lunes, 7 de junio de 2010

SI HAY MISERIA QUE NO SE NOTE


La política de vivienda del gobierno de la ciudad refleja el modo en que el macrismo reinstala la fuerza del Estado de un modo policial a fuerza de desalojos. Su teoría es que no hay pobres de la ciudad, pero sí pobres en la ciudad. Y ya sabe qué hacer con ellos: desalojarlos lo más silenciosamente posible.


La letra muda


Carteles amarillos con haches negras por todos lados. La letra omnipresente en la escenografía de la ciudad. Un bache, una hache; una vereda, otra hache; una plazoleta, otra hache más. La geografía de la ciudad invadida por la letra muda que significa, en esa gramática pueril y publicitaria que PRO ha instalado, un concepto: haciendo. “Haciendo Buenos Aires”, eso quiere decir. La cultura de la gestión, la zoncera porteña: “un bache no es de izquierda ni de derecha, es un bache” como piedra de toque de una forma de concebir la acción de gobierno. El macrismo se instala en una tradición: esas letras, esas ideas no están solas en la historia de la ciudad, son, por el contrario, una marca bien definida. Muchos vieron un error cuando en plena campaña para la Jefatura de Gobierno, Macri se fue en elogios hablando de la gestión de Brigadier Cacciatore, sin embargo, bien miradas esas loas son el hilo que el macrismo ha tensado con la tradición conservadora y autoritaria de la ciudad. ¿A quiénes les hablaban entonces Mauricio y Gabriela? ¿En qué imaginario buscaban hacer pie?



Nunca es en vano recordar aquel sentido común procesista que decía: “Cacciatore hace”. Y otra vez la H. El macrismo, entonces, como continuidad del sueño de la ciudad lisa y limpia, depurada de los males sociales que la ensombrecen. Macri, el ingeniero que trae el viejo sueño blanco de los vecinos/propietarios, esos que pagan el alumbrado, barrido y limpieza en tiempo y forma.


Limpieza, esa palabra


El macrismo va a quedar en la historia, pero por lo que calla su letra hache: por lo que no hace. ¿Y qué es lo que no hace? Macri no construye viviendas. Veamos una muestra de su política.



El Diputado por la Ciudad Juan Cabandié, acaba de presentar un proyecto de ley que consiste en afectar a viviendas de carácter definitivo ocho inmuebles del barrio de Villa Soldati ubicados en las calles Pergamino, Chilavert y Mariano Acosta. Se propone la realización de un censo poblacional y la posterior adjudicación de las viviendas a las familias que, conforme el censo, actualmente residen allí. Al proyecto lo acompañaron diputados de diversas fuerzas políticas representadas en la Legislatura. La iniciativa legislativa es en respuesta a la decisión que se tramita en la Administración General de Bienes de la Ciudad que tiene como objetivo el desalojo administrativo de los ocho inmuebles que conforman el proyecto de ley.



Estas viviendas habían sido expropiadas ¡en 1967! por la dictadura de Onganía para incorporarlas al Parque Almirante Brown, finalidad que nunca fue concretada. Por esta razón, las familias que alquilaban esas casas pasaron de ser inquilinos a ser firmantes de unos convenios con la Municipalidad de Buenos Aires para poder continuar residiendo allí. Ellos conforman el núcleo histórico de vecinos que residen en la zona desde hace más de 40 años y han pagado durante mucho tiempo un canon a cambio de hacer uso de las viviendas. Es decir: familias que no quieren vivir gratis ni de arriba.



Cuando las familias se presentaron frente a las autoridades, luego de recibir las primeras intimaciones, enfrentaron una de las más patéticas respuestas a su problema habitacional: la posibilidad de tramitar un subsidio de 450 pesos durante seis meses.



De más está decir que los vecinos se han asesorado judicialmente, que han presentado amparos que aún están por resolverse, que han recibido de las autoridades todo tipo de garantías de no avanzar con los desalojos, que han visto cómo esas promesas eran falsas, que han recibido en sus casas la cédulas judiciales instándolos a entregar la llaves de sus domicilios.



Este caso, un caso, ilustra de manera brutal la situación de virtual desamparo en la que miles de habitantes pobres de la ciudad se encuentran frente al impiadoso avance de la ciudad Pro y su peculiar manera de tratar el problema de la vivienda social en Buenos Aires.


IVC


¿Quién construye viviendas en la ciudad? El Instituto de Vivienda de la Ciudad. ¿Qué hizo el macrismo con él? Desafectarlo de esa función y dividir en otras dos entidades nuevas la atención a los barrios humildes. Hoy es la histórica Corporación del Sur el ente autárquico que construye viviendas sólo en el marco del programa de urbanización de villas, o sea, por ejemplo, cuando hay que abrir calles y se deben desalojar a esas familias que ocupan las viviendas.



Pero lo cierto es que la actual gestión de gobierno ha desfinanciado al punto de paralizar efectivamente al IVC, esto significa que el organismo estatal destinado al abordaje de la problemática de la vivienda literalmente no hace nada.


Ocupantes e inquilinos


Kena es una militante vinculada a la problemática habitacional desde hace más de veinte años. Actualmente es dirigente del MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) una organización con vasta trayectoria en la lucha por los derechos del habitar. “La política es sacarse a los pobres de encima”, comienza diciendo, “se pretende hacer una ciudad elitista, para unos pocos, y los muchos muchos que somos pobres nos tenemos que ir. De todos los gobiernos que hubo desde la democracia para acá este es el peor”. ¿Por qué? “Porque es la derecha, y la derecha a nosotros los pobres no nos quiere.”



El MOI tiene un desarrollo importante en la conformación de cooperativas de trabajo para la construcción de vivienda popular. En el ámbito de la ciudad, esta política se hacía desde 1999 bajo la Operatoria 341, una forma en que el gobierno financiaba la autogestión en la construcción de viviendas. Pero con el IVC sin presupuesto no hay partidas de dinero, entonces todo está parado. “Desde la gestión macrista nos han cambiado la figurita ochocientas veces, y estamos permanentemente hablando con gente totalmente inoperante que además no tiene la menor idea de lo que es llevar adelante una política de vivienda en la ciudad. Además Macri vetó la Ley de Emergencia Habitacional”. Ese veto le permite destrabar algo que la Emergencia Habitacional congelaba: los desalojos. Kena dice y sabe de lo que habla. Le preguntamos por qué milita en una organización vinculada a la vivienda. “Por mi historia –contesta- empecé en esto en los primeros años de la democracia, con las ocupaciones que se dieron, que fueron un fenómeno muy particular. En esos años se ocupó todo. Yo llego a una ocupación y desde ahí nos empezamos a organizar.”



El fantasma de Brigadier sigue rondando esta nota. Ese fenómeno al que se refiere Kena fue, efectivamente, el regreso a la ciudad de miles de personas que habían sido expulsadas en los tiempos de mantenga limpia Buenos Aires. Su relato entonces se detiene, como anunciando la demoledora profundidad de lo que está por decir. “En esos años estuvimos yirando de un lado a otro. Y realmente, más que un techo, lo que nosotros necesitamos es la ciudad, por las oportunidades que nos da para sobrevivir.” Será difícil encontrar una formulación más precisa de eso que se llama, pomposamente, derecho a la ciudad..



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Propiedad de Dominio Público vs Propiedad De Dominio Privado


Consultamos al Director de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el abogado Carlos Figueroa, sobre uno de los criterios con los que el macrismo diseña su política de desalojos. “La cuestión es la siguiente. El artículo 2342, inciso 4 del Código Civil de la Nación establece que son de dominio privado del Estado ‘… todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título’, es decir, que los bienes inmuebles adquiridos por el Estado mediante un procedimiento de expropiación se encuentran incluidos dentro de esta categoría. Cuando el Estado pretende realizar un desalojo en estos inmuebles, que como dijimos son de dominio privado del Estado, debe recurrir a la instancia judicial, conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.


Por otro lado, los bienes de dominio público del Estado (“calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”, según reza el Código Civil) tienen otro estatuto legal, y para lograr el desalojo en este tipo de bienes no se requiere de la instancia judicial sino que basta con la instancia administrativa.


Lo que hace el macrismo es forzar una interpretación según la cual cualquier bien del Estado ocupado es considerado como si fuera de dominio público, con lo cual se evita la instancia judicial. En base a esta interpretación, en lo que va del año, el Jefe de Gobierno dictó más de 40 decretos de desalojo administrativo y cientos de familias quedaron en situación de calle”..

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