La investigación de la Comision Nacional de Valores, documenta la complicidad entre fuerzas militares y grupos económicos. “Los mismos que participaron en esta trama siguieron condicionando a los gobiernos democráticos”, dijo su presidente Alejandro Vanoli.
Por Raúl Dellatorre
“Investigar la complicidad civil durante la dictadura es también trazar una proyección hacia las prevenciones que debemos tomar para el futuro, porque los mismos abogados, economistas y empresarios que participaron en esta trama siguieron manejando resortes de poder a lo largo de los años posteriores, condicionando a los gobiernos democráticos que, por vía de los golpes de mercado, sufrieron las consecuencias.” La definición corrió por parte de Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, al hacer la presentación preliminar del informe sobre el accionar de la dictadura sobre empresarios con el propósito de desapoderarlos y acentuar la concentración y el control de la economía. Una investigación muy profunda sobre la trama financiera de la dictadura, que Página/12 anticipó en su edición del último domingo.
Ese tramo de la presentación de Vanoli no fue el único momento emotivo que se vivió ayer en el auditorio de la CNV. Cada uno de los expositores aportó referencias importantes sobre el plan sistemático que pretendió marcar un cambio histórico en el país. La concepción totalitaria que pretendió eliminar a toda una franja de la sociedad que promovía un cambio social, la impunidad del poder económico que se movió y “dirigió” el golpe militar, la manipulación del lenguaje y calificaciones como “la subversión económica”, fueron algunos de los ítem analizados durante la presentación de un informe histórico, por la ausencia de antecedentes sobre una investigación que comprometiera tan seriamente la complicidad entre fuerzas militares y grupos económicos.
“Habrá que determinar si estos hechos constituyen lo que se entiende como crímenes de lesa humanidad”, planteó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “La definición general que se acepta menciona la tortura, el secuestro, el asesinato, pero también la persecución, particularmente cuando tenga una envergadura tal que deje a la persona en estado de vulnerabilidad”, agregó. Los resultados de la investigación serán presentados en las diversas causas por violaciones a los derechos humanos abiertas y permitirán abrir otras, según se anunció en el acto.
El trabajo de la CNV se inició a partir de 2010, cuando asumió la actual conducción al frente de la entidad, con Vanoli al frente. El primer paso fue rendirle homenaje a un trabajador de la CNV de-saparecido, Carlos Gustavo Cortiñas (hijo de Nora Cortiñas, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). “La intención no sólo fue hacer un homenaje más, sino dar testimonio”, señaló Vanoli.
El paso posterior fue investigar los antecedentes de la transferencia accionaria de Papel Prensa, que terminaron aportando a la denuncia penal por apropiación de las acciones. A partir de allí, comenzó a detectarse que “había una matriz represiva aplicada al sistema financiero, que había hechos que debían ser investigados no como hechos aislados; entrar al huevo de la serpiente”, agregó Vanoli. Ello motivó a las autoridades de la CNV a impulsar la creación de una oficina para llevar adelante la investigación, que contó con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos.
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, sentenció que “Martínez de Hoz (José Alfredo) fue el verdadero jefe civil de la dictadura, hubo civiles que fueron tan o más responsables que los militares por lo ocurrido en esa etapa”. Concluyó que “no es casual que cuando la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante contra Martínez de Hoz, empezó a recibir ataques en editoriales de diarios que aceptaban los juicios a militares, pero avanzar sobre los grupos económicos les resultaba intolerable”. En el mismo sentido, Alén señaló “la larga lucha que hubo que dar para llevar a Carlos Pedro Blaquier (empresa Ledesma) a juicio, a pesar de que eran tantas las evidencias de su complicidad en los secuestros y desapariciones”.
Arturo O’Connell, ex director del Banco Central, y Eduardo Basualdo, actual director de YPF, fueron dos de los economistas que colaboraron en la investigación y ayer dieron testimonio en su presentación preliminar. “El golpe llevó al país a un vértigo de endeudamiento y fuga de capitales, envuelto en un discurso hipócrita, que se completó con una brutal concentración económica que nos entregó atados de pies y manos como un experimento a escala real del modelo neoliberal”, sentenció O’Connell. “El significado que tuvo la dictadura para la economía es haber instalado un nuevo patrón de acumulación, que se prolongó hasta 2001”, sostuvo Basualdo. “Lo inició el gobierno de facto, no el mercado, y su núcleo central estuvo constituido por una asociación entre el capital financiero extranjero y los grupos económicos locales, en la que estos últimos tuvieron la hegemonía: Acindar, Techint, Clarín, Macri, entre otros.” Basualdo terminó su presentación leyendo los nombres de treinta trabajadores de YPF desaparecidos durante la dictadura, a los que la nueva conducción les devolvió su “legalidad” corrigiendo en sus legajos las cesantías, suspensiones o renuncias con las que se había encubierto su situación.
Fuente: Pagina/12
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