a haber menos chicos ignorantes que ellos puedan reclutar. A veces, los chicos quieren tener unas zapatillas que ven en la vidriera. Y viene un inescrupuloso, les da un arma y les dice: “Mañana o pasado tenés esas zapatillas, pero vamos mitad y mitad”. Hay que enseñarles que eso viene con el esfuerzo. Hay chicos que no lo saben.

–¿Qué balance hacen de la presencia de Gendarmería en sus barrios?

A.: –Cambió el uniforme. Al principio estaba bueno, pero ya empezaron las coimas. Los agarran a los pibes, les pegan. Lo que no me gusta es que bajan con las recortadas y empiezan a caminar por los pasillos. Me da miedo. No veo grandes cambios. Los transas siguen. ¿Será que los custodia la Gendarmería? Y respecto de la policía, es cierto que cambiaron comisario de la 52 y ya no está el mismo jefe de calle. Pero acá en Villa 20 sigue la sombra del “Percha”, tal como llamaban a Rubén Soares, el jefe de calle que mandaba a los pibes a robar. Y que mató, torturó y molió a palos a muchos chicos del barrio.

M.: –Es cierto lo que dice Angélica: no cambió nada, solamente el uniforme. Siguen liberando zonas y los pibes siguen trabajando para la Policía Bonaerense, que sigue haciendo lo que siempre hizo. A mí me quisieron incendiar la casa, me rompieron los vidrios, me siguieron con un patrullero. Unos policías manosearon a una de las chicas que nos acompaña en el reclamo. A un testigo lo llevaron y lo amenazaron de muerte. Hace poco robaron en la sede de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, el organismo que nos asesora legalmente. Pero yo ya no tengo miedo.

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Corrupción y apremios ilegales en la policía

Impunidad a la salteña

Por Lucas Cremades / lcremades@veintitres.com

La enorme repercusión generada a raíz de las humillantes imágenes de un video casero, en el que se ve a tres policías salteños torturar salvajemente a dos detenidos (Mario Rodríguez y Miguel Martínez) en el patio de la comisaría 11 de General Güemes (foto, izquierda) refleja las frías estadísticas que engrosan los casos de apremios policiales registrados en los últimos años y las continuas luchas de camarillas en el interior de la policía de Salta.
Por estas imágenes (foto, centro) de hace un año fueron detenidos seis policías: el oficial Matías Eduardo Cruz, el sargento Marcos Gabriel Gordillo, los subalternos Héctor Raúl Ramírez, Leandro Esteban Serrano, Alberto Antonio Ontiveros y el agente Roberto Augusto Barrionuevo –sindicado por la propia policía como el responsable de la grabación–. Barrionuevo es el único de los imputados que se atrevió a declarar frente al juez Pablo Farah: negó haber sido el autor del video y dejó entrever que no habría estado trabajando al momento de los hechos.

El juez está a la espera del libro de guardia de la comisaría para corroborar lo dicho por las autoridades de la Jefatura de Policía. Pero aún no se lo acercaron. Increíblemente, el libro de registro del personal se encuentra secuestrado por el Juzgado Federal de Salta, debido a las denuncias por apremios ilegales que realizaron los hermanos del subcomisario Gabriel Giménez, jefe de Inteligencia de la policía, detenido el año pasado con 50 kilos de cocaína.

La falta de certezas se explica a partir de las gélidas estadísticas oficiales. Sólo durante el 2010 se radicaron cuatrocientas denuncias por apremios policiales de distintos grados y características. Sin embargo, sólo dos de las denuncias derivaron en condenas. En el 2011, el número bajó a trescientas causas, mientras que en lo que va de 2012 llegan a las 105 denuncias. Dichas estadísticas oficiales son para la población la clara muestra de la impunidad policial reinante, que además de casos de tortura y abusos, está sospechada de participar de tráfico de drogas y femicidios, como los de Cintia Fernández y Mirta Llanos.

Para el diputado Claudio Plá, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Salta, “los dos chicos torturados nunca denunciaron la situación padecida porque hay una franja muy importante de la población que tiene miedo de hacer denuncias contra la policía. Los casos denunciados son muchos menos”, argumenta Plá, quien advierte sobre “una práctica sistemática en Salta” a partir del 2001. En 2006 se creó una fiscalía especial para que las causas contra la policía pudieran avanzar. En ese momento se creó una alcaidía para detenidos y un juez de garantías para los presos. Pero la reforma fracasó porque la Suprema Corte salteña le quitó casi todas sus facultades. Al respecto Plá, diputado del Partido Obrero, aseguró que la actual fiscalía “actúa como un subordinado del fiscal común en cada una de las causas. La tortura no puede ser entendida sólo como que a un policía insano se le fue la mano. Si es sistemática es porque de algún modo a los grupos de poder que dirigen políticamente a la policía –el poder político– en muchos casos les interesa torcer las investigaciones. La tortura tiene un propósito: no simplemente hacer daño, sino inventar culpables o desviar investigaciones”.

Al cierre de esta edición, luego de que el resto de los imputados se negaran a declarar, la Justicia ordenó peritar sus teléfonos celulares. Hasta ahora, la hipótesis más fuerte que explicaría la difusión del polémico film estaría vinculada a una banda policial que busca afectar a otro grupo de poder dentro de la propia policía.
 
Fuente: Revista Veintitres.

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