El proyecto para rebautizar al Parque Roca avivó el debate por la nominación de los espacios públicos porteños.
Por Diego Long
Aunque suela restársele importancia, los nombres de las calles, plazas, monumentos, en fin, de los espacios públicos dicen más de las ciudades que los albergan de lo que se imagina. El recorte histórico, ideológico y político que conforma la nomenclatura urbana es un dato ineludible a la hora de pensar la evolución de las urbes. Muestra de ello es que no son pocas las noticias relacionadas que tanto generan repercusión como abren el debate.
Desde la iniciativa encabezada por el historiador y periodista, Osvalo Bayer, de cambiar el monumento de Julio Argentino Roca por el de la Mujer originaria, hasta el fallo judicial que ordena reemplazar los nombres de las calles de la Ciudad de Buenos Aires cuya denominación aluda a algún funcionario dictatorial, hay una infinidad de casos.
El pasado miércoles, sin ir más lejos, en la Legislatura de Buenos Aires se celebró una audiencia pública para debatir el proyecto de la diputada Gabriela Alegre (FpV), que ya tiene media sanción, y propone cambiar el nombre al Parque Roca por el de Parque del Bicentenario. La sorpresa que se llevaron legisladores, representantes de los pueblos originarios y organizaciones de derechos humanos estuvo a cargo del ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y actual director en Subterráneos Buenos Aires (Sbase), Federico Young, que hizo una encendida defensa de la figura del artífice de la genocida Campaña del Desierto. Young no estaba inscripto en la lista de oradores, sin embargo, consiguió que su copartidaria, Lía Rueda (PRO), presidenta de la Comisión de Cultura, le otorgara la palabra.
“Young es una persona que es defensora de la última dictadura militar, que fue el peor genocidio de nuestro país, y la verdad que es repudiable que venga a levantar la voz en contra de los pueblos originarios”, afirmó Alegre. “No sorprende que un defensor de la dictadura militar se haya hecho presente para defender la figura de Roca. El modelo de Roca y el de la dictadura son coincidentes en sus objetivos de eliminación del otro, de silenciamiento de todo aquel que piense distinto, ambos pretendieron ocultar estos objetivos con un discurso de progreso y reorganización que aquí fueron defendidos por Young y que repudiamos absolutamente”, agregó la legisladora.
Además de su participación en actos públicos junto a Cecilia Pando, Young debió dejar la AGC cuando se supo que había incorporado a ex militares, gendarmes y agentes de la Side.
El proyecto de Alegre fue votado el 1ro. diciembre último, por 49 de los 60 legisladores, de los cuales 22 fueron votos del PRO.
Pero la de Young no fue la única negativa del PRO a los cambios de nombres de calles. En abril del año pasado, cuando la Justicia ordenó abrir la calle Bartolomé Mitre, cerrada desde 2004, cuando ocurriera la tragedia del boliche Cromañón, el canciller Héctor Timerman propuso a la Legislatura abrir un debate para que el nombre de la calle cambiara por otro que homenajeara a las víctimas. Pero el entonces vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Oscar Moscariello, salió al cruce de inmediato: “Yo creo que la Ciudad debe hacer algo para que no se pierda en la memoria colectiva de la tragedia, pero no necesariamente debe ser cambiar el nombre de la calle”, dijo.
Otra arteria que está en la mira desde hace tiempo es Ramón L. Falcón. En septiembre del 2010, se había presentado un proyecto en la Legislatura para que esa calle se llamase Abuelas de Plaza de Mayo. Incluso, un grupo de vecinos con la misma iniciativa, reunidos en torno al sitio chauramonfalcon.com, proponían reemplazar al “que hizo llorar a miles de argentinos” con el nombre de un argentino que hubiera dado alegrías, como Tato Bores, Niní Marshall o Roberto Fontanarrosa. Por estos días, también, con el espíritu de soberanía realzado en torno al trigésimo aniversario del conflicto bélico por las Islas Malvinas, un nuevo proyecto, en este caso del legislador Alejandro Bodart (MST), propuso sacar a Falcón de las calles de Buenos Aires y que en su lugar luzca el del Gaucho Rivero. Además de haber sido parte de la Campaña del Desierto, Falcón ordenó la represión de los actos sindicales del 1º de Mayo de 1909 en Plaza Lorea, dejando 11 muertos (que ascenderían a 80 en los días subsiguientes) y 105 heridos. Lo que le valió que el 14 de noviembre fuera ajusticiado por el joven obrero anarquista Simón Radowitzky.
El legislador, cuenta con el apoyo de casi todos los bloques. Las firmas de Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Adrián Camps y Rafael Gentili (Proyecto Sur), Tito Nenna, María Rachid y Alejandro Amor (FpV), Daniel Lipovetzky (PRO), Fernando Sánchez y Rocío Sánchez Andía (CC), Laura García Tuñón (Bs. As. para Todos), Edgardo Form (Nuevo Encuentro) y Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) respaldan su proyecto.
Es bueno recordar que en agosto del 2010, la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un amparo presentado por un particular, ordenando a la Legislatura porteña cambiar la denominación de todas las calles y lugares públicos que remitan a funcionarios de gobiernos de facto. El fallo especifica que deberían cambiar los nombres, por ejemplo, de la plaza Tte. Gral Pedro Eugenio Aramburu, de Flores (ya modificado por el de Plaza del Ángel Gris), la plaza Tte. Gral Eduardo Lonardi, en Villa Pueyrredón, la plazoleta Ernesto Padilla, de Colegiales, y las calles Intendente Guerrico, en Palermo, como las Capitán Claudio H. Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguia y Soldado Miguel Santi, de Liniers.
El artículo 5 de la Ley 83 de la Ciudad, del año ’98, dispone que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (…) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”. Para Liberatori: “No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales”.
El de Roca es, sin duda, el nombre que más se intenta cambiar, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, desde San Julián, en Santa Cruz, donde proponen reemplazarlo por el de Pueblos Originarios, hasta Gualeguaychú, Entre Ríos, donde quieren que la calle vuelva a llamarse Tucumán. También varios colegios lo evalúan. Como por ejemplo, la escuela 503 de la ciudad bonaerense de Azul, desde abril del año pasado, dejó de ser Gral. Roca para llamarse Arbolito, en homenaje al indio ranquel que en 1829 dio muerte a otro asesino de pueblos originarios, como fue el coronel Federico Rauch. O, más reciente, la escuela media Nro. 2 de Villa Pueyrredón que desde el pasado miércoles lleva el nombre del líder sindical de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, uno de los artífices del Cordobazo.
La actividad en este sentido en la Legislatura también es movida. Labor Parlamentaria acordó dar tratamiento especial el próximo jueves al proyecto de ley de Nuevo Encuentro, que propone cambiar el nombre de la estación Entre Ríos de la línea E de subtes por el de estación Rodolfo Walsh. Bodart tiene las iniciativas de nombrar avenida de los pueblos originarios a la avenida Roca, y llamar Ernesto Che Guevara a la plaza Ramón Falcón, de Floresta.
Igualmente, no todos los cambios son por oposición al nombre actual. Entre los proyectos impulsados por vecinos no faltan las ganas de homenajear a las figuras populares. En septiembre pasado, quienes viven en Recoleta celebraron que la calle Schiaffino, entre Posadas y la avenida Alvear, pasase a llevar el nombre de una de sus celebridades: Adolfo Bioy Casares. Otro ejemplo es el de los vecinos de Villa Urquiza, que ya juntan más de tres mil firmas para que la calle Iberá sea rebautizada Luis Alberto Spinetta.
Desde la iniciativa encabezada por el historiador y periodista, Osvalo Bayer, de cambiar el monumento de Julio Argentino Roca por el de la Mujer originaria, hasta el fallo judicial que ordena reemplazar los nombres de las calles de la Ciudad de Buenos Aires cuya denominación aluda a algún funcionario dictatorial, hay una infinidad de casos.
El pasado miércoles, sin ir más lejos, en la Legislatura de Buenos Aires se celebró una audiencia pública para debatir el proyecto de la diputada Gabriela Alegre (FpV), que ya tiene media sanción, y propone cambiar el nombre al Parque Roca por el de Parque del Bicentenario. La sorpresa que se llevaron legisladores, representantes de los pueblos originarios y organizaciones de derechos humanos estuvo a cargo del ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y actual director en Subterráneos Buenos Aires (Sbase), Federico Young, que hizo una encendida defensa de la figura del artífice de la genocida Campaña del Desierto. Young no estaba inscripto en la lista de oradores, sin embargo, consiguió que su copartidaria, Lía Rueda (PRO), presidenta de la Comisión de Cultura, le otorgara la palabra.
“Young es una persona que es defensora de la última dictadura militar, que fue el peor genocidio de nuestro país, y la verdad que es repudiable que venga a levantar la voz en contra de los pueblos originarios”, afirmó Alegre. “No sorprende que un defensor de la dictadura militar se haya hecho presente para defender la figura de Roca. El modelo de Roca y el de la dictadura son coincidentes en sus objetivos de eliminación del otro, de silenciamiento de todo aquel que piense distinto, ambos pretendieron ocultar estos objetivos con un discurso de progreso y reorganización que aquí fueron defendidos por Young y que repudiamos absolutamente”, agregó la legisladora.
Además de su participación en actos públicos junto a Cecilia Pando, Young debió dejar la AGC cuando se supo que había incorporado a ex militares, gendarmes y agentes de la Side.
El proyecto de Alegre fue votado el 1ro. diciembre último, por 49 de los 60 legisladores, de los cuales 22 fueron votos del PRO.
Pero la de Young no fue la única negativa del PRO a los cambios de nombres de calles. En abril del año pasado, cuando la Justicia ordenó abrir la calle Bartolomé Mitre, cerrada desde 2004, cuando ocurriera la tragedia del boliche Cromañón, el canciller Héctor Timerman propuso a la Legislatura abrir un debate para que el nombre de la calle cambiara por otro que homenajeara a las víctimas. Pero el entonces vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Oscar Moscariello, salió al cruce de inmediato: “Yo creo que la Ciudad debe hacer algo para que no se pierda en la memoria colectiva de la tragedia, pero no necesariamente debe ser cambiar el nombre de la calle”, dijo.
Otra arteria que está en la mira desde hace tiempo es Ramón L. Falcón. En septiembre del 2010, se había presentado un proyecto en la Legislatura para que esa calle se llamase Abuelas de Plaza de Mayo. Incluso, un grupo de vecinos con la misma iniciativa, reunidos en torno al sitio chauramonfalcon.com, proponían reemplazar al “que hizo llorar a miles de argentinos” con el nombre de un argentino que hubiera dado alegrías, como Tato Bores, Niní Marshall o Roberto Fontanarrosa. Por estos días, también, con el espíritu de soberanía realzado en torno al trigésimo aniversario del conflicto bélico por las Islas Malvinas, un nuevo proyecto, en este caso del legislador Alejandro Bodart (MST), propuso sacar a Falcón de las calles de Buenos Aires y que en su lugar luzca el del Gaucho Rivero. Además de haber sido parte de la Campaña del Desierto, Falcón ordenó la represión de los actos sindicales del 1º de Mayo de 1909 en Plaza Lorea, dejando 11 muertos (que ascenderían a 80 en los días subsiguientes) y 105 heridos. Lo que le valió que el 14 de noviembre fuera ajusticiado por el joven obrero anarquista Simón Radowitzky.
El legislador, cuenta con el apoyo de casi todos los bloques. Las firmas de Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Adrián Camps y Rafael Gentili (Proyecto Sur), Tito Nenna, María Rachid y Alejandro Amor (FpV), Daniel Lipovetzky (PRO), Fernando Sánchez y Rocío Sánchez Andía (CC), Laura García Tuñón (Bs. As. para Todos), Edgardo Form (Nuevo Encuentro) y Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) respaldan su proyecto.
Es bueno recordar que en agosto del 2010, la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un amparo presentado por un particular, ordenando a la Legislatura porteña cambiar la denominación de todas las calles y lugares públicos que remitan a funcionarios de gobiernos de facto. El fallo especifica que deberían cambiar los nombres, por ejemplo, de la plaza Tte. Gral Pedro Eugenio Aramburu, de Flores (ya modificado por el de Plaza del Ángel Gris), la plaza Tte. Gral Eduardo Lonardi, en Villa Pueyrredón, la plazoleta Ernesto Padilla, de Colegiales, y las calles Intendente Guerrico, en Palermo, como las Capitán Claudio H. Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguia y Soldado Miguel Santi, de Liniers.
El artículo 5 de la Ley 83 de la Ciudad, del año ’98, dispone que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (…) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”. Para Liberatori: “No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales”.
El de Roca es, sin duda, el nombre que más se intenta cambiar, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, desde San Julián, en Santa Cruz, donde proponen reemplazarlo por el de Pueblos Originarios, hasta Gualeguaychú, Entre Ríos, donde quieren que la calle vuelva a llamarse Tucumán. También varios colegios lo evalúan. Como por ejemplo, la escuela 503 de la ciudad bonaerense de Azul, desde abril del año pasado, dejó de ser Gral. Roca para llamarse Arbolito, en homenaje al indio ranquel que en 1829 dio muerte a otro asesino de pueblos originarios, como fue el coronel Federico Rauch. O, más reciente, la escuela media Nro. 2 de Villa Pueyrredón que desde el pasado miércoles lleva el nombre del líder sindical de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, uno de los artífices del Cordobazo.
La actividad en este sentido en la Legislatura también es movida. Labor Parlamentaria acordó dar tratamiento especial el próximo jueves al proyecto de ley de Nuevo Encuentro, que propone cambiar el nombre de la estación Entre Ríos de la línea E de subtes por el de estación Rodolfo Walsh. Bodart tiene las iniciativas de nombrar avenida de los pueblos originarios a la avenida Roca, y llamar Ernesto Che Guevara a la plaza Ramón Falcón, de Floresta.
Igualmente, no todos los cambios son por oposición al nombre actual. Entre los proyectos impulsados por vecinos no faltan las ganas de homenajear a las figuras populares. En septiembre pasado, quienes viven en Recoleta celebraron que la calle Schiaffino, entre Posadas y la avenida Alvear, pasase a llevar el nombre de una de sus celebridades: Adolfo Bioy Casares. Otro ejemplo es el de los vecinos de Villa Urquiza, que ya juntan más de tres mil firmas para que la calle Iberá sea rebautizada Luis Alberto Spinetta.
Fuente: Miradas al Sur
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