"EL FRANQUISMO COMETIÓ UN GENOCIDIO"

El abogado Carlos Slepoy hizo una presentación en la Argentina contra el dictador español.

Por Raúl Arcomano

No son las madres ni las abuelas, como en la Argentina. La búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes del franquismo está encabezada en España por los nietos. Los nietos de los asesinados, los desaparecidos, los torturados. Fue el juez español Baltasar Garzón quien tomó esa bandera y empezó a investigar. No le resultó fácil. El silencio cómplice y el pacto de impunidad se lo impidieron: hoy está acorralado por la derecha española y su cargo pende de un hilo. Se recuerda: Garzón empezó en su país juicios por terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile. Como una devolución de esos favores, el abogado argentino Carlos Slepoy tomó el guante y motorizó en Comodoro Py la primera demanda para que se aplique el principio de jurisdicción universal y que la Justicia argentina investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Francisco Franco.

La demanda recayó en el juzgado federal de María Servini de Cubría. Se pide que se tome como período de investigación de los “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” a todo el franquismo. Es decir: desde el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento de Franco. El dictador estuvo en el poder hasta 1975, pero la querella pide investigar hasta el 15 de junio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España.

Se presentaron dos casos. El del alcalde y diputado provincial en Salamanca, Elías García Holgado, y el de Severino Rivas, alcalde de Castro Rei, en Lugo. García Holgado fue encarcelado en 1936 y luego fusilado. Rivas estuvo desaparecido hasta 2005. Ese año fue identificado en una fosa común. Uno de los demandantes es el español Darío Rivas Cando (90), hijo de Severino. La otra querellante es la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías. “En base a estos dos casos específicos se desarrollan los hechos generales que se vivieron durante la dictadura y el genocidio franquista: crímenes, desapariciones, torturas, secuestros, apropiaciones y sustituciones de identidades de chicos. Las cifras son impactantes: el juez Garzón habla de 113 mil ejecuciones y desapariciones y 30 mil bebés apropiados”, destaca Slepoy, que dialogó con Miradas al Sur.

–¿Cuál es la fundamentación jurídica?
–Por un lado está el principio de jurisdicción universal, conforme al cual deben actuar tribunales de distintos países del mundo para la persecución de este tipo de criminales. Es una jurisdicción que se ejerce por los más graves delitos que se pueden cometer en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ya hay múltiples resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros tantos tribunales nacionales e internacionales, que instan a los estados a ejercer esta jurisdicción.

–¿Por qué?
–Porque es un mayor y mejor modo de perseguir a estos criminales. No es más que el mismo principio por el cual el juez Baltasar Garzón, y la Justicia española en su conjunto establecieron la legitimidad que tenía la jurisdicción española para juzgar crímenes cometidos en la Argentina, Chile y Guatemala. Son crímenes que se han cometido individualmente, pero que, entendemos, fueron cometidos con el propósito de cometer el delito de genocidio. Es decir: el intento, conseguido en grandísima medida por el franquismo, de destruir múltiples grupos sociales, políticos, sindicales y culturales. Con el objetivo de crear una sociedad nueva, distinta, sin estos grupos sociales. Eso es genocidio.

–La querella contempla también la figura de crímenes de lesa humanidad.
–Sí, porque subsidiariamente planteamos que si el juez así no lo entendiera, habría que calificarlos de crímenes de lesa humanidad. Se diferencia del anterior en que son crímenes indiscriminados, que no buscan la reorganización de la sociedad. Son matanzas masivas. Es una diferencia sustancial.

–En ambos casos consideran que deben investigarse, a pesar del tiempo transcurrido.
-Sí. Son imprescriptibles. Sobre ellos cae la persecución universal. Porque no admiten amnistías ni indultos. Ni obediencias debidas.

–¿Qué suerte corrió la presentación de Garzón en España?
–Garzón instruyó durante un año y medio la causa. Colectó una enorme cantidad de pruebas. Solicitó archivos de distintos lugares. Fueron parte del proceso decenas de organizaciones de derechos humanos españolas. Cuando se declaró competente, y pretendió empezar la investigación, todo se paralizó.

–¿Hay una persecución política sobre Garzón?
–Hay un proceso para inhabilitarlo. Plantean que él dictó a sabiendas una resolución injusta, porque en España existía una ley de amnistía que impedía investigar estos hechos.

–¿Qué dice la ley de amnistía?
–Garzón interpretó correctamente que la ley de amnistía no puede amparar crímenes de esa naturaleza. La ley de amnistía dice que no deben ser investigados los delitos cometidos con intencionalidad política durante el período que abarca. Sin embargo, él interpretó que esto no se podía considerar como crímenes con intencionalidad política, sino como crímenes internacionales que debían ser perseguidos. Se sabe: a estos crímenes masivos les sucede la impunidad, y por eso se dictan este tipo de leyes.

–¿Garzón quizo anular esa ley?
–No. Planteó que subsistente a la ley se podían enjuiciar estos hechos. En todo caso, la actuación que se está haciendo desde la Argentina no entra en estas consideraciones. Así actuó en España con la constatación de que los crímenes de la última dictadura no eran perseguidos. No se planteaba que había leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sino que no eran investigados, por las causas que fueran. Del mismo modo actúa la jurisdicción argentina, en virtud de sus propias leyes, de lo que ordena el derecho internacional y la Constitución. Ya en 1853 se determinó que los crímenes contra el “derecho de gente” cometidos fuera del territorio nacional deben ser juzgados por tribunales argentinos.

–¿Qué papel juega el gobierno de Zapatero?
–Su gobierno ha tenido algunos avances, pero han sido insuficientes. Cuando Garzón pretendió hacer una investigación de las responsabilidades de lo ocurrido en el franquismo, y profundizar en los crímenes que se efectuaron, el fiscal de la causa presentó un recurso en contra. El fiscal recibe órdenes del fiscal general del Estado, designado por el gobierno español. En este momento las investigaciones están totalmente paralizadas.

–¿A qué atribuye esta movida?
–Hay muchos sectores del partido socialista que quieren que se investigue. Pero hay un pacto de impunidad que fue suscripto incluso por las fuerzas políticas que son herederas de las víctimas del franquismo. La situación es complicada. Eso sí: el gobierno no está detrás del proceso de destitución e inhabilitación de Garzón. Ahí está la derecha española.

–¿Qué pasa si se destraba la investigación en España? ¿Irá en paralelo con la argentina?
–Sí. En este momento siguen abiertas causas en España, Italia, Francia y Alemania en relación con los crímenes de la dictadura argentina. Si bien Argentina está juzgando a represores, esto no impide que las causas en esos países sigan. El propósito no es invadir la soberanía de ningún país. Sino perseguir internacionalmente a estos criminales. Por eso: podría empezar la investigación de Garzón y seguir en paralelo la causa en la Argentina. Sería una forma de colaboración internacional.

–¿Qué expectativa tiene con respecto a la decisión de la jueza?
–Tiene un tiempo para admitir o no el trámite. Nosotros estamos seguros de que lo va a hacer. Los fundamentos de la sentencia son inexpugnables. Son muy sólidos. Lo amparan las leyes internacionales y el propio derecho argentino. Si es admitido deberá empezar y profundizarse la investigación. Si no fuera aceptado sería apelado en la Cámara Federal.

–¿Qué sucederá si es aceptada?
–Se solicitaran medidas de prueba y se empezaran a recibir testimonios. Hay personas vivas que participaron del franquismo y, en muchos casos, ocupan cargos de poder muy importantes. La eventualidad de que puedan ser procesadas es muy clara. Pedimos investigar a todos los ministros, fuerzas militares, de la policía armada y de dirigentes de la Falange Española. Nosotros planteamos como objeto de investigación toda la dictadura franquista. Del mismo modo que en España se investigó todo el período de la dictadura argentina, independientemente de que fue en los primeros años que se produjeron la mayor cantidad de crímenes. Se pidió el procesamiento de todos los que fueron parte del gobierno militar. En España vamos hasta el 15 de junio de 1977, día de las primeras elecciones libres. Llegará el momento en que podremos empezar a hacer imputaciones concretas. Garzón tiene imputados en la causa a más de 200 militares argentinos, sobre los cuales pesan ordenes internacionales de detención. El propósito es el mismo en este caso.

–¿La sociedad española quiere que se juzguen los crímenes del franquismo?
–Sucede en España lo que suele ocurrir en estos procesos: hay un sector de la sociedad que ha sido beneficiario de estos crímenes y se identifica ideológicamente con el franquismo. Este sector, naturalmente, no quiere que se investigue. Hay otro sector que sí lo desea. A mi entender es el mayoritario. Incluye a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas de bien. Como ocurrió en la Argentina y en Chile, la sociedad tiene una clara división entre los que quieren la impunidad y los que quieren justicia. Con el Pacto de la Moncloa y la ley de amnistía se estableció un manto de silencio y de olvido respecto de estos crímenes. Creían que el caso estaría cerrado y resuelto. Como decía Franco: “Todo bien cerrado y bien atado.” Ya no está más cerrado y el cordel se desató. Una cantidad importante de españoles tiene esperanza en la movida judicial en la Argentina. Quien mejor resumió esa expectativa fue un lector del diario El País, de España, que escribió un comentario sobre el tema: “Cuando hay tanta oscuridad dentro, la luz sólo puede venir de fuera”.