Cómo actuaban los federales separados por Garré. Veintiséis efectivos están acusados de cobrar dinero a cambio de protección a comerciantes y delincuentes. El Ministerio de Seguridad separó a dos jefes e investiga a otros tantos. Salarios bajos y vida de ricachones.
Por Tomás Eliaschev
Extorsión y enriquecimiento ilícito. Esas son las sospechas que pesan contra una veintena de efectivos de mediano y alto rango de la Policía Federal Argentina. A raíz de una investigación del Ministerio de Seguridad, quedó bajo la lupa el sistema de pago de coimas a cambio de protección policial que regía en al menos tres barrios porteños. En total, son 26 los efectivos investigados por su comportamiento cuando revistaron en las comisarías 7ª de Balvanera, 28ª de Barracas-Parque Patricios y 44ª de Versalles-Liniers. Todo lo que en estos territorios se movía comercialmente, dentro o fuera de la ley, tributaba a las comisarías. Es la primera vez que queda tan expuesto lo que era un secreto a voces: un complejo entramado de coimas y amenazas que constituye un sistema de recaudación ilegal cuyos máximos responsables apenas comienzan a conocerse.
Al trascender la denuncia, tanto la ministra Nilda Garré como su segundo Sergio Berni –cada uno fiel a su estilo– se manifestaron públicamente en contra de la corrupción policial. Garré pidió la colaboración de los vecinos para acabar con los “focos de corrupción policial”. Y Berni criticó a los “delincuentes con uniforme”, aunque señaló que “hay policías que cobran, pero también hay ciudadanos que pagan”.
Hasta el momento, de acuerdo con la Orden del Día Interna (ODI) número 169 de la Policía Federal, dos altos jefes fueron destituidos de sus cargos. Uno es Luis Alberto Poggi, que supo estar al frente de la 7ª y estaba al mando de la Circunscripción VI, que comprende los barrios de Caballito, Almagro, Boedo y Flores. El otro, Mario Antonio Trejo, que estaba al frente de la 44ª y luego fue trasladado a la 51ª. Sin embargo, con el avance de la investigación, hay más jefes policiales que podrían correr la misma suerte: Osvaldo Tapia, actual comisario de la 7ª, y Claudio Osvaldo Lucione, jefe de la 17ª de Recoleta, quienes pese a las sospechas siguen todavía en sus cargos.
La investigación surgió a partir de denuncias anónimas que se hicieron en persona o a la línea 0800-555-5065. Los denunciantes, tanto comerciantes como policías, describieron el sistema de “quintas” y a los responsables de cobrar el pago irregular para evitar robos. El trabajo fue ciclópeo: en total, se analizaron 10.650 denuncias: algunas de ellas fabulaciones, pero otras fueron certeras. La brigada de cada una de las comisarías denunciadas se encargaba de cobrarle a todo aquel que desempeñaba un negocio, ya sea ilegal o legal. Así, proxenetas, traficantes de drogas o vendedores de mercadería ilegal pagaban para seguir con sus tareas. Y lo propio hacían comerciantes que respetan la ley pero que igual tenían que pagar para evitar la represalia: sufrir en carne propia la inseguridad, o sea, se liberaba la zona para que quien se rehusara a pagar fuera robado por delincuentes asociados a la policía. No son los únicos que pagaban: también se encontraron registros de pagos formulados por sindicatos del rubro transportista. En las dependencias policiales había inclusive archivos donde se daba cuenta de movimientos de dinero.
Las denuncias penales quedaron radicadas en el juzgado federal de Claudio Bonadío y los juzgados de Instrucción Criminal Nº 1, a cargo de Hernán Martín López, y Nº 20, de Elizabeth Alejandra Paisan. Rige el secreto de sumario, por lo que las fuentes judiciales se limitaron a informar que el martes último, 25 de septiembre, fue allanada la Comisaría 7ª. La diligencia judicial estuvo a cargo de personal de la Gendarmería Nacional, para evitar que los hombres de azul protejan a sus propios colegas. Según trascendió, las partes ya pudieron ver el expediente, por lo que fueron notificados de los cargos en su contra.
Además del cohecho y la extorsión, llamó la atención el incremento patrimonial de varios de los investigados, algo que no se corresponde con los sueldos que tienen en la fuerza, que no superan los 20 mil pesos mensuales para los de más alto rango.
En oportunidad de elogiar a uno de sus subalternos que asistió a un parto, Luis Alberto Poggi dijo a la revista Para Ti que “el policía decide no respetar una norma, por lo cual se arriesga a que lo sancionen”, pero rescató que “sin embargo, si él no se hubiera hecho cargo llevándolo al hospital, lo más probable es que hoy el chiquito no estuviera vivo”. Más allá del arrojo de su subalterno, es llamativo que un jefe policial declare a los medios que los uniformados decidan “no respetar una norma”. Poggi, que cumplió estos días 56 años, ingresó en la PFA en el año ’78. Desde abril estaba al frente de la Circunscripción VI, paso previo por la Comisaría 7ª. Llamó la atención de la Justicia que tiene una casa en el country El Moro de más de 4.000 metros cuadrados. Y se compró un Fiat Idea cero kilómetro.
Al comisario Trejo, de 56 años, los vecinos de Versalles lo conocen bastante bien. De hecho, cuando era subcomisario de la 44ª recibió en mano el mapa del delito confeccionado por la Fundación La Alameda y los Vecinos Autoconvocados de Versalles, que se manifestaron con una bandera que decía “basta de trata y narcotráfico”. En una reunión con los vecinos, recuerdan, les dijo que “tenía su futuro económico asegurado”. Luego fue ascendido a comisario y estuvo a cargo de la 44ª hasta que fue trasladado a la 51ª de Núñez. Ya en el ’93 había pasado por la 44ª, por lo que conocía bien la zona.
A Claudio Osvaldo Lucione lo están investigando, si bien sigue en su cargo. En estos días cumplió 52 años. Ya había sido criticado cuando fue subcomisario de la 7ª de Balvanera, barrio con un largo historial de corrupción policial: allí estaba el trágico boliche Cromañón y las irregularidades siguen estando a la vista de cualquier transeúnte. Lucione ingresó a la fuerza en el ’75. Estuvo como segundo de la 17ª y ahora está a cargo de la dependencia de Recoleta. Es el barrio donde se produjo, en las últimas semanas, una serie de robos contra departamentos, lo que llamó la atención de los observadores más suspicaces, que sospechan de una posible venganza a raíz de las investigaciones contra policías. Lucione es afecto a las redes sociales: así se lo puede ver en Facebook, posando con el Océano Atlántico de fondo. Tiene una casa de 1.100 metros cuadrados en el medio del bosque del exclusivo balneario Cariló. Además, sus hijos van a universidades privadas. Su hija, Sabrina Lucione, estudió administración de empresas en la UADE, mientras que su hijo Martín estudia en la Universidad Austral. En su perfil de Facebook, además de dar cuenta de los viajes hechos al exterior, el joven manifiesta comentarios nazis y racistas, con elogios a Hitler a incluso llamados “a matar a todos los negros”. En la red Linkedin, el padre informa sus aptitudes: “La especialidad a la cual me dedico es custodias VIP y análisis de riesgos de empresas”, afirma el jefe policial, que dice hablar portugués y ser licenciado en Seguridad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
Otro uniformado sospechado que sigue en sus funciones es el comisario Osvaldo Tapia, actualmente al frente de la 7ª. También es víctima de las redes sociales: es llamativo el yate Day Cruiser con el que se fotografía en su perfil de Facebook.
Estos datos son apenas la punta del ovillo. En este último tiempo, no es la primera vez que se investiga a los federales, pero ahora la denuncia tiene una magnitud de proporciones. Esta semana comenzó el juicio contra nueve policías de la 49ª de Saavedra, acusados de cobrar coimas de entre 1.500 y 3.000 pesos mensuales a comerciantes para darles protección. Y todavía generan escozor las denuncias hechas por Lorena Martins, la hija de un proxeneta que denunció la red de trata de su padre Raúl y apuntó contra las comisarías 19ª, 38ª y 50ª por proteger prostíbulos a cambio de coimas. Desde que se creó el Ministerio de Seguridad, a partir de la represión de los ocupantes del Parque Indoamericano, un operativo conjunto de la Metropolitana y de la Federal en el cual resultaron asesinados tres vecinos, la intención de Garré fue recuperar el mando civil de la Policía Federal. A juzgar por los casos denunciados e investigados, el reto todavía es enorme.
Fuente: Revista Veintitres
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