ROSARIO: CINCO PERPETUAS EN CÁRCEL COMÚN

Reclusión perpetua, a cumplirse en cárceles federales y comunes, contra Guerrieri, Fariña, Amelong, Constanzo y Pagano.

Por Laureano Barrera

Rosario viene de jalonar otro paso decisivo en el juzgamiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. El jueves pasado, minutos después del mediodía, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad, Otmar Paulucci –que también integran los jueces Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe–, leyó en 26 minutos el tramo resolutorio del fallo que condenó a reclusión perpetua, a cumplirse en cárceles federales y comunes, al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong, y a los ex agentes civiles de Inteligencia Eduardo Rodolfo Constanzo y Walter Salvador Pagano.

“Es un hito histórico, porque implica que la lucha que desde las organizaciones de derechos humanos y la sociedad venimos librando contra la impunidad tiene sentido, pero también que hay que seguir con el mismo compromiso para los juicios que vienen”, destacó a este diario Ana Oberlin, abogada de Hijos Rosario y patrocinante de varios querellantes del juicio. Y Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el partido Solidaridad e Igualdad, querellante y compañera de Eduardo Toniolli, una de las víctimas que continúan desaparecidas, sostuvo en diálogo con Miradas al Sur que “la condena no fue una graciosa concesión que nos hicieron: fue producto de la lucha no solamente de las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos, sino de una parte importante de la sociedad rosarina que siempre acompañó, como las 30.000 personas que el último 24 de marzo llenaron el monumento a la bandera”.

El juicio se prolongó durante siete meses interminables, durante los cuales se probó –con autoridad– la existencia de cinco centros clandestinos y el papel clave que los cinco imputados tuvieron con ellos. El momento más álgido del proceso fue indudablemente el 22 de septiembre de 2009, cuando, tal vez, se produjo el avance más significativo hacia la verdad histórica acerca de la represión rosarina: El Pelado Jaime Feliciano Dri, único sobreviviente de la Quinta de Funes, identificó uno por uno –nominándolos con sus nombres de guerra– a los verdugos de cuyas manos ensangrentadas se había escapado de milagro más de tres décadas antes. Y concluyó: “Yo viví porque era un trofeo de Massera, tuve la suerte de caer en manos de él y no de esta gente, porque nunca más vi a los compañeros con los que estuve en los tres centros clandestinos de detención”.

La sentencia hizo lugar a los pedidos de pena en los alegatos de la fiscal federal Mabel Colalongo y de las cuatro querellas. Los imputados, como era de esperar, no confesaron en su intervención final el ominoso destino que les dieron a las víctimas desaparecidas. En general, apuntaron sus últimas palabras a deslegitimar el proceso, aunque la nota destacada volvió a darla Juan Daniel Amelong: el pariente de los dueños de la quinta La Intermedia, donde –según la confesión de Eduardo Constanzo– fueron ejecutados catorce cautivos, se puso una nueva vincha que rezaba “preso político”. Durante la primera audiencia lució una valija que decía: “Entendé CF perdiste”. Amelong negó los cargos que se le endilgaban y tuvo que ser desalojado por el Tribunal por desacato. Antes, les advirtió a los abogados y a los querellantes que tenía filmaciones íntimas sobre sus vidas. “Dijo algo en sus últimas palabras que nos quedaron grabadas a todos. Nos dijo: ‘Dentro de dos años se termina todo’. ¿Quizá pensará que Eduardo Duhalde va a ser el nuevo Presidente?”, ironizó, no sin preocupación, la diputada Gutiérrez.

Todos los represores fueron condenados por 16 homicidios agravados por alevosía y además, según el caso, por 24, 26 y 29 casos de secuestro y aplicación de tormentos, y fueron intimados a pagar $ 69,70 cada uno para la tasa de justicia. De los cinco, el caso de El Tucu Eduardo Constanzo fue quizá el más complejo. Hace dos años, el represor comenzó a revelar cómo había funcionado la maquinaria de la represión ilegal del Cuerpo II del Ejército –a cargo de Leopoldo Galtieri– bajo el cielo rosarino, y cuáles habían sido las responsabilidades de sus ejecutores.

Durante el debate oral, recorrió junto a los sobrevivientes, magistrados, querellantes, fiscales y abogados defensores, los cinco centros clandestinos por donde las víctimas penaron sus cautiverios. Señaló sin cavilaciones los rincones infames de la tortura, la ignominia de los paredones de fusilamiento, les puso nombre y apellido a las víctimas indefensas y a sus matadores, tal vez especulando con cierta benevolencia del tribunal en la hora crucial de la sentencia. Pero su confesión no bastó para expiar sus propios pecados de sangre: el fallo del TOF 1 lo encontró culpable de 16 homicidios y 24 secuestros y torturas, aunque es posible que permanezca –si un examen médico así lo determina– bajo el régimen de prisión domiciliaria, al igual que Guerrieri. “Para nosotros la cárcel común es una condición básica, porque tenemos experiencia en cómo se vulneran las domiciliarias. Guerrieri, sin ir más lejos: estaba detenido en Buenos Aires en un country por su pertenencia al Batallón 601 y fue filmado varias veces por un programa porteño violándola”, resalta Gutiérrez.

El primer juicio a la represión ilegal en Rosario, a pesar de que se dilató más de lo esperado, fue acompañado con la necesaria música de fondo del calor humano. “Siempre en Rosario hubo una gran recepción al reclamo de verdad, justicia y condena –apuntó Gutiérrez–. Sobre todo los jóvenes: acompañaron nuestro dolor con mucha alegría. Más en un momento en el que algunos miembros de la clase política, como Duhalde, pidieron amnistía y olvido. La respuesta fue ésa: la masividad y el repudio.”.